Un reciente análisis de la ComexPerú, basado en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), revela que al cierre de 2025 el 21.9% de la población entre 5 y 17 años realizó algún tipo de trabajo dentro o fuera del hogar, lo que equivale a aproximadamente 1.8 millones de menores. Aunque los indicadores muestran una mejora respecto a los años más críticos de la emergencia sanitaria, el trabajo infantil aún es una realidad para cerca de dos millones de niños y adolescentes en el Perú.
La cifra representa una reducción significativa frente al 32.1% registrado en 2020, cuando la pandemia y el cierre de escuelas impulsaron un aumento del trabajo infantil en todo el país. Sin embargo, la problemática mantiene fuertes diferencias territoriales y sigue asociada a menores oportunidades educativas para quienes la enfrentan.
La incidencia del trabajo infantil aún es considerablemente más alta fuera de las ciudades. Mientras que en las zonas urbanas la tasa alcanza el 14%, en las áreas rurales llega al 51.5%. Esta diferencia refleja las limitaciones que enfrentan las políticas públicas en territorios donde el trabajo infantil suele estar vinculado a actividades agropecuarias familiares y donde factores como la dispersión geográfica, la menor oferta educativa y la informalidad dificultan la intervención estatal.
Las mayores tasas de trabajo infantil durante 2025 se registraron en tres departamentos, donde más de la mitad de los menores participa en actividades laborales. El gremio advierte que la mejora nacional contrasta con una dura realidad concentrada en las zonas rurales y en estas regiones críticas.
En Apurímac, Madre de Dios, Arequipa y Huánuco se registraron los mayores incrementos en trabajo infantil entre 2024 y 2025, con alzas de 8.1, 7.1, 4 y 3.3 puntos porcentuales respectivamente. Las tasas más altas del país las encabezan Huancavelica (53%), Huánuco (52.5%) y Apurímac (50.5%). A pesar de la mejora nacional, seis departamentos aún no recuperan los niveles prepandemia: Arequipa, Ica, Junín, Lima, Madre de Dios y Tacna. El caso más marcado es Junín, donde la tasa de trabajo infantil alcanzó el 33.9%, situándose 6.4 puntos porcentuales por encima de 2019. Le siguen Tacna y otras regiones donde la recuperación aún no se consolida. “Estos resultados evidencian que la reducción observada a nivel nacional no ha sido homogénea y que persisten desafíos particulares en determinados territorios”, señala el informe.
Los datos también revelan una relación entre la incidencia del trabajo infantil y la continuidad educativa. Los departamentos con mayores niveles de trabajo infantil presentan menores tasas de transición hacia la educación superior, lo que sugiere que el tiempo dedicado a actividades laborales reduce las posibilidades de culminar la educación básica e ingresar a una universidad o instituto. Huánuco es uno de los ejemplos más claros: además de tener la segunda mayor tasa de trabajo infantil del país, registra la tercera menor tasa de transición a la educación superior.
En Huancavelica, Áncash y Amazonas se replica un patrón similar: la alta incidencia del trabajo infantil va de la mano con un bajo acceso a la educación superior. Sin embargo, Ayacucho se presenta como una excepción, ya que, pese a tener la menor tasa de transición a estudios superiores del país, no figura entre las regiones con mayor trabajo infantil. Esto indica que intervienen otros factores como la oferta de centros educativos superiores, las condiciones de ingreso y las dinámicas migratorias locales.
Ante esta realidad, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó en mayo de este año el Protocolo Intersectorial sobre Trabajo Infantil, mediante el Decreto Supremo N.° 006-2026-TR. El documento define procedimientos, rutas de atención y mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para prevenir, detectar y atender casos de trabajo infantil. La medida busca subsanar una de las falencias más críticas detectadas en los últimos años: la desarticulación entre las entidades que abordan el problema. Hasta ahora, las instituciones actuaban de forma aislada, lo que mermaba la efectividad de las acciones.
El nuevo protocolo se implementa además en un contexto marcado por el vencimiento, en 2021, de la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil (Enpeti). Aunque dicha estrategia planteó objetivos de largo plazo, tropezó con dificultades como la falta de financiamiento permanente y la persistente tolerancia social hacia el trabajo infantil.
Un desafío que va más allá de la fiscalización
Especialistas advierten que la reducción del trabajo infantil en el Perú no depende solo de la fiscalización, sino de acciones complementarias. La efectividad del nuevo protocolo estará condicionada, según coinciden, a medidas como transferencias que exijan la permanencia escolar, una mayor cobertura educativa y mejores oportunidades de acceso y retorno económico de la educación superior. Mientras estos factores no se resuelvan, el trabajo infantil seguirá siendo una barrera para la formación de capital humano y la movilidad social de miles de niños y adolescentes.
La normalización social de esta práctica es uno de los principales obstáculos, según organismos internacionales. La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que en el Perú el trabajo infantil suele asociarse positivamente con la responsabilidad familiar, una percepción que contribuye a su aceptación en distintos contextos. Por ello, la experiencia reciente muestra que las medidas deben trascender la intervención laboral para combatir esta realidad que persiste como un problema social y laboral.
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