Con 75 votos a favor, 18 en contra y nueve abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la modificación de la Ley 30220, Ley Universitaria, para incorporar a los jefes de práctica a la carrera docente universitaria. La autógrafa, que el Poder Ejecutivo había observado previamente, incluye los proyectos de ley 5277/2022-CR, 6239/2023-CR y otras iniciativas acumuladas, y establece un régimen excepcional de nombramiento y regula su promoción académica.
Según la norma, el cargo de jefe de práctica se constituye como el nivel inicial de la carrera docente universitaria, otorgándole reconocimiento formal dentro del sistema de educación superior. El ingreso a dicho cargo se realizará mediante concurso público de méritos y el tiempo de servicios será considerado para efectos de promoción en la carrera docente.
Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Segundo Montalvo Cubas, sostuvo que la propuesta no vulnera el principio de meritocracia, tal como observó el Ejecutivo, debido a que se mantienen los concursos públicos y requisitos objetivos, entre ellos la acreditación de experiencia profesional y título correspondiente. Respecto al impacto presupuestario, el legislador señaló que la implementación de la norma se realizará de manera progresiva, a través de los mecanismos presupuestales previstos por el Estado, por lo que descartó un incremento inmediato e inorgánico del gasto público. Montalvo afirmó que la medida fortalece la estructura de la carrera docente universitaria y reconoce el aporte académico y pedagógico que desempeñan los jefes de práctica en aulas, laboratorios y talleres.
Respaldo en el Pleno
Durante el debate en el Pleno, varios congresistas respaldaron la iniciativa que incorpora a los jefes de práctica a la carrera docente universitaria, calificándola como una respuesta a una demanda histórica de miles de profesionales vinculados a la enseñanza universitaria. La propuesta, que fue aprobada pese a las observaciones del Ejecutivo, busca reconocer la experiencia acumulada de estos trabajadores, según señaló el legislador Luis Aragón.
Carlos Alva, por su parte, indicó que la medida contribuirá a reducir la precarización laboral y fortalecerá la progresión académica dentro de las universidades. Guido Bellido sumó que muchos jefes de práctica poseen grados de maestría y doctorado, además de una amplia trayectoria en educación superior. En esa línea, Jorge Marticorena consideró que el reconocimiento legal mejorará la calidad educativa.
Alex Paredes y Elizabeth Medina cuestionaron las condiciones laborales actuales de estos profesionales, señalando que en algunos casos perciben remuneraciones inferiores al salario mínimo pese a contar con estudios de posgrado. Illich López afirmó que la incorporación fortalecerá la institucionalidad del sistema universitario, mientras que Germán Tacuri destacó que permitirá una mayor participación y reconocimiento dentro de las casas de estudio.
Alejandro Cavero, aunque respaldó la propuesta, planteó interrogantes sobre la relación funcional entre los jefes de práctica y los docentes ordinarios en el marco del nombramiento excepcional. Finalmente, Alfredo Pariona y Edwin Martínez coincidieron en que la aprobación representa una reivindicación largamente esperada por quienes han desempeñado funciones esenciales en la educación superior bajo condiciones laborales precarias.
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