La detención del último implicado cerró, de momento, uno de los casos más graves de presunta corrupción policial detectados en Ate. El comandante PNP José Humberto Velásquez Céspedes, quien fue comisario de Vitarte, fue capturado por agentes de la Policía Judicial después de permanecer prófugo. Pese a que tenía una orden de 12 meses de prisión preventiva por integrar una presunta organización criminal que realizaba falsos operativos y cobraba dinero a conductores en la Carretera Central, logró evadir a las autoridades hasta el último lunes, cuando fue ubicado cerca de un juzgado de Lima Este.

El oficial era el único miembro de la presunta red que aún no había sido localizado. Otros ocho policías ya habían sido enviados a prisión preventiva por orden judicial. Días antes de su captura, agentes de la Dirección Contra la Corrupción realizaron diligencias en su contra, como el allanamiento de un inmueble en Ate, en un intento por dar con su paradero, pero Velásquez consiguió mantenerse fuera del alcance de las autoridades hasta su reciente detención.

Desmantelan una mafia de policías que cobraba coimas a choferes

La investigación fiscal sostiene que dentro de la propia comisaría de Ate Vitarte se habría formado una estructura criminal encabezada por el entonces comisario. Según el fiscal anticorrupción Dacio Felles, la organización estaba integrada por un alférez y ocho suboficiales que usaban recursos policiales para intervenir conductores y exigir pagos irregulares. Los agentes investigados, de acuerdo con la tesis fiscal, ni siquiera pertenecían a la Policía de Tránsito. Aun así, utilizaban chalecos reflectivos, varas de control y papeletas para montar operativos en la Carretera Central, especialmente en los alrededores del mercado Yuli.

EL ESQUEMA DE COBRO A CONDUCTORES

Durante tres meses, agentes de Inteligencia de la Inspectoría de la Policía Nacional siguieron cada paso del excomisario. El trabajo incluyó vigilancia encubierta, grabaciones audiovisuales, uso de drones y seguimiento constante para registrar una modalidad que, según las pesquisas, se repetía de forma sistemática. Las intervenciones estaban dirigidas principalmente contra conductores con SOAT vencido, revisiones técnicas caducadas o documentación incompleta. Una vez detenidos, los policías les exigían dinero para evitar sanciones o multas de tránsito. La Fiscalía identificó tres formas de cobro. La primera consistía en recibir efectivo en el mismo lugar de la intervención. La segunda obligaba al conductor a retirar dinero de cajeros cercanos para entregarlo a los agentes. La tercera se realizaba ocultando los billetes dentro de portadocumentos o debajo de hojas en blanco. Las investigaciones recogieron testimonios de al menos diez conductores que declararon ante el Ministerio Público haber pagado para evitar infracciones. Uno de ellos relató que un policía le pidió directamente 500 soles para solucionar el problema. Pero las sospechas no solo se basan en testimonios. Según la Fiscalía, también existen conversaciones de WhatsApp y registros bancarios que muestran depósitos semanales de 80, 178, 390, 500, 530 y hasta 800 soles. Uno de esos depósitos habría llegado a una cuenta vinculada al comandante Velásquez. Para los investigadores, los pagos no eran hechos aislados. El esquema habría funcionado mediante una estructura jerárquica en la que cada efectivo debía entregar una cuota fija a sus superiores. Según explicó el fiscal Dacio Felles, cada suboficial aportaba 20 soles por cada hora de participación en los operativos, dinero que era recolectado por el alférez Diego García antes de llegar al comisario.

En el material incautado, la Fiscalía destacó un mensaje dirigido al comandante Velásquez que lo alertaba sobre una próxima intervención de control interno en Huachipa. Según las pesquisas, tras recibir la advertencia, el jefe policial reenvió la información al alférez con la instrucción: “No hagas operativo hoy”. Para los investigadores, esto evidenciaría una presunta filtración de información sensible para evitar que los operativos irregulares fueran descubiertos.

Frente a los elementos reunidos, el excomisario rechazó las imputaciones y alegó inocencia respecto a los chats y otras pruebas. No obstante, la jueza del caso consideró que existen graves y fundados elementos para vincularlo con los hechos y ordenó 12 meses de prisión preventiva.

Tras su captura, José Humberto Velásquez Céspedes fue trasladado al penal de Ancón, donde será clasificado para cumplir la medida mientras continúan las investigaciones por presunto cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Las pesquisas indican que al menos 20 operativos irregulares habrían sido ejecutados bajo este esquema durante el presente año.

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