La historia comenzó donde miles de conductores transitan cada día. Frente al mercado Yuli, en Ate Vitarte, un grupo de policías detenía vehículos, revisaba documentos y advertía sobre posibles infracciones. Pero, según la Fiscalía Anticorrupción, detrás de esos supuestos controles de tránsito operaba una organización criminal integrada por agentes de la propia Policía Nacional, encabezada por el comisario de la zona, José Humberto Velásquez Céspedes, quien habría convertido las intervenciones en una fuente permanente de dinero ilícito.
La investigación, dirigida por el fiscal anticorrupción Dacio Felles, concluyó con la detención de diez efectivos policiales. De acuerdo con las pesquisas, los agentes no realizaban labores de prevención ni fiscalización legítima, sino que utilizaban el uniforme policial para exigir pagos ilegales a conductores con documentos vencidos o alguna irregularidad administrativa.
Según la Fiscalía, la red estaba integrada por el comandante Velásquez, un alférez de la sección de patrullaje y ocho suboficiales. Aunque no pertenecían a la Policía de Tránsito, los agentes usaban chalecos refractarios, varas de control y papeletas para simular operativos en plena Carretera Central.
Para los investigadores, el objetivo nunca fue imponer orden en las calles. Las intervenciones estaban orientadas a obtener dinero de los conductores y alimentar una estructura de recaudación que, presuntamente, beneficiaba tanto a los agentes que ejecutaban los operativos como a sus superiores.
Uno de los hallazgos más importantes fue la existencia de un sistema interno de cobros. Según la Fiscalía, cada suboficial que participaba en los operativos debía entregar una cuota fija de 20 soles por cada hora de intervención. El dinero era reunido por el alférez Diego García y posteriormente derivado al comisario.
EL TARIFARIO DE LAS COIMAS
Los depósitos quedaron registrados en conversaciones de WhatsApp que ahora forman parte de la carpeta fiscal. En esos mensajes aparecen números de cuentas bancarias, comprobantes de transferencias y montos que se repetían constantemente.
Los investigadores encontraron depósitos por 80, 178, 390, 500, 530 e incluso 800 soles. En uno de los mensajes atribuidos al comandante Velásquez se observa cómo envía los datos de su cuenta bancaria para recibir el dinero. Minutos después, según la investigación, llegaban los comprobantes de los depósitos realizados por sus subordinados.
La Fiscalía sostiene que los policías utilizaban tres modalidades para captar el dinero. La primera consistía en solicitar efectivo directamente al conductor intervenido. La segunda obligaba a las víctimas a acudir a un agente bancario cercano cuando no llevaban dinero en el momento. La tercera modalidad era ocultar los pagos debajo de documentos o de la tablilla utilizada durante la intervención.
Las víctimas permanecían retenidas durante varios minutos mientras conseguían el dinero exigido. De acuerdo con los testimonios recogidos por la investigación, algunos conductores recibían propuestas para evitar multas que podían superar los mil soles a cambio de pagos mucho menores.
Uno de los casos documentados ocurrió el 17 de abril de 2026. Ese día, agentes de inteligencia registraron la intervención a un conductor de un furgón naranja. El chofer no tenía licencia ni dinero en efectivo. Según la investigación, un policía le indicó la ubicación de una agencia bancaria cercana para retirar efectivo. Posteriormente regresó y entregó 50 soles antes de continuar su recorrido sin recibir ninguna papeleta.
LOS CHATS QUE LOS DELATARON
Durante tres meses, personal de inteligencia e inspectoría siguió los movimientos del grupo frente al mercado Yuli. Las vigilancias incluyeron observaciones, seguimientos, grabaciones y el uso de drones para documentar las intervenciones.
Sin embargo, las pruebas no solo quedaron registradas en videos. Las conversaciones de WhatsApp también revelaron detalles de la operación. Los mensajes muestran coordinaciones para los llamados operativos y el uso de términos como “Ópera”, “go-go”, “partido” y “carro comando”, palabras que, según la Fiscalía, servían para encubrir la captación de dinero.
Las conversaciones también pusieron bajo sospecha una posible filtración de información desde la propia Dirección contra la Corrupción. Un mensaje enviado al comandante Velásquez advertía sobre un operativo de control interno en la zona de Huachipa. Minutos después, el comisario reenviaba la alerta al alférez Diego García con una instrucción directa: “No hagas operativo hoy”.
La investigación estableció que en lo que iba del año se habían realizado al menos 20 operativos irregulares. Según la Fiscalía, ninguno de ellos tenía como finalidad combatir la delincuencia, sino obtener beneficios económicos para los policías involucrados.
El caso dio un giro definitivo cuando los propios agentes investigados fueron detenidos por sus compañeros. Actualmente, un comisario, un alférez y ocho suboficiales afrontan una medida de prisión preventiva por 12 meses mientras continúan las investigaciones por presuntos actos de corrupción y cohecho dentro de la función policial.
La historia, sin embargo, aún no ha terminado. El comandante José Humberto Velásquez Céspedes permanece prófugo con una orden de prisión preventiva vigente. Además, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar quiénes habrían filtrado información sensible desde la propia institución policial, una pieza clave en un caso que expone cómo quienes debían combatir la corrupción terminaron siendo investigados por presuntamente protegerla.
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