Diez efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos tras una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que reveló una presunta organización criminal dedicada a simular operativos de tránsito para extorsionar a choferes en el distrito de Ate Vitarte. Los agentes, que no pertenecían a la unidad de tránsito, realizaban intervenciones en la Carretera Central simulando fiscalizaciones vehiculares para exigir pagos a conductores que presentaban observaciones en su documentación o automóviles, según las pesquisas del Ministerio Público.
Las diligencias de inteligencia y control interno permitieron identificar a los implicados, quienes habrían utilizado recursos institucionales para obtener dinero de los conductores a cambio de no aplicar sanciones. La estructura criminal, según la Fiscalía, estaba encabezada por el comisario de Ate Vitarte, José Humberto Velásquez Céspedes. Junto a él habrían participado un alférez del área de patrullaje y varios suboficiales, quienes desarrollaban las intervenciones pese a no estar adscritos a unidades especializadas en tránsito.
La investigación sostiene que existía un esquema de recaudación interna: cada suboficial debía entregar S/20 por hora al comisario por participar en los operativos. El dinero era reunido por el alférez señalado en el caso, mientras que los depósitos diarios atribuidos al presunto cabecilla fluctuaban entre S/80 y S/800, de acuerdo con los registros analizados por el Ministerio Público. Los agentes utilizaban implementos asociados a labores de control vehicular para detener a los conductores y solicitar pagos irregulares, según la información recopilada por la Fiscalía Anticorrupción.
Los expedientes de la Fiscalía detallan que los conductores eran obligados a pagar entre S/300 y S/500 para evitar sanciones por revisiones técnicas vencidas u otras faltas vehiculares. Mientras se concretaba el pago, los autos permanecían retenidos. El dinero se recibía de distintas maneras: desde entregas directas hasta depósitos en agentes bancarios cercanos. El comisario de Ate Vitarte, un alférez y siete suboficiales de la PNP armaban falsos operativos para cobrar estos cupos.
Los chats y registros de depósitos obtenidos en la investigación permitieron reconstruir el presunto funcionamiento de la organización. Entre los mensajes analizados aparecen alertas sobre posibles operativos de control interno en la zona. Según la tesis fiscal, esa información servía para suspender temporalmente las acciones irregulares y evitar que los involucrados fueran descubiertos durante las supervisiones de las autoridades competentes.
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