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Allanamiento a casa de periodista Mabel Huertas y las sombras de una presunta red que habría buscado controlar el negocio del transporte de caudales [VIDEO]El operativo de la Fiscalía alcanzó 15 inmuebles, entre ellos la vivienda de la periodista Mabel Huertas, sedes de la SBS y Sucamec y locales vinculados a empresas del sector. La investigación apunta a presuntas coordinaciones entre funcionarios y representantes privados para favorecer a determinadas compañías y bloquear a competidores.
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10 minutos agoon
21/11/2026By
Redacción Lima Gris
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La imagen es contundente: 24 fiscales, agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), personal de inteligencia del Ministerio del Interior, unidades especiales de la Policía y 15 inmuebles intervenidos de manera simultánea. No se trata de una diligencia menor. Es un operativo que coloca bajo investigación a funcionarios públicos, empresas privadas y personas vinculadas al sector del transporte de caudales.
Entre los inmuebles allanados figura la vivienda de la periodista Mabel Huertas, donde funcionaría la empresa Grupo de Análisis Político SAC, denominada 50+1. También fueron intervenidas sedes vinculadas a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), además de locales relacionados con compañías y organizaciones del sector.
El caso ha sido denominado “Los Herméticos del Caudal” y, según la hipótesis fiscal, apunta a una presunta estructura que habría intentado mantener la exclusividad o posición dominante de determinadas empresas en el mercado del transporte de dinero y valores.
Aquí aparece el verdadero peso de la investigación.
La Fiscalía sospecha que funcionarios de instituciones públicas habrían realizado coordinaciones irregulares con representantes de empresas privadas para influir en decisiones regulatorias, establecer requisitos que terminarían perjudicando a compañías competidoras y frenar iniciativas legislativas vinculadas con el sector.
Entre las empresas mencionadas en las diligencias aparecen Hermes Transportes y Blindado SAC, así como la Compañía de Seguridad ProSegur y organizaciones vinculadas a la seguridad privada. La investigación, según lo expuesto durante el programa Lima Gris, comprende el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
El caso también alcanza a la periodista Mabel Huertas, cuya vivienda aparece entre los inmuebles intervenidos. La presencia de su domicilio en una investigación de esta magnitud genera inevitablemente preguntas sobre la empresa que allí funcionaría, sus actividades, sus relaciones contractuales y, sobre todo, cuál es el elemento específico que la Fiscalía considera relevante para la investigación.
La dimensión institucional del caso tampoco es menor. Sucamec comunicó que los hechos investigados corresponden al periodo comprendido entre 2014 y 2024 y que la actual gestión, iniciada en agosto de 2026, está colaborando con el Ministerio Público y la Policía Nacional, facilitando la información y documentación requerida.
Eso plantea una pregunta central: ¿cómo habría operado durante una década una eventual trama destinada a favorecer a determinadas empresas dentro de un mercado altamente regulado?
La respuesta no estará en el ruido generado por los allanamientos, sino en los documentos, comunicaciones, reuniones, decisiones administrativas y testimonios que la Fiscalía logre incorporar a la investigación.
El dato más inquietante, de confirmarse la hipótesis fiscal, sería que una actividad económica privada hubiera encontrado en determinados funcionarios públicos un mecanismo para conservar privilegios y dificultar el ingreso de competidores.
Por ahora, eso es una hipótesis que debe ser probada.
Lo que sí existe es una investigación fiscal de gran despliegue, con 15 inmuebles intervenidos y ocho personas bajo pesquisa. Y existe también una pregunta que ahora deberá responder el Ministerio Público: si detrás de las decisiones regulatorias del Estado hubo simplemente actuaciones administrativas cuestionables o si, como sospecha la Fiscalía, funcionó una maquinaria de intereses privados capaz de influir en las reglas de un mercado entero.
El allanamiento apenas abrió la puerta. Lo que aparezca detrás de ella determinará la verdadera dimensión del caso.
Coronel Max Anhuamán sobre detención de Pedro Mo y Brenda Jah: “Esto no es terruqueo: todo fue filmado, documentado y judicializado”
Redacción Lima Gris
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Coronel Max Anhuamán sobre detención de Pedro Mo y Brenda Jah: “Esto no es terruqueo: todo fue filmado, documentado y judicializado”El coronel sostuvo que la investigación que derivó en la detención de los artistas Pedro Mo y Brenda Jah comenzó hace casi dos años, cuando se inició desde la DINI el seguimiento de presuntos espacios de captación vinculados a la residualidad del MRTA. Según afirmó, el trabajo incluyó registros audiovisuales, análisis de información y coordinación posterior con la DIRCOTE PNP.
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4 horas agoon
20/11/2026By
Redacción Lima Gris
La detención de los artistas Pedro Mo y Brenda Jah ha colocado nuevamente bajo escrutinio el trabajo de inteligencia realizado por el Estado frente a la presunta actividad residual del MRTA. En medio de la controversia generada por el operativo, el coronel Max Anhuamán salió en defensa de la labor desarrollada por la DIRCOTE PNP y aseguró que la intervención no responde a una actuación improvisada, sino a una investigación de inteligencia que, según su versión, comenzó hace casi dos años.
Anhuamán explicó que durante su gestión en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) se inició el seguimiento de lo que identificó como espacios de captación y estructuras de fachada. Entre ellos mencionó escuelas, colectivos culturales y académicos. El trabajo, afirmó, incluyó la recopilación de registros audiovisuales y el análisis de información que permitió advertir una presunta reconfiguración táctica de la organización, bajo lo que denominó un “plan de reconstrucción-acumulación”.
Según el coronel, esa primera etapa de inteligencia posteriormente fue trasladada al terreno operativo mediante una coordinación directa con la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional. De acuerdo con su relato, el operativo que terminó con la detención de Pedro Mo y Brenda Jah sería, por tanto, la expresión visible de una investigación mucho más extensa y no el inicio de las pesquisas.
“Lo que se ve el día de un operativo es el resultado de un trabajo de inteligencia que empezó casi dos años antes”, sostuvo Anhuamán, al destacar la continuidad de la labor desarrollada por los agentes de la DIRCOTE.

“No es terruqueo”
Uno de los aspectos centrales de su declaración fue su rechazo a las críticas que califican estas investigaciones como una forma de “terruqueo”. Anhuamán afirmó que la actuación de inteligencia cuenta, según su versión, con elementos audiovisuales y documentación que habrían sido incorporados al proceso judicial.
“Esto no es terruqueo: todo fue filmado, documentado y judicializado”, afirmó.
La declaración adquiere especial relevancia en un caso que involucra a artistas y colectivos vinculados al ámbito cultural, precisamente uno de los espacios que el coronel señaló como parte del seguimiento realizado durante su gestión en la DINI. Sin embargo, la existencia de registros de inteligencia o la referencia a una investigación previa no determina por sí misma la responsabilidad penal de los detenidos. Esa valoración corresponde a las autoridades fiscales y judiciales dentro del proceso respectivo.
Anhuamán, entretanto, felicitó a los agentes de la DIRCOTE que participaron en el operativo y reivindicó la necesidad de mantener una línea de inteligencia sostenida frente a las organizaciones terroristas y sus eventuales estructuras residuales.
Su mensaje final fue también una crítica a la falta de continuidad institucional. “Así se enfrenta la actividad residual del MRTA: con inteligencia sostenida, memoria operativa y no con amnesia institucional”, concluyó.
El caso de Pedro Mo y Brenda Jah queda ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar el sustento de las imputaciones formuladas en su contra y la responsabilidad que eventualmente corresponda. La controversia, mientras tanto, no solo gira en torno a las detenciones, sino también sobre los límites entre la actividad cultural, la libertad de expresión y las operaciones de inteligencia destinadas a detectar una eventual actividad terrorista.
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Pavel Ugarte rechaza detención de Pedro Mo: «Lo que se le está haciendo es una persecusión injustificada» [VIDEO]El poeta cusqueño cuestionó la intervención de la Dircote contra los artistas Pedro Mo y Brenda Jah, y calificó las detenciones como actos de persecución contra el movimiento cultural. En entrevista con Lima Gris, defendió la reivindicación histórica de Túpac Amaru, Micaela Bastidas y Saturnino Huillca, y aseguró que el festival cultural continuará en Cusco.
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6 horas agoon
20/11/2026By
Redacción Lima Gris
La detención de los artistas Pedro Mo y Brenda Jah ha generado preocupación y rechazo en diversos sectores del movimiento cultural. Desde Cusco, el poeta y gestor cultural Pavel Ugarte cuestionó la intervención policial y sostuvo que se está confundiendo la reivindicación de personajes históricos y las actividades de organización cultural con prácticas vinculadas al terrorismo.
Durante una entrevista con el periodista Edwin Cavello, en el programa de Lima Gris que se transmite por Radio Planicie, Ugarte explicó que el colectivo al que pertenece desarrolla desde hace siete años actividades artísticas, educativas y culturales. En ese sentido, rechazó cualquier vinculación con organizaciones terroristas y defendió la trayectoria del festival Túpac Amaru, que reúne a artistas, investigadores, comunicadores e intelectuales.
Uno de los puntos centrales de la conversación fue la reivindicación de Saturnino Huillca, líder campesino e indígena cuyo nombre lleva la Escuela de Rebeldía. Ugarte recordó que Huillca fue un luchador social fallecido en 1987 y cuestionó que se pretenda relacionar su memoria con movimientos terroristas. «No saben quién era Saturnino Huillca y lo vinculan a movimientos extremistas con los cuales jamás tuvo nada que ver», manifestó.
El poeta también se refirió al traslado de Pedro Moreira, conocido artísticamente como Pedro Mo, a Lima, y expresó su preocupación por las consecuencias personales y familiares de la detención preliminar. Asimismo, calificó de injustificada la intervención y sostuvo que las actividades del colectivo son públicas, gratuitas y cuentan con la participación de diversas instituciones culturales de Cusco.
«Nosotros trabajamos por reivindicar la memoria de Micaela Bastidas y José Gabriel Túpac Amaru, porque consideramos que la primera revolución que tiene que haber en este país es una revolución cultural», afirmó Ugarte durante la entrevista.
Finalmente, aseguró que las jornadas culturales no se suspenderán y que el festival continuará hasta el domingo en la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru (FARTAC), ubicada en la calle Mesón de la Estrella 133, en Cusco. Su mensaje fue contundente: el colectivo seguirá apostando por el arte, la educación y la memoria histórica, y rechaza que sus actividades sean asociadas con la violencia.
Aquí el video de la entrevista:
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Detienen al rapero Pedro Mo y a la cantante Brenda Jah por presunta vinculación con el MRTA ¿Los confundieron?La Dircote ejecutó el operativo “Centinela 2026” en Lima, Cusco y San Martín. La Fiscalía investiga una supuesta red de formación política y militar entre 2024 y 2025. Los artistas niegan los cargos.
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8 horas agoon
20/11/2026By
Redacción Lima Gris
Por Giovanna Ríos
Agentes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) detuvieron el jueves 19 de noviembre al rapero Pedro Gonzalo Mosqueira Velásquez, conocido como Pedro Mo, y a la cantante Brenda Denisse Mejía Sinarahua, Brenda Jah. Ambos son investigados por el presunto delito de afiliación a una organización terrorista, en referencia al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Las intervenciones formaron parte de la operación “Centinela 2026”, que incluyó allanamientos autorizados por el Poder Judicial y detenciones preliminares por 15 días, dispuestas por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Las detenciones
Pedro Mo fue capturado al mediodía en el distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi (Cusco), adonde había viajado para participar en el VII Festival Túpac Amaru y Micaela Bastidas. El propio artista grabó parte del procedimiento y difundió el video en sus redes sociales. En las imágenes, un policía le informa que es investigado por su presunta pertenencia al MRTA. Durante la intervención, el rapero rechazó la imputación y afirmó que integra la Escuela Rebelde Saturnino Huillca, a la que describió como un colectivo cultural.

En Lima, Brenda Jah fue detenida en el Centro Histórico y trasladada a la sede de la Dircote, en la avenida España. Las imágenes de su traslado bajo custodia policial circularon durante la jornada.
El operativo alcanzó también a David Eráclides Tapullima Upiachihua y Polidoro Tapullima Upiachihua, detenidos en San Martín. La investigación incluye además a Libia Tatiana Arcila Vila. El caso está a cargo del fiscal Javier Antonio Heredia Cercado, del Primer Despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Terrorismo.
Lo que sostiene la Fiscalía
Según la disposición fiscal, la Escuela Rebelde Saturnino Huillca (ERSH) y el Frente Democrático del Pueblo (FDP) habrían funcionado como brazos de una estructura denominada Organización Túpac Amaru (OT-TA). Al FDP se le atribuye la difusión de lineamientos políticos y propagandísticos; a la ERSH, tareas de formación política, adoctrinamiento y captación de nuevos integrantes.
El documento recoge el testimonio de un agente especial identificado como “Carlos Campos”. Este sostiene que la ERSH mantuvo una relación estrecha con la OT-TA desde su fundación en Cusco, en 2018, y que realizó reuniones clandestinas y actividades de entrenamiento político-militar. La Fiscalía añade informes de análisis técnico-policial que describirían las funciones de ambas agrupaciones.

También se mencionan otros colectivos: Sikuris Unificado Contra la Dictadura, Runa Taki, Hijos del Perú y Corriente Amaru, además de grupos de mensajería vinculados a la ERSH. La Fiscalía considera que habrían participado en actividades de propaganda y captación.
Videos y supuestos entrenamientos
Entre los elementos citados figuran videos de 2024 y 2025 que, según el documento, mostrarían ejercicios militares con armas de fuego y explosivos. En una de las grabaciones se ve a un grupo en una zona de vegetación densa, algunos con prendas oscuras de apariencia militar y otros armados. Al final aparece una mujer con el rostro cubierto que dispara una escopeta y pronuncia una proclama que, para los fiscales, constituiría un llamado a la insurrección popular.
La investigación alude además a ejercicios de combate urbano, labores de agitación y propaganda, y la presunta fabricación de artefactos incendiarios en Ventanilla (Callao), Cusco y San Martín. Los investigadores sostienen que los registros audiovisuales, los testimonios y la información obtenida mediante técnicas especiales permitirían conectar a los participantes con la organización investigada.
El MRTA: antecedentes
El MRTA fue un grupo terrorista que actuó durante la época del terrorismo en el Perú. Surgió a inicios de los años ochenta de la confluencia de agrupaciones de izquierda revolucionaria e inició sus acciones armadas en 1984 con ataques a dependencias policiales. Su acción más conocida fue la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima, el 17 de diciembre de 1996, que mantuvo como rehenes a cientos de personas hasta la operación militar “Chavín de Huántar”, en abril de 1997.
La defensa y las protestas
La abogada de Pedro Mo, Cricia Luz Ochoa Huamántica, cuestionó la legalidad de la detención y pidió garantías para el respeto de los derechos de su patrocinado. Solicitó también que la Defensoría del Pueblo verifique las condiciones de reclusión, el sustento de la medida y el acceso oportuno a defensa legal. El rapero, por su parte, rechazó cualquier vínculo con acciones subversivas. Colectivos culturales, artistas y organizaciones convocaron plantones frente a la sede de la Dircote, en Lima, y a la División de Investigación Criminal, en Cusco. Exigen la liberación de los detenidos, información sobre los motivos de la medida y garantías de comunicación con sus familiares y abogados.
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Fiscalía allana SBS y Sucamec por caso ‘Los Herméticos del Caudal’: Mabel Huertas aparece entre los investigadosEl operativo alcanza 15 inmuebles y busca determinar si funcionarios de la SBS y Sucamec habrían favorecido a Hermes y Prosegur para mantener el control del mercado de transporte de caudales. Entre los locales intervenidos figura una vivienda vinculada a Mabel Huertas, donde funcionaría la empresa 50 +1 Grupo de Análisis Político S.A.C.
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9 horas agoon
20/11/2026By
Redacción Lima Gris
El Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron esta madrugada un amplio operativo de allanamiento y registro en 15 inmuebles, entre ellos sedes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), como parte de la investigación contra la presunta organización criminal denominada ‘Los Herméticos del Caudal’.
La diligencia comenzó alrededor de las 5:30 de la mañana y movilizó a 24 fiscales, agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), personal de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE), del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO) y diversas Depincris de Lima.
La operación comprendió dos edificios vinculados a la SBS, una sede de la Sucamec, cuatro locales relacionados con empresas y organizaciones del sector de transporte de valores y ocho viviendas de personas comprendidas en la investigación.
Entre los inmuebles intervenidos aparece uno relacionado con Mabel Huertas, donde funcionaría 50 +1 Grupo de Análisis Político S.A.C.. También forman parte de las diligencias empresas y organizaciones vinculadas al sector, entre ellas Hermes Transportes Blindados S.A.C., Compañía de Seguridad Prosegur S.A. y la Asociación de Seguridad Privada del Perú (ASEPRI-PERÚ).
La hipótesis que maneja la Fiscalía apunta a una presunta estructura destinada a mantener la concentración del mercado de transporte de caudales y obstaculizar el ingreso de nuevos competidores. Para ello, se investiga si funcionarios de la SBS y la Sucamec habrían realizado coordinaciones irregulares que terminaron favoreciendo a determinadas empresas privadas.
El objetivo de las diligencias es establecer si existió una concertación para generar condiciones regulatorias que dificultaran la competencia, incluyendo la eventual creación o modificación de requisitos que habrían perjudicado a compañías interesadas en ingresar al mercado.

La investigación apunta a funcionarios y empresas
La Fiscalía sostiene que las pesquisas se originan, entre otros elementos, en la declaración de un testigo protegido, quien habría aportado información sobre reuniones y coordinaciones presuntamente destinadas a mantener la concentración del mercado.
De acuerdo con la información difundida por Panorama, el testimonio también comprendería presuntas gestiones de funcionarios para influir en decisiones regulatorias, establecer requisitos que afectarían a empresas competidoras y frenar iniciativas legislativas relacionadas con el transporte de valores.
La investigación comprende el presunto delito de negociación incompatible, en agravio del Estado, y alcanza a ocho personas, entre funcionarios públicos y representantes vinculados a las empresas involucradas.
La presencia de Mabel Huertas en el expediente se produce a partir de la intervención de un inmueble donde funcionaría 50 +1 Grupo de Análisis Político S.A.C.. Corresponderá a la investigación fiscal determinar qué relación concreta tendría dicho inmueble y la empresa con los hechos materia de pesquisa.

SBS: “Hemos actuado con responsabilidad”
Desde la SBS, Carlos Cueva, superintendente adjunto de Regulación Jurídica, confirmó que la institución fue intervenida y aseguró que colaborará con el Ministerio Público.
Cueva sostuvo que la SBS y sus funcionarios han actuado dentro de la legalidad y que entregarán la información solicitada por la Fiscalía.
Según explicó, la institución conocía desde meses atrás la existencia de la investigación, aunque inicialmente esta se habría dirigido contra quienes resultaran responsables. Sin embargo, señaló que el 19 de noviembre dos funcionarios fueron notificados en sus domicilios sobre la incorporación de la SBS en las diligencias.
El funcionario evitó pronunciarse sobre los presuntos delitos investigados debido a que se trata, dijo, de una investigación de carácter reservado.
Mientras tanto, la actual gestión de la Sucamec, que asumió funciones en agosto de 2026, informó que brindará “plena colaboración” al Ministerio Público y a la Policía para facilitar el acceso a documentos, información y equipos requeridos durante las diligencias.
El allanamiento constituye ahora una de las principales acciones de una investigación que busca establecer si detrás del control del mercado de transporte de caudales existió una trama de intereses privados, funcionarios públicos y decisiones regulatorias orientadas a bloquear la competencia. La Fiscalía deberá determinar, con los elementos incautados y las declaraciones recogidas, el grado de participación que corresponde a cada uno de los investigados.
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¡Alerta en la costa verde! INGEMMET advierte riesgo de hundimientos y derrumbes en el Lugar de la MemoriaEl terreno sobre el que se levanta el LUM presenta hundimientos de hasta 10 centímetros, mientras que el acantilado que colinda con sus instalaciones registra derrumbes, erosión y caída de rocas. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET advierte que un sismo podría agravar la situación y comprometer también la seguridad de la vía del Circuito de Playas.
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9 horas agoon
20/11/2026By
Redacción Lima Gris
Por Mónica Aguilar Obregón
La Costa Verde enfrenta una nueva advertencia sobre las condiciones de seguridad de sus acantilados. Esta vez, el foco está puesto en el sector que colinda con el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), en Miraflores, donde se han identificado problemas de estabilidad del suelo que podrían agravarse ante un movimiento sísmico.
No se trata únicamente de grietas en una edificación. La evaluación geológica realizada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) evidencia que el problema alcanza también las áreas exteriores, las vías cercanas y las laderas del acantilado. Una situación que obliga a prestar atención a las condiciones en las que se encuentra esta parte de la infraestructura urbana de Lima.
Uno de los aspectos que llama la atención es el comportamiento del terreno sobre el que se construyó el LUM. Los materiales de relleno presentan poca consolidación, una característica que facilita su desplazamiento y genera condiciones para la aparición de hundimientos. En las instalaciones se han registrado desniveles de hasta 10 centímetros, así como fisuras en paredes y estacionamientos.
La situación se extiende más allá del recinto cultural. En la calle Bajada San Martín y en dirección a la avenida Del Ejército también se han encontrado grietas y desniveles en la calzada, señales que muestran que la problemática geológica comprende un espacio más amplio.
Sin embargo, el acantilado representa otro punto de preocupación. Los especialistas identificaron una zona de derrumbe cuya escarpa alcanza aproximadamente 90 metros de longitud. Parte del material desprendido permanece retenido por geomallas que presentan deterioro, mientras que las laderas muestran erosión ocasionada, entre otros factores, por el agua de riego de los parques. A estas condiciones se suman el tránsito de vehículos pesados y los rellenos deficientemente compactados, factores que contribuyen a la inestabilidad del terreno.

Un sismo podría agravar el escenario
La advertencia del INGEMMET adquiere especial importancia ante la posibilidad de movimientos sísmicos. La estabilidad del acantilado de la Costa Verde vuelve a generar preocupación. Esta vez, la alerta alcanza al Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), en Miraflores, donde una evaluación especializada ha puesto en evidencia problemas en el terreno y condiciones de riesgo geológico que requieren atención.
El diagnóstico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) revela que las instalaciones del LUM presentan hundimientos, fisuras en sus estructuras y desniveles en áreas cercanas. El problema tiene su origen, entre otros factores, en las características del suelo sobre el que fue construido el recinto: materiales de relleno poco consolidados que pueden ceder y desplazarse con facilidad.
Pero el escenario más delicado se encuentra en el acantilado contiguo. La evaluación técnica identificó una zona de derrumbe con una escarpa de aproximadamente 90 metros de longitud. El material desprendido permanece contenido por geomallas que presentan deterioro, una condición que incrementa la preocupación sobre la estabilidad de esta parte de la Costa Verde. A este problema se suma la erosión de las laderas, provocada principalmente por el agua de riego que discurre por los parques.

De acuerdo con la evaluación, los procesos de hundimiento, derrumbe y deslizamiento podrían reactivarse frente a sismos de intensidad moderada o fuerte.
Las consecuencias no se limitarían al Lugar de la Memoria. La inestabilidad del acantilado podría comprometer también la infraestructura de la vía del Circuito de Playas, una ruta de circulación importante para miles de vehículos que transitan por la Costa Verde.
El estudio fue desarrollado por especialistas de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, mediante inspecciones en campo, sobrevuelos con drones y análisis de imágenes satelitales. Sus resultados establecen peligro medio-alto por hundimientos en el LUM y peligro alto por derrumbes, caída de detritos y deslizamientos en el acantilado colindante.
Frente a este diagnóstico, la preocupación se traslada ahora a las medidas que deberán implementar las instituciones involucradas. El INGEMMET recomienda intervenir los terrenos de relleno, estabilizar los taludes y sustituir las geomallas deterioradas para mejorar las condiciones de seguridad del sector.

También considera necesario realizar una Evaluación de Riesgos de Desastres, vigilar permanentemente la evolución de las grietas, controlar el riego de los parques y limitar el tránsito de vehículos pesados por la Bajada San Martín.
Las recomendaciones han sido puestas en conocimiento del Lugar de la Memoria, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). El diagnóstico deja una cuestión fundamental para las autoridades: La presencia de hundimientos, erosión y estructuras de contención deterioradas demuestra que la prevención no puede quedar solamente en recomendaciones técnicas. La seguridad de las personas y de la infraestructura exige acciones concretas.
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Lima soportará sensación térmica de hasta 34 °C mientras continúa la alerta roja por altas temperaturasEl Senamhi advirtió que los termómetros podrían alcanzar entre 32 °C y 32,5 °C en determinados sectores de la capital, mientras que la sensación térmica llegaría a los 34 °C. La influencia del fenómeno El Niño Costero y el calentamiento del mar mantienen las condiciones de calor inusual durante noviembre.
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16 horas agoon
20/11/2026By
Redacción Lima Gris
Por Augusto Calixtro
Lima continuará soportando jornadas de intenso calor este viernes 20 de noviembre, con una sensación térmica que podría alcanzar los 34 °C en algunos sectores de la capital, según las estimaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La advertencia se produce en medio de una ola de calor que viene registrando temperaturas superiores a los valores habituales para esta época del año y que mantiene vigente una alerta roja meteorológica hasta esta fecha.
El organismo meteorológico explicó que las temperaturas máximas durante esta semana podrían situarse entre los 32 °C y 32,5 °C. Sin embargo, debido a las condiciones ambientales, la sensación térmica podría elevarse aproximadamente dos grados adicionales. Esta diferencia depende de factores como la humedad, el viento y las características de cada zona.
La situación genera preocupación por sus posibles efectos en la salud y las actividades cotidianas de la población, especialmente entre quienes trabajan al aire libre, realizan desplazamientos prolongados o permanecen expuestos al sol durante las horas de mayor calor.
Senamhi advierte sensación térmica de hasta 34 °C en Lima
El meteorólogo Erickson Rojas, especialista del Senamhi, explicó que la sensación térmica puede superar la temperatura registrada por las estaciones meteorológicas. Según sus declaraciones a la Agencia Andina, cuando los termómetros marcan alrededor de 32 °C, el cuerpo humano podría percibir una temperatura cercana a los 34 °C.
El especialista precisó que esta variación depende de diferentes condiciones atmosféricas y ambientales, por lo que no necesariamente se presenta de la misma manera en todos los distritos de Lima Metropolitana.
Asimismo, el Senamhi informó que la capital atraviesa un periodo de temperaturas inusualmente elevadas para noviembre. Los registros recientes muestran que algunos sectores han superado ampliamente los valores que suelen presentarse durante este mes. La alerta roja por altas temperaturas se mantiene vigente hasta el viernes 20 de noviembre, por lo que se recomienda a la ciudadanía permanecer atenta a los comunicados oficiales y a las posibles actualizaciones del organismo meteorológico.

Carabayllo, La Molina y Jesús María registraron temperaturas elevadas
El incremento de las temperaturas no se presenta de manera uniforme en toda Lima Metropolitana. De acuerdo con información difundida por el Senamhi y recogida por medios de comunicación, algunos de los registros más elevados se concentraron en los distritos del norte y este de la capital.
Carabayllo alcanzó los 32,8 °C, mientras que La Molina registró 31,2 °C y Jesús María llegó a 30,8 °C durante una de las jornadas de mayor calor de esta semana.
La especialista del Senamhi Angela Flores explicó que Jesús María suele registrar temperaturas cercanas a los 22 °C durante noviembre. Por ello, los valores observados representan un incremento considerable respecto de sus condiciones habituales.
Otros distritos como Ate, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra y San Martín de Porres también presentan condiciones que favorecen temperaturas elevadas, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.
Este comportamiento evidencia las diferencias climáticas que existen dentro de la capital y la necesidad de que las autoridades mantengan un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas en los distintos sectores de Lima.

¿Por qué continúa el calor en Lima pese a las lloviznas?
El incremento de las temperaturas está relacionado con las condiciones del océano Pacífico y la influencia del fenómeno El Niño Costero. Según los especialistas del Senamhi, el calentamiento de la superficie marina contribuye a mantener temperaturas elevadas en la costa peruana.
La especialista Raquel Loayza explicó que la temperatura del mar presenta valores superiores a los habituales, mientras que la humedad atmosférica también influye en la percepción de calor en la capital.
A este escenario se suma la presencia de nubosidad, niebla y lloviznas previstas entre el 18 y el 20 de noviembre. Aunque estas condiciones pueden generar una disminución temporal de la temperatura durante determinados momentos del día, no significan necesariamente que el periodo de calor haya terminado.
El Senamhi también advirtió sobre posibles precipitaciones de ligera a moderada intensidad en sectores de la costa central y sur. En Lima, algunos distritos del sur podrían registrar mayor presencia de lloviznas.
La combinación de humedad, nubosidad y temperaturas elevadas mantiene un escenario meteorológico variable que requiere seguimiento durante los próximos días.
El calor podría intensificarse durante el verano de 2027
Las proyecciones del Senamhi advierten que las altas temperaturas podrían continuar durante los próximos meses. De acuerdo con la información difundida por la Agencia Andina, durante el verano de 2027 los termómetros podrían alcanzar los 36 °C en determinados sectores del país, mientras que la sensación térmica podría situarse entre dos y tres grados por encima de la temperatura registrada.
En Lima Metropolitana, las proyecciones recogidas por Infobae señalan que algunos sectores podrían alcanzar máximas de entre 33 °C y 34 °C durante el verano, especialmente hacia febrero.
Estas estimaciones reflejan la necesidad de fortalecer las medidas de prevención frente a las altas temperaturas, así como mantener informada a la ciudadanía sobre los avisos meteorológicos y las recomendaciones de las autoridades.

¿Qué recomienda el Senamhi ante las altas temperaturas?
Ante las condiciones de calor intenso, el Senamhi recomendó utilizar sombreros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protectores solares para reducir la exposición directa a la radiación ultravioleta.
También resulta importante mantener una adecuada hidratación, buscar espacios con sombra y evitar permanecer durante periodos prolongados bajo el sol, especialmente en las horas de mayor temperatura.
Los trabajadores que desarrollan actividades al aire libre, los escolares y las personas que realizan desplazamientos prolongados deben prestar especial atención a las condiciones meteorológicas.
Mientras tanto, las autoridades deberán continuar monitoreando el comportamiento de las temperaturas y comunicar oportunamente cualquier modificación de las alertas vigentes.
La persistencia del calor en Lima vuelve a poner en evidencia la importancia de fortalecer la prevención y la preparación de los servicios públicos frente a condiciones climáticas cada vez más exigentes. La evolución de las temperaturas durante los próximos meses será determinante para conocer el alcance de los efectos del fenómeno El Niño Costero en la capital.
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Poder Judicial amplía por nueve meses la prisión preventiva de Adrián Villar por muerte de Lizeth MarzanoEl Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima rechazó el pedido de la defensa para cesar la medida y dispuso que el investigado permanezca recluido hasta el 24 de agosto de 2027. Paralelamente, la Fiscalía solicitó siete años y un mes de prisión por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.
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2 días agoon
19/11/2026By
Redacción Lima Gris
Por Augusto Calixtro
El Poder Judicial amplió por nueve meses la prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, investigado por el atropello que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano Noguera, ocurrido en febrero de 2026 en el distrito limeño de San Isidro. La decisión fue adoptada el miércoles 18 de noviembre por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima, luego de evaluar dos solicitudes contrapuestas: el pedido de la defensa para dejarlo en libertad y el requerimiento fiscal para prolongar su permanencia en prisión.
Con esta resolución, Villar continuará recluido hasta el 24 de agosto de 2027. Horas antes, el tribunal había rechazado el pedido de cese de prisión preventiva presentado por sus abogados, quienes buscaban que afrontara el proceso penal en libertad.
La decisión se produjo a pocos días de que venciera el plazo inicial de nueve meses de prisión preventiva, establecido desde su detención en febrero. En paralelo, el Ministerio Público presentó su requerimiento acusatorio y solicitó siete años y un mes de pena privativa de libertad por los presuntos delitos atribuidos en el caso.
Poder Judicial rechaza pedido de libertad y amplía la prisión preventiva
La jornada judicial del miércoles 18 de noviembre estuvo marcada por dos audiencias ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima. La primera se desarrolló a las 8:10 de la mañana y evaluó el pedido de cesación de prisión preventiva presentado por la defensa de Adrián Villar.
La solicitud buscaba dejar sin efecto la medida restrictiva para que el investigado pudiera continuar afrontando el proceso fuera de prisión o bajo otra medida coercitiva. Sin embargo, el juzgado declaró infundado el pedido, por lo que Villar permaneció bajo custodia.
Posteriormente, a la 1:00 de la tarde, se evaluó el requerimiento del Ministerio Público para prolongar la prisión preventiva. Como resultado, el órgano jurisdiccional dispuso ampliar la medida por nueve meses adicionales, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 24 de agosto de 2027.
La resolución busca asegurar la presencia del investigado durante las siguientes etapas del proceso penal. No obstante, la ampliación de la prisión preventiva no constituye una condena: la responsabilidad penal deberá determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente.

Foto: La República / Edición de fotos: Augusto Calixtro
Fiscalía solicita siete años y un mes de prisión para Adrián Villar
Además de solicitar la prolongación de la prisión preventiva, el Ministerio Público presentó un requerimiento acusatorio contra Adrián Villar y solicitó una pena de siete años y un mes de prisión.
La acusación comprende los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito, relacionados con el hecho que ocasionó la muerte de Lizeth Marzano.
El requerimiento fiscal también contempla la inhabilitación definitiva para conducir vehículos y el pago de 100 días multa. Estos pedidos deberán ser evaluados por el Poder Judicial durante las siguientes etapas del proceso. La solicitud de pena no representa una sentencia condenatoria. Corresponderá a los magistrados analizar los elementos presentados por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa antes de emitir una decisión sobre el fondo del caso.

Foto: Infobae
¿Cómo ocurrió el atropello que provocó la muerte de Lizeth Marzano?
El hecho ocurrió el 17 de febrero de 2026, en la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro. Según la investigación fiscal, Adrián Villar conducía un automóvil Chevrolet cuando atropelló a Lizeth Marzano, quien realizaba actividad física en las inmediaciones de dicha vía.
De acuerdo con la imputación del Ministerio Público, después del impacto el vehículo continuó su recorrido y el conductor no se habría detenido para auxiliar a la deportista. La víctima fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.
Las investigaciones incorporaron registros de cámaras de seguridad y otros elementos destinados a reconstruir lo sucedido. A partir de estos hechos, la Fiscalía atribuyó a Villar los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. El caso generó atención pública por las circunstancias del atropello y por las posteriores actuaciones judiciales. La familia de Lizeth Marzano ha solicitado que se esclarezcan las responsabilidades correspondientes.

Foto: Infobae /Collage: Augusto Calixtro
Adrián Villar permanece bajo prisión preventiva desde febrero
La primera medida de prisión preventiva contra Adrián Villar fue dictada en marzo de 2026 por un periodo de nueve meses, computado desde su detención del 26 de febrero. Posteriormente, la Novena Sala Penal de Apelaciones de Lima confirmó la resolución y rechazó el recurso presentado por su defensa.
El plazo inicial de la medida debía vencer el 25 de noviembre de 2026. Sin embargo, tras las audiencias realizadas el 18 de noviembre, el Poder Judicial rechazó el pedido de cese y aprobó la prolongación solicitada por el Ministerio Público.
Con la nueva disposición, el investigado permanecerá privado de su libertad hasta agosto de 2027, mientras continúa el desarrollo del proceso penal.

Foto: Andina, Infobae y Poder Judicial del Perú / infografía: Augusto Calixtro
Ministerio Público también solicita archivar investigación contra Marisel Linares
Otro aspecto del caso corresponde a la situación de la periodista Marisel Linares, quien fue investigada por el presunto delito de encubrimiento relacionado con las actuaciones posteriores al accidente.
En el requerimiento presentado ante el Poder Judicial, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la investigación en su contra. La Fiscalía considera que los hechos atribuidos a Linares estarían comprendidos en una figura legal vinculada con el encubrimiento entre familiares cercanos, por lo que plantea que no corresponde continuar con la persecución penal en su contra.
Esta solicitud no significa que el Poder Judicial haya dispuesto definitivamente el archivo del caso. El órgano jurisdiccional deberá evaluar los argumentos fiscales y resolver si corresponde aprobar el sobreseimiento.
De esta manera, el proceso mantiene dos situaciones diferenciadas: por un lado, la acusación penal contra Adrián Villar y, por otro, el pedido fiscal de sobreseimiento respecto de Marisel Linares.
El proceso judicial continuará con la evaluación de la acusación fiscal
Tras la ampliación de la prisión preventiva, Adrián Villar continuará recluido mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso. El Poder Judicial deberá evaluar el requerimiento acusatorio presentado por la Fiscalía, que solicita siete años y un mes de prisión, además de la inhabilitación definitiva para conducir y el pago de una multa.
En paralelo, también deberá pronunciarse sobre el pedido de sobreseimiento formulado a favor de Marisel Linares.
El caso de Lizeth Marzano vuelve a poner en discusión la responsabilidad de los conductores frente a los accidentes de tránsito, la obligación de prestar auxilio a las víctimas y la importancia de que las investigaciones judiciales se desarrollen con garantías para todas las partes. Por ahora, la decisión del 18 de noviembre establece que Adrián Villar permanecerá bajo prisión preventiva hasta el 24 de agosto de 2027, mientras el Poder Judicial continúa con la evaluación de las actuaciones fiscales.

Actualidad
Fiscalía solicita 10 años de prisión para Víctor Polay y nueve para Jaime Castillo Petruzzi por apología del terrorismoEl Ministerio Público presentó una acusación contra los dos exintegrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) por el contenido del libro “Revolución en los Andes” y su posterior difusión. La decisión final dependerá de la evaluación del Poder Judicial.
Published
3 días agoon
18/11/2026By
Redacción Lima Gris
Por Augusto Calixtro
El Ministerio Público solicitó 10 años de prisión para Víctor Polay Campos, exdirigente del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y nueve años para Jaime Castillo Petruzzi, también integrante de dicha organización, por el presunto delito de apología del terrorismo. La acusación está relacionada con la elaboración, publicación y presentación del libro Revolución en los Andes, obra que, según la Fiscalía, contiene expresiones que justifican y enaltecen las acciones de la organización terrorista y a personas condenadas por estos delitos.
El requerimiento fiscal fue presentado ante el Poder Judicial y expone los argumentos por los cuales el Ministerio Público considera que ambos investigados habrían incurrido en este delito. De acuerdo con la información difundida por El Comercio el 17 de noviembre, la solicitud contempla una pena de 10 años para Polay Campos y nueve años para Castillo Petruzzi.
La acusación vuelve a colocar en debate la responsabilidad penal por la difusión de contenidos que, según la tesis fiscal, reivindican actos terroristas cometidos durante el periodo de violencia que atravesó el país.
Libro “Revolución en los Andes” constituye el eje de la acusación fiscal
De acuerdo con la acusación presentada ante el Poder Judicial, Víctor Polay Campos habría elaborado el manuscrito de Revolución en los Andes en 2012, mientras cumplía una condena por terrorismo en el establecimiento penitenciario de Ancón. La obra fue publicada posteriormente, en 2020.
Según el Ministerio Público, el contenido del libro presenta expresiones que justifican, exaltan y enaltecen los actos ejecutados por el MRTA, así como a personas que recibieron condenas firmes por delitos de terrorismo. La Fiscalía sostiene que estas afirmaciones no constituyen únicamente una descripción histórica de los acontecimientos, sino que buscan otorgar legitimidad a las acciones de dicha organización.
Entre los aspectos cuestionados se encuentran las referencias a la toma de la residencia del embajador de Japón, ocurrida en diciembre de 1996, así como las expresiones favorables hacia integrantes del MRTA y personas condenadas por terrorismo, entre ellas Lori Berenson y Lucero Cumpa Miranda.
La acusación también cuestiona la manera en que el libro presenta determinados hechos cometidos por la organización, pues, según la tesis fiscal, se emplean expresiones que relativizan o justifican acciones criminales. Estos elementos forman parte de los argumentos que el Ministerio Público deberá sustentar ante las autoridades judiciales.

La obra «Revolución en los Andes» constituye el elemento central de la acusación presentada por el Ministerio Público. Foto: La República.
Jaime Castillo Petruzzi habría participado en la presentación de la obra
La acusación también comprende a Jaime Castillo Petruzzi, ciudadano chileno y antiguo integrante del MRTA. En su caso, la Fiscalía solicita nueve años de prisión por su presunta participación en la presentación y promoción del libro.
Según el requerimiento fiscal, Castillo Petruzzi intervino como expositor durante una actividad realizada el 28 de agosto de 2020, en la que se presentó Revolución en los Andes. El evento fue desarrollado de manera virtual mediante la plataforma Zoom y posteriormente difundido a través de la página de Facebook denominada “Estudios Populares EC”.
Para el Ministerio Público, esta participación habría contribuido a la difusión de los contenidos cuestionados en la investigación. Por ello, considera que existen elementos para atribuirle responsabilidad penal por el presunto delito de apología del terrorismo.
La Fiscalía sostiene que las intervenciones realizadas durante dicha presentación deben evaluarse en conjunto con el contenido de la publicación y las circunstancias en las que se difundió.
¿Cómo se inició la investigación contra los exintegrantes del MRTA?
El caso se encuentra vinculado con las actuaciones de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo y del Ministerio Público respecto a la difusión de la obra.
En diciembre de 2025, la Fiscalía informó que había conseguido ampliar por seis meses la investigación preparatoria seguida contra Víctor Polay Campos y Jaime Castillo Petruzzi. La medida permitió continuar con las diligencias relacionadas con la presunta exaltación y justificación del terrorismo a través del libro y su presentación pública.
La investigación comprende dos conductas diferenciadas: por un lado, la elaboración de la obra atribuida a Polay Campos y, por otro, la intervención de Castillo Petruzzi durante su presentación virtual en agosto de 2020.
Posteriormente, el Ministerio Público formuló la acusación y solicitó las penas privativas de libertad que ahora deberán ser evaluadas por el órgano jurisdiccional competente.

Jaime Castillo Petruzzi es investigado por su presunta intervención en la presentación virtual del libro en agosto de 2020.
Antecedentes judiciales de Víctor Polay Campos
Víctor Polay Campos fue uno de los principales dirigentes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, organización responsable de diversos atentados, secuestros y otros actos de violencia durante el conflicto armado interno en el Perú.
En 2006 recibió una condena de 35 años de prisión por delitos de terrorismo. Actualmente, además, se encuentra sujeto a prisión preventiva por el caso conocido como “Las Gardenias”, investigación relacionada con asesinatos cometidos en la región San Martín y en la que también se le atribuyen presuntos delitos de terrorismo y homicidio.
Este último proceso es independiente de la acusación por apología del terrorismo vinculada con el libro Revolución en los Andes. En el caso Las Gardenias, la Fiscalía ha solicitado una pena de cadena perpetua, de acuerdo con la información publicada por El Comercio.
Por su parte, Jaime Castillo Petruzzi fue sentenciado por terrorismo en el Perú y posteriormente expulsado del territorio nacional tras cumplir su condena, según los antecedentes recogidos por la prensa.

El Poder Judicial deberá evaluar la acusación y determinar el curso del proceso
La solicitud de penas presentada por el Ministerio Público no representa una sentencia ni significa que los acusados hayan sido condenados por este nuevo proceso. Corresponde al Poder Judicial revisar los elementos presentados por la Fiscalía y determinar si la acusación reúne las condiciones necesarias para continuar hacia un juicio oral.
En esa etapa, las partes podrán exponer sus argumentos y ejercer su derecho de defensa, mientras que los magistrados deberán evaluar los elementos de convicción y los fundamentos jurídicos del requerimiento fiscal.
El caso vuelve a poner en discusión la aplicación de las normas que sancionan la apología del terrorismo y la responsabilidad que puede derivarse de la elaboración y difusión de contenidos que, según la acusación, justifican o enaltecen actos terroristas.
La decisión judicial será determinante para establecer si los hechos atribuidos a Víctor Polay Campos y Jaime Castillo Petruzzi configuran el delito imputado y si corresponde imponer las penas solicitadas por el Ministerio Público.
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