La prohibición de la pesca industrial en las áreas naturales protegidas del Perú podría quedar establecida expresamente en una ley. Representantes de seis bancadas del Congreso presentaron el Proyecto de Ley 0823-2026-2031-CD, una iniciativa que busca fortalecer la protección de los ecosistemas marinos y continentales frente a las actividades extractivas de mayor escala. Aunque esta restricción existe desde hace más de dos décadas, los cuestionamientos legales del sector pesquero industrial han reabierto el debate sobre la necesidad de garantizar su permanencia en el ordenamiento jurídico.
La propuesta, encabezada por la congresista Rossana Alayza, del Partido del Buen Gobierno (PBG), cuenta con el respaldo de 15 parlamentarios de seis agrupaciones políticas. Entre los firmantes figuran representantes de Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación, Fuerza Popular y Renovación Popular, además del PBG. La coincidencia entre bancadas con posiciones políticas diferentes constituye uno de los aspectos más destacados del proyecto, que recoge una demanda impulsada durante años por organizaciones de pescadores artesanales, investigadores y colectivos ambientales.
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¿Por qué se busca reforzar una prohibición que ya existe?
Desde 2001, el artículo 112.5 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N.° 26834, prohíbe las actividades de pesca industrial dentro de estos espacios, tanto en ambientes marinos como continentales. La disposición forma parte de las medidas destinadas a preservar la biodiversidad y garantizar que el aprovechamiento de los recursos naturales sea compatible con los objetivos de conservación. Sin embargo, la prohibición está establecida en una norma reglamentaria y no aparece expresamente formulada en la ley, una diferencia que los promotores del proyecto consideran necesario resolver.
Este debate cobró mayor importancia cuando la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) inició una disputa legal contra el Estado peruano por la prohibición de la pesca industrial en las áreas naturales protegidas.El gremio empresarial cuestionó el alcance y la aplicación de la restricción, y presentó una demanda para dejar sin efecto las disposiciones que impedían desarrollar actividades pesqueras industriales en áreas protegidas. Uno de los espacios involucrados fue la Reserva Nacional de Paracas, en Ica, donde el debate sobre el ingreso de embarcaciones de mayor escala ha generado posiciones enfrentadas entre el sector industrial y las organizaciones que defienden su conservación.
La demanda no prosperó. La Corte Suprema ratificó la validez de la prohibición y su compatibilidad con los objetivos de conservación establecidos en la legislación peruana. No obstante, los impulsores de la nueva iniciativa consideran que la decisión judicial no elimina la necesidad de fortalecer el marco normativo. Su propuesta busca evitar nuevas controversias sobre la interpretación de la restricción y otorgar mayor estabilidad jurídica a las áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE).
Para ello, el proyecto plantea incorporar el artículo 27-A a la Ley N.° 26834, de manera que la prohibición de la pesca industrial quede establecida directamente en el texto legal. La modificación tendría alcance nacional y comprendería todas las áreas naturales protegidas, no únicamente las reservas marinas. De aprobarse, la medida elevaría a rango de ley una restricción que actualmente se encuentra en el reglamento, con el objetivo de reforzar la protección de los espacios destinados a conservar la diversidad biológica del país.
Más de 300 mil firmas y el respaldo de pescadores artesanales
La propuesta no surge de un debate reciente. Durante el periodo parlamentario anterior, la Comisión de Ambiente aprobó un dictamen que agrupaba los proyectos de ley 5666, 6668 y 7157, presentados por los entonces congresistas Kamiche, Paredes y Alcarraz, respectivamente. Estas iniciativas también buscaban fortalecer las restricciones a la pesca industrial en áreas protegidas. Sin embargo, el documento no llegó a discutirse en el Pleno, por lo que el debate legislativo quedó pendiente.
Desde entonces, la demanda ha mantenido el respaldo de distintos sectores de la sociedad. Según los promotores de la iniciativa, una campaña ciudadana logró reunir más de 300 mil firmas a favor de la protección de las reservas marinas. A este esfuerzo se sumaron decenas de investigadores mediante un pronunciamiento que solicita reforzar las garantías legales de conservación. También participan instituciones académicas, entre ellas la Universidad Científica del Sur, organizaciones ambientalistas y el Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas.
El respaldo incluye, además, a organizaciones que representan a cerca de 100 mil pescadores artesanales de diferentes regiones del litoral peruano. Entre ellas figuran agrupaciones de la Macro Sur y la Federación Integrada de Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP). Para estos trabajadores, el debate no se limita a la protección de especies y ecosistemas, sino que también involucra la disponibilidad futura de recursos pesqueros. La preocupación es que la actividad industrial en zonas de refugio y reproducción afecte la recuperación de poblaciones de peces comerciales como el bonito, el jurel, la caballa y el pejerrey, de los cuales dependen numerosas familias.
José Hernández, pescador y presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas, advierte sobre las posibles consecuencias de permitir estas actividades en espacios destinados a la conservación.
«Proteger Paracas y nuestras reservas marinas no es un capricho ecologista; es garantizar el sustento directo y el plato de comida de millones de familias peruanas. Si la pesca industrial entra a los criaderos naturales, en pocos años no habrá recurso que pescar ni para los artesanales ni para el mercado nacional», sostiene.
La importancia de las reservas marinas frente al cambio climático
Más allá de la controversia jurídica, las áreas naturales protegidas cumplen funciones importantes para el equilibrio de los ecosistemas marinos. Estos espacios ofrecen refugio, alimento y condiciones para la reproducción de numerosas especies. Su conservación puede contribuir a la recuperación de las poblaciones de peces y favorecer la sostenibilidad de las actividades pesqueras artesanales. Esta función adquiere especial relevancia frente al cambio climático y fenómenos como El Niño, que modifican las condiciones del océano y pueden alterar la distribución y disponibilidad de los recursos hidrobiológicos.
La conservación ambiental también tiene una dimensión social. Estudios de opinión atribuidos a Ipsos, citados por los promotores de la iniciativa, señalan que cerca del 70 % de los peruanos valora positivamente a las autoridades comprometidas con la protección del medioambiente. Asimismo, las áreas naturales se encuentran entre los referentes de orgullo nacional, junto con el patrimonio cultural y la gastronomía. Para los sectores que respaldan el proyecto, estos indicadores reflejan que la protección de los ecosistemas puede reunir intereses ambientales, económicos y ciudadanos.
Por ahora, el Proyecto de Ley 0823-2026-2031-CD se encuentra en condición de presentado y debe continuar su trámite legislativo mediante la evaluación de las comisiones parlamentarias correspondientes. Su aprobación todavía no está garantizada y dependerá del debate y de las decisiones que adopte el Congreso.
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