La pesca industrial está prohibida en la Reserva Nacional de Paracas desde hace más de 25 años y, a inicios de 2026, la Corte Suprema ratificó la validez de esta restricción. Sin embargo, el debate está lejos de terminar. Las recientes declaraciones del ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, volvieron a generar preocupación entre quienes defienden esta área protegida de Ica. El Comité de Gestión de la reserva respondió mediante un memorial en el que cuestiona la posición del funcionario y exige al Gobierno garantizar el cumplimiento de las normas ambientales.
La controversia comenzó tras una entrevista concedida por Requejo a la agencia EFE, publicada el 9 de octubre. Consultado sobre los pedidos para reforzar las restricciones a la pesca industrial en áreas protegidas, el ministro sostuvo que «la pesca no tiene por qué contraponerse a un área natural protegida, simplemente tiene que manejarse». Además, señaló que deben respetarse los derechos pesqueros que existían antes de la creación de estos espacios de conservación.
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Requejo también aseguró que la pesca industrial en Paracas comprende menos del 2 % de la superficie de la reserva y afirmó que no genera afectaciones. Defendió la sostenibilidad de la industria anchovetera peruana y consideró que existe desconocimiento en algunos sectores preocupados por esta actividad. Estas afirmaciones provocaron el rechazo de las organizaciones locales, que recuerdan que la discusión no se limita a cuánto espacio puede ocupar una embarcación industrial, sino a las actividades que permite la legislación dentro de un área protegida.
Comité cuestiona al ministro y exige respetar las normas vigentes
La respuesta del Comité de Gestión fue directa. En un documento titulado ¡Ministro Requejo, defienda a Paracas!, sus integrantes señalaron que “expresamos nuestro total rechazo a las lamentables declaraciones del Señor Juan Carlos Requejo, Ministro de Producción”. El memorial, respaldado por firmas de representantes de organizaciones vinculadas a la reserva, cuestiona que el titular de Produce plantee la compatibilidad de la pesca industrial con estos espacios sin considerar las restricciones existentes.
El comité recordó que el artículo 112 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado en 2001, prohíbe la extracción pesquera de mayor escala dentro de estas zonas. Esto significa que la condición de reserva nacional no impide todas las actividades pesqueras. La pesca artesanal puede desarrollarse bajo las condiciones establecidas para la conservación del área, pero la pesca industrial está restringida. Por ello, las organizaciones sostienen que las afirmaciones de Requejo desconocen una prohibición respaldada por el Poder Judicial.
El memorial también cuestiona que el ministro adopte una posición que, según sus firmantes, favorece los intereses de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), gremio empresarial que intentó anular judicialmente esta restricción. En el documento, las organizaciones afirman que “nos llama poderosamente la atención que el Señor Requejo ocupe su tiempo en defender los intereses de empresarios codiciosos vinculados a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)”. Se trata de un cuestionamiento del comité, que vincula las declaraciones del funcionario con una disputa legal impulsada anteriormente por el sector industrial.

Las organizaciones también respondieron a los comentarios del ministro sobre el supuesto desconocimiento de quienes cuestionan esta actividad. En su pronunciamiento, señalaron que Requejo terminó “calificándonos como si estuviésemos «desinformados», cuando evidentemente quien desconoce el marco legal vigente es el mismo.” Ante esta situación, solicitaron a las autoridades una solución definitiva y mayores garantías para la protección de Paracas, una reserva de 335 mil hectáreas que alberga una importante biodiversidad y sostiene actividades como la pesca artesanal, la maricultura y el turismo.
La disputa por Paracas llegó a la Corte Suprema y la SNP perdió
El enfrentamiento tiene una historia que comenzó mucho antes de las declaraciones de Requejo. La Reserva Nacional de Paracas fue creada en 1975 para conservar sus ecosistemas marinos y costeros. Años después, en 2001, el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas estableció expresamente la prohibición de la pesca de mayor escala dentro de estos espacios. En 2021, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) aprobó una directiva que reiteró esa restricción.
La controversia se intensificó en enero de 2024, cuando la Sociedad Nacional de Pesquería presentó una demanda de acción popular contra el Sernanp. El gremio buscaba anular el apartado de la directiva que impedía la pesca industrial dentro de las áreas protegidas. Su argumento era que la restricción contravenía disposiciones de la Ley de Áreas Naturales Protegidas y afectaba derechos vinculados a la actividad pesquera. El caso despertó preocupación porque una decisión favorable a la SNP podía tener consecuencias para otras reservas del país.
En mayo de 2024, la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. Los jueces determinaron que el Sernanp no había creado una prohibición nueva, sino que estaba aplicando una disposición vigente desde 2001. La SNP apeló la decisión en junio de ese año, por lo que el caso pasó a la Corte Suprema. Finalmente, en enero de 2026, la máxima instancia judicial confirmó el fallo y ratificó que la pesca industrial no está permitida dentro de las áreas naturales protegidas, incluso en aquellas donde se autoriza el aprovechamiento sostenible de recursos naturales.

La disputa también estuvo relacionada con procedimientos por presuntas infracciones pesqueras. Como informó Inforegión en junio de 2024, una investigación de OjoPúblico identificó 99 procedimientos administrativos contra 11 empresas pesqueras por actividades realizadas dentro de Paracas. Ocho de estas compañías pertenecían a la SNP y las posibles multas ascendían a S/ 6,6 millones. Estos antecedentes muestran que el conflicto no solo involucraba interpretaciones legales, sino también intereses económicos y la capacidad del Estado para fiscalizar la pesca industrial en la reserva.
El Congreso dejó pendiente una ley y ahora surge un nuevo intento
Aunque la Corte Suprema resolvió la controversia judicial, las organizaciones ambientales y los pescadores artesanales continuaron buscando una protección de mayor rango. Para ello, impulsaron los proyectos de ley 5666, 6668 y 7157, que proponían incorporar una prohibición expresa de la pesca industrial en la Ley de Áreas Naturales Protegidas. La Comisión de Pueblos Andinos aprobó un dictamen favorable en marzo de 2024, pero la iniciativa permaneció sin votarse en el Pleno. Durante 2026, el Congreso volvió a postergar su discusión en las sesiones del 7, 14 y 21 de mayo.
La última oportunidad de debatirla llegó en junio de 2026, antes del cierre de la legislatura y del periodo parlamentario. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada. Como reportó Inforegión, José Hernández, presidente del Comité de Gestión de Paracas, había viajado en varias oportunidades desde Pisco hasta Lima para solicitar que el tema ingresara a la agenda del Congreso. El objetivo era evitar que la prohibición dependiera únicamente de una disposición reglamentaria y establecerla expresamente en una ley, para reducir el riesgo de nuevos cuestionamientos.
Ahora existe un nuevo intento para retomar esa discusión. El 3 de noviembre se dio a conocer una iniciativa multipartidaria promovida por las diputadas Rossana Alayza, Jenny Samanez y Giannina Avendaño, junto con la senadora Ruth Luque. La propuesta busca incorporar el artículo 27-A a la Ley de Áreas Naturales Protegidas para prohibir expresamente la pesca industrial en reservas marinas y continentales. También plantea que los permisos pesqueros otorgados antes de la creación de estas áreas queden sujetos a la restricción. La iniciativa fue presentada en Paracas con respaldo de organizaciones locales, pero todavía debe completar su formalización y trámite en el Congreso.
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