Durante su presentación ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso, el ministro del Interior, César Astudillo, planteó la necesidad de aprobar normas más estrictas para combatir la extorsión.

El titular del Mininter cuestionó la falta de control de las empresas operadoras de telefonía sobre la venta de chips, lo que, según explicó, facilita que delincuentes los adquieran de manera anónima en el mercado informal y los utilicen para amenazar a sus víctimas sin que sus identidades puedan ser determinadas ni sus comunicaciones rastreadas por la Policía.

Asimismo, César Astudillo cuestionó que la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) pueda demorar hasta cinco días en proporcionar a la Policía Nacional del Perú (PNP) las imágenes de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos luego de registrarse un cobro extorsivo.

En cuanto al sistema de justicia, advirtió que la falta de coordinación y fiscalización entre la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE facilita que delincuentes detenidos recuperen su libertad y regresen a las calles pocos días después.

En materia migratoria, el ministro informó que cerca de dos millones de ciudadanos venezolanos residen actualmente en el país y señaló que, hasta la fecha, 1 635 extranjeros han sido expulsados. En ese sentido, indicó que el Ejecutivo coordina con Venezuela la suscripción de acuerdos que permitan realizar deportaciones masivas por vía marítima.

Por otro lado, Astudillo defendió la aplicación del Estado de Emergencia contemplado en el artículo 137 de la Constitución, al considerarlo una herramienta legal que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas y la intervención de zonas utilizadas como guaridas por organizaciones delictivas.

Además, el ministro alertó sobre el deterioro de la Aviación Policial y planteó la adquisición de dos aviones Antonov y cuatro helicópteros para fortalecer su capacidad operativa. Además, propuso reducir de 18 a 10 las escuelas de suboficiales debido a las restricciones presupuestarias.

Durante su exposición, también informó sobre presuntos casos de corrupción en Saludpol y Fovipol, así como irregularidades relacionadas con la adquisición de pistolas y chalecos antibalas.

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