El 52% de las microempresas afirma que la delincuencia y la extorsión son la principal barrera para el desarrollo de sus negocios, seguidas por el exceso de trámites y la corrupción de funcionarios, según un estudio de Ipsos para ComexPerú.
La delincuencia, la extorsión y la inseguridad ciudadana se han convertido en la principal barrera que enfrentan las microempresas para desarrollar sus negocios en el último año. El 52% de estos pequeños negocios identifica este lastre que cobra vidas entre los principales factores que afectan su actividad, según un estudio de Ipsos para ComexPerú.
Después se ubican el exceso de trámites y la burocracia estatal, así como la corrupción de funcionarios, la alta carga tributaria y la competencia desleal de empresas informales.
Patricia Rojas, directora de Asuntos Públicos de Ipsos Perú, explicó a RPP que el resultado tiene relación con las características de los negocios que predominan en este segmento.
“En la microempresa vemos que la inseguridad es el principal problema que mencionan, porque son negocios con puerta a la calle que tienen que sobrevivir. Además, hay costos asociados a la inseguridad que aquejan especialmente a este segmento, como ocurre con restaurantes, bodegas y peluquerías”, apuntó la ejecutiva en declaraciones a RPP.
El problema también afecta a las empresas de mayor tamaño, aunque cambia su posición dentro de las principales preocupaciones. En las pequeñas y medianas empresas, el 53% menciona la delincuencia, la extorsión y la inseguridad ciudadana.
En las grandes empresas, el porcentaje trepa hasta un 66%, convirtiéndose en su segundo principal problema, solo detrás del exceso de fiscalizaciones y el enfoque sancionador de las entidades, que alcanza el 67%.
La inseguridad también afecta la formalización
El diagnóstico de Ipsos para ComexPerú se da en un contexto en el que las empresas todavía enfrentan dificultades para avanzar hacia la formalización. Según el estudio, el empleo formal privado representa apenas el 10% en las microempresas, frente al 55% en las pequeñas y medianas empresas y al 81% en las grandes compañías.
En ese contexto, la inseguridad no solo representa una amenaza para la actividad empresarial, sino también un costo adicional para quienes buscan operar formalmente. Una empresa que paga impuestos y cumple con las obligaciones del Estado espera, a cambio, condiciones mínimas para desarrollar su actividad.
El estudio encontró que tres de cada cuatro empresas sienten que reciben menos del Estado de lo que aportan. Esta percepción se intensifica conforme aumenta el tamaño de la empresa y llega a nueve de cada 10 entre las grandes compañías.
“Si la mayoría de empresas siente que recibe menos de lo que aporta, el desafío no solamente es fiscalizar, sino también fortalecer los servicios y beneficios asociados al cumplimiento. Yo cumplo con el Estado, pero el Estado también tiene que devolverme en servicios públicos lo que yo estoy dando”, afirmó Rojas.
Por otro lado, las municipalidades son el principal foco de preocupación cuando una microempresa enfrenta fiscalizaciones. El 73% de las empresas consideran problemáticas estas inspecciones, en las pymes el mayor impacto proviene de Sunat y, en las grandes empresas, Sunat, las municipalidades y Sunafil tienen niveles similares de impacto.
Frente a este escenario, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Eduardo Castillo, sostuvo que una de las prioridades de su grupo de trabajo será impulsar herramientas y mecanismos que faciliten el tránsito hacia la formalidad.
“Al informal no se le persigue, al informal se le dan facilidades para que llegue a ser formal”, afirmó.
El legislador también señaló que la extorsión y la inseguridad deben ser consideradas dentro de las políticas destinadas a promover la actividad empresarial, especialmente en las regiones, donde estos problemas pueden afectar directamente la continuidad de los negocios.
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