La extitular del Ministerio Público, hoy al frente del Colegio de Abogados de Lima, pasó por el programa 'Sin Guion'. Espinoza cuestiona que la JNJ persiga a los jueces que la amparan y defiende sus más de 29 años de servicio en el Estado.

Por: Rosa María Palacios.

Bueno, entonces, ¿qué hacen todos los fiscales y jueces ahí todavía trabajando? ¿Deberían destituirlos a todos?

No, porque se demoran injustificadamente, algunos de ellos, no todos. En el caso mío no es que me he demorado.

La señora María Teresa Cabrera ha emitido un informe en el caso de Alejandro Soto y dice que usted prolongó indebidamente la investigación al señor Alejandro Soto y que se reunió con él.

Sí, ahí está. Y lo recoge de manera muy tendenciosa la señora Cabrera. Pero no hay pruebas.

Pero las testigos de que yo le habría hablado de su carpeta, como para presionarlo por el presupuesto, son las mismas a las que él mochó el sueldo, y son las agraviadas de ese caso que yo denuncié constitucionalmente. Es decir, las ha condicionado, a las tres señoritas que lo ayudaron a difamarme.

Esa reunión, Rosa María, fue a pedido y por gestión de los sindicatos del Ministerio Público, para que yo vaya a ayudarlos a convencer al presidente de la comisión de presupuesto, para que puedan aprobar los dictámenes en favor de sus beneficios laborales. Yo fui prácticamente como invitada, podría decir, pero como cabeza de institución me apersoné, y de ahí se arma todo el tinglado y dice, y me difama, que yo le habría hablado de su carpeta por lo bajo.

Esa reunión de los sindicatos estuvimos como dieciocho personas en un ambiente muy pequeño, más chico que este, y arman todo de una manera desproporcionada, injustificada, irracional, porque quieren la sinrazón.

Años después se presenta ante la Junta Nacional de Justicia, ¿no?

Se presenta poco después del archivo que logró, obviamente blindado por sus compañeros del Congreso. Y para vengarse de mí, recurre de manera totalmente absurda ante la Junta Nacional de 'Injusticia', y ellos, muy solícitos, me abren la investigación y le agregan algo de haberme reunido con él.

O sea, él quiso vengarse a través de su Junta Nacional de Justicia. Él debió antes haber agotado lo que se llama el control de plazo, es decir, ir ante el juez y decirle: "Esta señora se está demorando en mi investigación." Y con eso, normalmente se corregía, si es que se hubiera tenido que corregir. Pero él no, él nunca observó nada, nunca se quejó.

Luego viene el caso Tomás Aladino Gálvez, presentado por el señor Víctor Chanduvi. Usted retrasó su incorporación y requirió su suspensión ante el Poder Judicial.

Ese es un tema legal muy bonito. Rosa María, como abogada le consta que fiscales supremos están con graves denuncias a ese nivel; no hay antecedente de ese tipo.

Y cuando pedimos, hacemos una proyección, un análisis a futuro sobre las circunstancias personales del caso. Y lo que se aplica es el artículo 297 del Código Procesal Penal, que dice que se hace ese análisis para que, en términos sencillos, se evite que la persona investigada vuelva a su trabajo y realice los mismos delitos u otros que perjudiquen, en este caso, al Ministerio Público.

Y el tiempo me dio la razón. Cuando yo apelo, el señor San Martín tuvo ahí los elementos de que Gálvez había dicho: "Voy a desactivar los equipos especiales, no hay cuellos blancos, no existen."

Llega a ser fiscal de la nación, ¿y qué es lo primero que hace? Saca a los dos fiscales que veían su caso personal de cuellos blancos. Eso es aprovechamiento indebido del cargo, conflicto de interés personal, eso es delito.

Y la Junta Nacional de Justicia a él no lo toca ni con el pétalo de una rosa; en cambio, sacó a los fiscales que estaban viendo su caso, destruyó los cuatro equipos especiales, y ahora está desarticulando totalmente lavado de activos.

Mi proyección estaba jurídicamente sostenida, con los elementos que se pusieron a la vista del señor San Martín, pero a él no le importó. No quiso desarrollar jurisprudencia.

¿Por qué será? ¿Acaso le vino a la memoria su audio? No lo sé. Pero lamento que el Poder Judicial, a través de ese señor y su sala, no haya impedido todo el daño que ahora estamos viendo en el Ministerio Público.

De cabeza. Me llaman muchos fiscales, excolegas, y me dicen: "Doctora, ¿qué podemos hacer?" Resistir. Trabajen, cuídense de las venganzas, porque hay chicos y chicas a los que han removido, adjuntos provisionales, por aparecer en una foto conmigo.

Hasta con las chicas del fulbito. Qué ridículo.

"Quieren demoler, deprimirme, destruirme psicológica y emocionalmente". Así lo resume Delia Espinoza al referirse a la persecución judicial que enfrenta desde su cargo como presidenta del Colegio de Abogados de Lima.

La extitular del Ministerio Público, quien lleva más de 29 años sirviendo en el Estado, ha sido objeto de una serie de investigaciones que ella califica como motivadas por un deseo de venganza personal.

En el caso de Alejandro Soto, Espinoza sostiene que la fiscal María Teresa Cabrera emitió un informe tendencioso que nunca fue contrastado con pruebas reales. Según la exfiscal, quien denuncia constitucionalmente a Soto por desvío de fondos ("mochar sueldo"), la investigación se prolongó no por negligencia, sino para proteger intereses de terceros.

La defensa de Espinoza gira en torno a una reunión laboral que sostiene fue solicitada explícitamente por los sindicatos del Ministerio Público. El objetivo era persuadir al presidente de la comisión de presupuesto para aprobar dictámenes favorables a beneficios laborales. En esa instancia, donde participaron aproximadamente dieciocho personas en un espacio reducido, Espinoza asegura que su presencia fue más bien una invitación formal derivada de su rol institucional.

No obstante, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación agregando el hecho de que ella habría hablado con Soto por lo bajo sobre su carpeta. Para la abogada, esta acusación es una falsedad construida sobre testimonios de las mismas personas a quienes ella denunció constitucionalmente por colaborar en un esquema de corrupción salarial.

"Ellos quieren la sinrazón", afirma Espinoza al describir cómo se manipularon los hechos para difamarla. Ella considera que el procedimiento correcto habría sido agotar el control de plazo ante un juez, algo que Soto nunca hizo antes de acudir a la JNJ años después, una vez blindado su archivo gracias a aliados en el Congreso.

Otro punto crítico es el caso de Tomás Aladino Gálvez, donde Espinoza requirió la suspensión del funcionario y retrasó su incorporación. Esta decisión se basó en un análisis preventivo del artículo 297 del Código Procesal Penal, diseñado para evitar que una persona investigada cometa nuevos delitos o perjudique a la institución.

Su proyección resultó acertada según ella misma. Al apelar, el entonces fiscal de la Nación, San Martín, obtuvo elementos probatorios donde Gálvez admitía que desactivaría los equipos especiales y negaba la existencia de "cuellos blancos". Inmediatamente tras asumir como fiscal de la nación, este funcionario procedió a remover a los dos fiscales que estaban investigando su propio caso personal, destruyendo cuatro equipos especiales especializados en lavado de activos.

Espinoza denuncia esto como un claro conflicto de interés y aprovechamiento indebido del cargo. A pesar de tener elementos jurídicos sólidos sobre el riesgo de Gálvez, San Martín no desarrolló jurisprudencia para proteger al Ministerio Público, sino que permitió que se desarticulase totalmente la unidad contra lavado de activos.

Hoy, Espinoza describe la situación actual del Ministerio Público como "de cabeza". Numerosos fiscales y excolegas acuden a ella buscando orientación ante un clima de hostilidad institucional. Les aconseja resistir y trabajar, advirtiéndoles sobre las venganzas personales que se han desatado.

Hasta personal administrativo, adjuntos provisionales o incluso mujeres del equipo de fútbol interno ("chicas del fulbito"), han sido removidos simplemente por aparecer en una foto con la exfiscal. Espinoza califica estas acciones como ridículas y contrarias a la razón, enfatizando que buscan destruir su figura profesional y emocionalmente.

"Quieren demoler, deprimirme, destruirme psicológica y emocionalmente", concluye la extitular del Ministerio Público al describir la estrategia de los actores judiciales que la persiguen. Ella defiende firmemente sus 29 años de trayectoria en el Estado, cuestionando la legitimidad de las acciones de la JNJ y señalando lo que considera una persecución injusta contra jueces y fiscales que la amparan.

Hasta el momento, usted ha logrado ganar varios frentes legales cruciales. Primero, obtuvo un amparo que impide su inhabilitación por haber escrito un reglamento que usted demuestra no haber redactado; además, Fernando Rospigliosi perdió una demanda de difamación contra usted y se le rechazó su hábeas corpus. Sin embargo, la situación tiene matices: aunque usted ha impugnado todo y sus procesos siguen en pie, lo verdaderamente vergonzoso para la justicia peruana es que los señores de la Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hayan abierto formalmente un procedimiento disciplinario contra tres jueces específicos. Sandro Aguilar, Néstor Paredes y Daniel Suárez, todos pertenecientes a la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Lima, están bajo investigación por haber otorgado el amparo que le dio razón a Delia Espinoza el 26 de mayo de este año.

Este escenario revela un claro doble rasero en el sistema. Si bien se persigue a los jueces de esa sala por apoyar su caso, ¿por qué no se aplica la misma lógica al señor Checkley? Este magistrado también archivó la parte penal del mismo caso y, según Delia Espinoza, seguramente le tendrán más miedo que a ella; pero a ellos no les tienen miedo. Ella aclara que no es cuestión de miedo, sino de algo más profundo: recuerda haber tenido una investigación muy sustentada contra el señor Checkley en su momento.

El debate sobre la credencial de Rospigliosi también ilustra las distorsiones legales. La JNE respondió que era legal negarle juramentación y credencial, aunque Delia Espinoza afirma que en realidad hicieron una interpretación reforzada debido a la falta de sentencia de segunda instancia. Ella rebate esto señalando que la Constitución明确规定 exige "sentencia en primera instancia". Dado que la sentencia salió después del 12 de abril, pero él seguía siendo postulante —lo cual equivale a ser candidato— hasta la proclamación posterior, la conclusión es clara: al señor debía aplicársele el artículo 34-A de la Constitución. Además, vino la llamada "ley del artista", una norma del Colegio de Artistas que está muy bien derogada, pero que fue utilizada por un abogado para presentar acciones de destitución inmediata contra usted ante el Poder Judicial.

Fernando Valdivia ha presentado esto dos veces ya, pero Delia Espinoza considera que el señor debe haber dejado de estudiar derecho, pues si hubiera repasado bien la materia se habría avergonzado de tener esa intención; la acción carece de fundamento y hasta ahora no va a pasar nada. Ante su destitución en la Junta Nacional de Justicia, usted presentó un amparo, pero frente a la segunda inhabilitación no lo hizo. A la destitución de enero llegó hasta la reconsideración y quedó administrativamente ahí.

El obstáculo principal para presentar una acción de amparo ahora es que el Tribunal Constitucional tiene bloqueado cualquier recurso contra decisiones inconstitucionales de la Junta Nacional de Justicia. Esto se debe a una medida cautelar de diciembre del año pasado, otorgada rápidamente tras una demanda competencial presentada por la JNE para evitar que el Poder Judicial los llamara a acciones de amparo, argumentando que están invadiendo sus facultades disciplinarias. Delia Espinoza califica esto como un intento de bloquear su acción de amparo por la suspensión del año pasado.

"O sea, ahorita usted no puede presentar una acción de amparo", se señala en el diálogo. Ella responde que tampoco lo pueden hacer el doctor Ordóñez ni los demás doctores suspendidos, quienes están siendo maniatados y perseguidos por pedidos políticos. El Tribunal Constitucional ya tuvo la audiencia del caso principal para resolver sobre esta cautelar a la Junta Nacional de Justicia, pero hasta ahora no lo hacen; están demorando deliberadamente la resolución.

"Lo que sucede es que hay que recordar que el Tribunal Constitucional tiene bloqueado cualquier amparo que se presente contra decisiones inconstitucionales de la Junta Nacional de Justicia", explica Delia Espinoza. La demora estratégica permite que la JNE continúe con su "festín de persecuciones no jurídicas, sino políticas". Ella asegura que ya no son simples pedidos, sino órdenes directas del señor Rospigliosi.

En cuanto al caso penal archivado en la Corte Suprema, usted ganó el archivo del delito que se le imputaba: prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones. "No hice nada", afirma ella sobre el proceso inicial, indicando que era para impedir su vuelta con una medida cautelar que Torres Tasso le otorgó, y que ese funcionario asustado también demoró semanas en actuar. Resalta que las buenas decisiones se saludan no porque la hayan favorecido directamente, sino porque están arregladas a derecho.

Sobre el abogado Fernando Valdivia, ella critica su falta de actualización: "Bueno, yo creo que el señor ha dejado de estudiar derecho... Hasta ahora no ha pasado nada y no va a pasar nada". Finalmente, el fragmento cierra con la preocupación por la inacción del Tribunal Constitucional frente al bloqueo disciplinario, permitiendo que continúen las persecuciones bajo órdenes políticas.

Bueno, él ha dicho que va a barrer el Poder Judicial, ¿no?

Y lo está cumpliendo. Ya empezó. Ahora, en esta historia interminable, ha surgido una nueva denuncia. Acusan a su hija, Melissa Albujar, de adquirir dos inmuebles —una oficina y un estacionamiento— por 213.800 soles, teniendo 22 años.

¿Qué hay de malo? Esos dos inmuebles, que algunos trolls dicen que son casas —cinco casas, ya no sé cuántas, 10 casas—, son un estacionamiento y una oficina, por el amor de Dios. La oficina está en el Cercado de Lima, Santa Beatriz. Yo la compré. Mi hija recibe solamente su pensión alimenticia. La terminé de cancelar más o menos en 2022. Se firmó la minuta y la escritura pública recién se elevó el año pasado, 2025.

¿Y usted puso esos inmuebles a nombre de su hija porque es su única hija?

Usted es abogada, ayúdeme a explicarlo. Internamente en la empresa Albamar S.A., una muy buena constructora, pedí con un documento y me aceptaron. Antes de elevar la escritura pública se hizo la modificación de titularidad. A mí me dio el gusto —por no decir la gana— de pasarlo a nombre de mi hija, porque actualmente tanto esa oficina como la otra que sigo teniendo a mi nombre están alquiladas. Ella tiene su cuenta bancaria, yo tengo la mía, recibimos nuestras rentitas, pagamos impuestos.

Hoy día va la audiencia. Le han dicho que coincide con una audiencia de la Comisión de Ética del CAL, que usted no maneja, donde se va a discutir la inhabilitación de cinco miembros de la Junta Nacional de Justicia como miembros del gremio.

Hoy, la verdad, no sabía. Los señores tienen su propio cronograma, sus propias actividades. Ellos tienen toda la autonomía e independencia, en la que ni la decana ni los demás directores tenemos por qué interferir.

Ahora, estos miembros de la Junta Nacional de Justicia se presentaron ante el CAL a pedir que los desafilien, y no se les permitió; han conseguido un amparo, una medida cautelar, para ser desafiliados. Pero la medida dice que sí pueden ser examinados éticamente

Por los hechos que probablemente hayan cometido contra la ética durante el tiempo en que sí estaban afiliados. Es decir, que se les deje ir. Perfecto, cumplimos nosotros.

Patricia Benavides está suspendida en el ejercicio de la profesión hace meses y sigue actuando como profesional del derecho.

Por eso el director de defensa gremial ya tomó las acciones que corresponden a su función —porque por ahí alguien dijo que yo se lo he ordenado; yo no ordeno a nadie— y ha procedido a presentar la denuncia penal por ejercicio ilegal de la profesión. Bueno, es lo que corresponde, ¿no?, porque no ha obedecido un mandato de su colegio, de su gremio, en el ámbito ético.

Han dicho que estas sanciones son exageradas. Los que los defienden dicen que ha sido absolutamente exagerado, desproporcionado, porque te pueden quitar la fuente de trabajo de manera arbitraria.

Lo que sucede, Rosa María, es que a los que dicen eso no les importa la ética. Estamos en una crisis de moral social. Hay mucha gente que ya tolera la indecencia, la corrupción, tolera todo, hasta la delincuencia; no pasa nada, esconden, justifican. Estamos en una grave crisis de ética profesional, y por eso ya no importa.

¿Cómo va a ser exagerado, si la ética es la base de todo comportamiento profesional? El profesional que no es ético va a traicionar su juramento cuando se colegió, va a traicionar a cualquier cliente, a cualquier usuario público que se le acerque. Eso no es normal en un país civilizado; estamos cayendo a un pozo sin fondo, la moral ya no interesa, hasta es motivo de risa.

Y la palabra "ética" la utilizan ciertas autoridades solo para el discurso, pero cuando actúan, cuando toman decisiones, son absolutamente contrarios a la ética. Ahí están las denuncias.

La ética sí o sí es base de lo que también puede constituir delito, pero no siempre es delito; por ejemplo, un abogado que, habiendo sido bien pagado por su cliente, no lo defiende puntualmente, es negligente: no es delito, pero está faltando a la probidad, veracidad, lealtad, buena fe y honradez —las cinco bases del comportamiento de todo abogado.

Y el código ahora es nacional. Porque la ética es nacional: si se sanciona a alguien en Lima, ¿cómo va a ejercer una persona antiética o inmoral en Loreto o en Huancayo? Ese es el problema, que se está prestigiando la ética profesional. Desde el Colegio de Abogados no lo vamos a permitir, y espero que el Consejo de Ética actúe conforme a sus atribuciones, sin miedo al poder, sin miedo a nadie.

Y si se le sanciona por cuestiones éticas, eso trae como consecuencia que ya no pueda seguir en la función pública, porque un antiético en función pública sería una locura.

¿Y el Colegio de Abogados la ha respaldado? ¿Usted se sintió respaldada por la profesión?

Totalmente. Yo no necesito llamar a nadie para que hagan manifestaciones, pero en redes sociales y en las visitas constantes al colegio —donde muchos van con horario extendido, les estamos mejorando los servicios, procurando mayores beneficios— todos me dan su respaldo. Me traen su problemática y, en la medida que puedo, según mi agenda, los atiendo, o los atienden nuestros directores. Estamos dando el servicio que se merecen, trabajando con mucha dedicación y mucho cariño para nuestro gremio.

El Colegio de Abogados de Lima tenía una presencia importante, por ejemplo, en opiniones jurídicas respecto de proyectos de ley ¿Ustedes han recuperado esa función?

La hemos tenido siempre. Estamos a poco más de 4 meses de gestión, hemos tenido muchas cosas por hacer, y estamos preparando —van a salir próximamente, uno tras otro— proyectos de ley para atacar las llamadas leyes procrimen, que yo llamo pro impunidad. Ya hemos presentado, el 31 de julio, con motivo de nuestro 222 aniversario, el proyecto de ley para derogar la ley APCI.

¿Por qué primero esa? Porque es la defensa legal de los más pobres, de los más vulnerables, de los más necesitados: de las niñas de Condorcanqui, de los niños de Cajamarca, de las víctimas de las protestas sociales. Tal vez la gente no lo sabe, pero esa ley les prohíbe a las ONG que reciben financiamiento del exterior defender a los más pobres, porque si litigan contra el Estado pierden el financiamiento. Entonces le quitas a la gente más pobre del país su defensa. Es una crueldad, es una maldad. Y lo he dicho al aire el primer día.

Frente a la legislación que existe para que el Estado les pague los abogados a altos funcionarios —me incluyo, lo cual está bien—, los que han legislado así se ven beneficiados con montos muy altos, pagan a abogados de grandes estudios para que los defiendan contra el Estado. Y a las personas más pobres, más necesitadas, más violentadas en sus derechos, a ellos no. Lo más chistoso es que no es plata del Estado, son egoístas, porque es dinero del extranjero, de aportes generosos que vienen de afuera y que las ONG usan para atender necesidades sociales, como darles abogados a los más pobres o vulnerables.

Usted ha dicho que no le interesa la política.

No, yo estoy muy abocada al Colegio de Abogados y a mis casos, que son numerosos y no me dejan tiempo para eso. Felizmente tengo mi rentita, como ya lo he dicho, y no tengo nada que ocultar; pago impuestos, y eso me permite solventarme. Yo sé vivir con muy poco, porque vengo de una familia humilde, así que a mí no me desesperan los lujos ni el dinero, pero ahí estamos. No me interesa, pero nunca hay que decir nunca. Eso es verdad, no lo sé. Yo solamente quiero rescatar mi carrera, mi profesión. Vamos a ver qué pasa, Dios dirá.

¿Cuántos años ha servido usted en el Estado?

Más de 29.

Más de 29. Es raro, ¿no? Porque a los 29 años uno sale con algo.

No, ninguna. Siempre mi hoja de servicios ha sido impecable, porque siempre he respetado la ley, los derechos humanos, los derechos de los justiciables, tanto de los denunciados, acusados, procesados y sentenciados, de todos. Nunca he favorecido a nadie torciendo o manipulando la ley. Y eso me ha permitido caminar siempre con la frente en alto, en el Ministerio Público y fuera de él.

Muy bien, muchísima suerte. Hoy vamos a seguir viendo este caso que ya se ha vuelto algo casi cómico, de verdad. Discúlpenme, pero ya es ridículo que a una persona la destituyan tres veces, la inhabiliten dos, y no la dejen votar.

Así es. Es ridículo. Yo sé la razón, ¿no? Quieren demoler, deprimirme, entristecerme; quieren acabar conmigo, destruirme psicológica y emocionalmente. Pero, como lo he dicho en otros espacios, tengo más de 29 años de haber trabajado con las peores mentes, contra las peores mentes criminales de todas las calañas. Por lo tanto, a mí la delincuencia no me asusta; sé enfrentarla y la voy a seguir enfrentando con toda la fortaleza que me ha dado la experiencia profesional, el apoyo de mi familia y el apoyo de muchas personas decentes que en la calle me saludan: "Doctora, una foto, estamos con usted." Y bueno, no voy a decir lo que dicen de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y también del ex Congreso; dicen cosas terribles. El pueblo es sabio, y la voz del pueblo es la voz de Dios.

Leer artículo completo en larepublica.pe →