Diversos especialistas se reunieron los días 19 y 20 de agosto de 2026 en Brasilia para el «Seminario Internacional sobre Gobernanza y Mecanismos de Financiamiento para la Conservación de los Servicios de Polinización». El evento, moderado por Ignacio Piqueras, coordinador del proyecto Poli-LAC, buscó debatir los retos de la inclusión comunitaria. Un panel temático resaltó que las acciones locales en el manejo de polinizadores —cuya protección es indispensable para lograr un impacto global frente a la crisis climática— son fundamentales.

Reconocer, no solo incluir

Durante el foro se estableció como consenso principal la urgencia de transformar el paradigma de los proyectos ambientales. Edith Bastidas, lideresa del pueblo de los Pastos en Colombia y miembro de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, aclaró que el objetivo institucional no debe centrarse simplemente en «incluir» a las poblaciones en iniciativas externas. Lo prioritario es reconocer y fortalecer los procesos territoriales que los pueblos originarios ya poseen. Bastidas advirtió que el actual modelo extractivista, junto con la minería y los agrotóxicos, resulta incompatible con la conservación de polinizadores. Por ello, exigió que la protección de la vida indígena y de estas especies se conviertan en «líneas rojas» intransigentes a nivel global.

Aruna Bangura, fundador de Bangs Circular en Sierra Leona, expuso una problemática recurrente en las áreas protegidas donde las mujeres y los jóvenes ejecutan proyectos y defienden la naturaleza, pero son excluidos sistemáticamente de la toma de decisiones por las organizaciones. Bangura subrayó que el conocimiento indígena constituye, por sí mismo, una inteligencia y un modelo de conservación efectivo. Este modelo debe ser posicionado en roles de liderazgo para garantizar su vigencia.

La protección de los polinizadores, responsables de más del 75 % de los cultivos mundiales, exige ir más allá de las acciones superficiales. Es imperativo que la comunidad internacional entienda que el valor de estas especies no radica solo en su utilidad económica, sino en su conexión profunda con saberes ancestrales que han permitido la supervivencia de ecosistemas complejos durante siglos.

El desafío de la academia frente a la realidad local

Desde una perspectiva científica, Marcela Cely-Santos, investigadora interdisciplinaria, señaló que la academia necesita «desaprender» sus categorías occidentales y operar con humildad para entender la realidad de las comunidades. Explicó que el éxito de una intervención no debe medirse únicamente bajo indicadores productivos (como el volumen de miel). En cambio, debe priorizar los beneficios que la propia población defina, como la autonomía y la salud territorial.

Para lograr verdaderos modelos inclusivos, Cely-Santos detalló que se requieren condiciones habilitantes urgentes: garantizar a las comunidades un acceso seguro a tierras de calidad que puedan ser protegidas de presiones externas, como monocultivos y plaguicidas; redistribuir el poder para que las poblaciones decidan realmente sobre el control de los recursos, el tiempo y los ingresos generados; y mantener la autoridad comunitaria sobre el conocimiento, asegurando que la evidencia generada sea apropiada y utilizada por los propios pobladores.

Rodrigo de la Cruz, experto quechua de Ecuador en propiedad intelectual, abordó otro pilar fundamental: la vinculación de los productos originarios con el mercado. De la Cruz enfatizó la importancia de generar valor agregado brindando seguridad jurídica a través de instrumentos como las marcas colectivas y las denominaciones de origen. Estas herramientas legales otorgan reconocimiento estatal a los productos provenientes de zonas geográficas específicas y amparan el conocimiento asociado a ellos.

Finalmente, instó a catalogar los saberes de tradición oral mediante «protocolos comunitarios bioculturales» para garantizar su transmisión intergeneracional. Esta estrategia no solo protege la herencia cultural, sino que asegura que las prácticas ancestrales continúen siendo vitales para la conservación de polinizadores y el bienestar de quienes habitan estos territorios, cerrando así un ciclo donde la ciencia valida lo local en lugar de imponerlo desde afuera.

Ignacio Piqueras cerró el debate insistiendo en que una bioeconomía verdaderamente inclusiva solo será viable si se derriban barreras legislativas. Subrayó que todo proceso debe operar desde el respeto y la protección, cocreando junto al conocimiento tradicional de quienes habitan y cuidan el bosque. Por su parte, la exviceministra colombiana Bastidas concluyó que los pueblos originarios requieren financiamiento directo hacia sus estructuras organizativas, sin intermediarios gubernamentales, respaldado por marcos como el Protocolo de Nagoya. Para consolidar esta autonomía económica, añadió la necesidad de implementar sellos verdes y etiquetas que certifiquen el trabajo directo de mujeres e indígenas. Así se garantiza un modelo donde la conservación de polinizadores reconoce el saber local. Todo ello bajo la premisa de proteger a quienes cuidan el bosque para asegurar una economía sostenible y justa en el futuro próximo, evitando cualquier tipo de intermediación que pueda debilitar estos esfuerzos comunitarios fundamentales para el ecosistema.

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