Gabriel Gechelin, gerente general de Ferias en Perú, identifica como principal obstáculo el cambio constante de gabinetes ministeriales y la inestabilidad política reciente. Según el experto, esta situación ha paralizado leyes vitales para la industria y genera la expectativa de que un nuevo escenario gubernamental permita destrabar normativas cruciales a favor de la gestión integral de residuos. «La barrera política» es uno de los pilares del debate en el 4º Congreso Internacional de Reciclaje y Residuos, cumbre que se realiza este 20 y 21 de agosto en el Complejo Ferial de Villa, Lima.

Dicho evento busca abandonar la teoría para enfocarse en soluciones netamente industriales. Por ello, reúne a ministerios, municipalidades y empresas privadas frente a maquinaria en vivo y expertos que ya operan en la cadena de valor. Sin embargo, el contexto es alarmante: mientras países vecinos alcanzan tasas de reciclaje del 14 % o superiores, Perú apenas logra reciclar un 2.72 % de los casi 8 millones de toneladas de residuos que produce anualmente.

El país enfrenta un desafío severo para mejorar su manejo de desechos sólidos frente a sus vecinos andinos. El territorio nacional se encuentra rezagado en materia ambiental, generando más de 23 mil toneladas de basura al día pero reciclando cerca del 2 %. Esta realidad es el eje central de la cumbre, donde expertos exigen pasar del discurso a la acción.

El aumento de botaderos y el bajo nivel de reciclaje evidencian la necesidad de mejorar el manejo de la basura en el país. (Foto: Difusión)

La crisis ambiental exige soluciones inmediatas ante cientos de botaderos que siguen creciendo, demostrando la urgencia de transformar las políticas actuales.

El Dr. Alberto Huiman Cruz, investigador certificado por la International Solid Waste Association (ISWA), señala que el bajo índice de reciclaje en Perú responde a un déficit crítico en la gestión municipal. Según el experto, las municipalidades fallan al no implementar sistemas de recolección coherentes y por ello no logran motivar a la ciudadanía para la separación en la fuente desde los hogares. Entre los errores más graves de administración edil, Huiman destaca dos puntos clave: primero, el desaprovechamiento económico, pues muchas alcaldías no ven el reciclaje como una estrategia inteligente para reducir los altos costos operativos del servicio de limpieza pública; y segundo, incentivos perversos que terminan premiando a los malos vecinos con amnistías tributarias, agravando así el grave déficit de recaudación de arbitrios. Los datos presentados en el congreso revelan una fuga masiva de recursos valiosos. El país genera residuos principalmente de plástico, papel, cartón, vidrio y metal, de los cuales el 21 % tiene potencial para el reciclaje. Sin embargo, solo se valoriza el 2.1 % de estos materiales. El resto termina sepultado en rellenos sanitarios, arrojado en botaderos o manipulado por la informalidad. Aunque Perú fue pionero mundial en 2009 al promulgar la Ley 29419 para regular a los recicladores, el sistema no logró la formalización masiva deseada debido a la caída internacional de los precios de los materiales. Por otro lado, Huiman advierte que insumos como el plástico deben ser tratados como commodities en el mercado local. De lo contrario, la informalidad perdurará al no existir un margen de ganancia competitivo que garantice empleabilidad digna para quienes trabajan recolectando estos materiales. La falta de una política económica clara impide transformar este potencial en oportunidades laborales estables y sostenibles para la población vulnerable. Actualmente, sectores clave como construcción, minería, agricultura y pesca pierden diariamente la oportunidad de reinsertar sus desechos en la cadena productiva. Esto ocurre por falta de supervisión obligatoria, mientras la economía circular nacional se estanca en el discurso de políticas públicas y «hojas de ruta». A excepción de algunas transnacionales que importan sus propios estándares, estos sectores no avanza. Para revertir esta crisis ambiental, los especialistas proponen ir más allá de los incentivos tributarios. Es necesario apostar por un ecosistema donde el Estado promueva activamente la adquisición de productos de empresas circulares y reconozca institucionalmente sus esfuerzos. En consecuencia, el reciclaje, respaldado por tecnología y formalidad, se perfila como el camino indiscutible para generar empleos verdes. Este enfoque es vital para asegurar el futuro sostenible del país y transformar la realidad actual en una acción concreta frente a la emergencia ecológica que enfrenta nuestra nación hoy.

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