La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) detectó presuntas irregularidades en el uso del Financiamiento Público Directo que Fuerza Popular recibió durante el 2025. El informe técnico del organismo electoral señala que la agrupación destinó recursos estatales a capacitaciones académicas no aprobadas, a la contratación de una proveedora logística sin la experiencia exigida y a la defensa legal de sus dirigentes en investigaciones por lavado de activos, organización criminal y falsificación de documentos.
En el rubro de formación académica, el partido pagó el Diplomado de Especialización en Gestión Pública impartido por la Universidad San Martín de Porres (USMP) por un total de S/70,000, con un primer desembolso de S/35,000. Además, la ONPE informó que se destinaron S/143,000 a la defensa legal de Luis Galarreta y otros dirigentes investigados por lavado de activos y organización criminal, así como a cursos para afiliados que no aprobaron.
El organismo electoral también detectó que la agrupación fujimorista contrató a una empresa sin la experiencia requerida para servicios logísticos, lo que se suma a las otras observaciones sobre el manejo de los fondos públicos asignados.
La ONPE también observó la contratación de Servic Team S.A.C. por S/110,000 para la producción logística de talleres de liderazgo político en San Martín. La auditoría confirmó que la firma solo contaba con ocho meses de funcionamiento tras su inscripción y figuraba registrada en la SUNAT para actividades ajenas a la producción de eventos, pese a que los Términos de Referencia exigían experiencia acreditada en el rubro. “La empresa proveedora figuraba registrada con actividades económicas principales y secundarias referidas al alquiler de enseres domésticos, enseñanza secundaria de formación general y labores de carpintería, sin acreditar la experiencia mínima requerida para el servicio contratado”, señaló el informe. En cuanto al diplomado, la revisión del informe académico final determinó que cinco de los inscritos desaprobaron el curso y uno no asistió. Ante ello, la ONPE recordó que la normativa prohíbe financiar la formación de alumnos sin nota aprobatoria, por lo que observó el gasto indebido de S/12,000. “En caso el ciudadano o los ciudadanos beneficiarios de estas capacitaciones no obtengan nota aprobatoria, estos gastos no deben ser solventados con los fondos del FPD”, precisó el informe técnico de la ONPE.El informe técnico de la ONPE también detalló que el partido naranja destinó S/143,000 a la contratación de servicios de patrocinio legal durante el periodo 2025. Según el documento, ese monto se usó para pagar a los abogados Édison Huamán Chacón (S/87,000.00) y Juan Carlos Portugal Sánchez (S/56,000.00), con el fin de brindar asistencia legal y defensa técnica en los procesos judiciales en materia penal. Los fondos cubrieron la defensa del partido por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y conducta antidemocrática; la de Luis Galarreta Velarde y Milagros Takayama Jiménez por lavado de activos y otros; y la de Liliana Takayama Jiménez, imputada por fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos y falsificación y uso de documento público falso. “Servicios de patrocinio legal correspondientes al periodo 2025 el partido político utilizó un importe total de S/ 143,000.00, con el propósito de contratar a los abogados Édison Huamán Chacón (S/ 87,000.00) y Juan Carlos Portugal Sánchez (S/ 56,000.00), a fin de brindar asistencia legal y defensa técnica (...) en los procesos judiciales en materia penal”, señala el informe técnico de la ONPE.
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