El abogado de IDL, Carlos Rivera, advirtió que la reciente norma aprobada en primera votación, que permite que militares y policías sean juzgados por fueros castrenses, pone en peligro la investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas de 2022 y 2023 contra Dina Boluarte. Según explicó en Arde Troya, la ley introduce reglas procesales que derivan la competencia de ciertos casos hacia jurisdicciones militares o policiales, en lugar de los fueros ordinarios. Rivera señaló que el inicio del control de acusación contra jefes policiales por los hechos de enero de 2023 coincide con este proyecto de ley, que busca limitar la responsabilidad penal de miembros de las fuerzas del orden. “Esta es la quinta iniciativa que toma el Congreso para excluir de responsabilidades penales a quienes han violado derechos humanos”, sostuvo. El abogado afirmó que, aunque la norma no es de carácter penal, su naturaleza procesal permite que se aplique de forma inmediata a causas en trámite. Esto, advirtió, afectaría el curso de investigaciones ya avanzadas por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, lo que podría obstaculizar la justicia por las muertes registradas en las protestas.

Rivera valoró el trabajo de los fiscales especializados que han logrado avances en investigaciones complejas, como el primer caso bajo control de acusación —el de la represión en Lima— donde la Fiscalía ya tiene investigación concluida, acusación presentada y acusados identificados. Sin embargo, advirtió que si el sistema interno modifica la competencia y traslada esos casos a fueros cerrados, las posibilidades de una condena efectiva se reducen. Por ello, recomendó fortalecer las vías de supervisión supranacional, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El especialista describió un conjunto de iniciativas legislativas —varias ya aprobadas o en trámite— que, a su juicio, conforman un paquete destinado a disminuir responsabilidades por violaciones a derechos humanos. Dijo que ese bloque legal, sumado a la captación de órganos de control y a la presión política, incrementa la probabilidad de que muchos casos queden sin sanción efectiva. La única alternativa para las víctimas sería recurrir al sistema interamericano, un proceso que puede tardar años. Rivera concluyó señalando que la decisión que tomen los tribunales en los próximos meses definirá si el Estado mantiene canales de acceso a la justicia para las víctimas o si se consolida un sistema de impunidad.

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