La Fiscalía especializada en Derechos Humanos ha solicitado ocho años de prisión efectiva para el general y exjefe de la PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang. Se les acusa del delito de 'omisión' por no haber controlado el uso de la fuerza de sus subordinados durante la represión de las marchas de diciembre de 2022, lo que resultó en graves lesiones para dos ciudadanos. El caso se encuentra actualmente en la fase de control de acusación en el Poder Judicial, paso previo a decidir si se inicia un juicio oficial.
La acusación se centra en los hechos ocurridos el 12 de diciembre de ese año. Según las investigaciones, el ciudadano Renato Murillo quedó en estado de coma durante doce días tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, mientras que Benedicto Huaccachi fue herido en la pelvis por un proyectil similar. Además de la privación de su libertad, las autoridades exigen que ambos paguen una reparación económica a las víctimas y que se les prohíba ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses.
Zanabria también afronta otro pedido de 35 años de cárcel por homicidio, en un caso paralelo relacionado con las mismas protestas.
El Ministerio Público también ha solicitado siete años de prisión para el teniente Luis Bazán, sindicado como el autor directo del disparo contra Murillo. Además, se piden seis años de cárcel para el mayor Luis Ávila y el comandante Jorge Celadita; tres años para el suboficial Dino Tarrillo; y dos años para el suboficial Eder Tasayco y el mayor José Solari, acusados por omitir su deber de detener los abusos. Este no es el único proceso que enfrenta Zanabria. La Fiscalía recordó que existe otra acusación en su contra con un pedido de 35 años de cárcel por el delito de homicidio calificado. Ese segundo caso corresponde a la muerte de Víctor Santisteban, un manifestante que falleció tras recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza durante las marchas en Lima, en enero de 2023.
Fiscalía solicita 8 años de prisión para el general PNP Víctor Zanabria por heridos en protestas de 2022
La Fiscalía especializada en Derechos Humanos ha solicitado ocho años de prisión efectiva para el general y exjefe de la PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang. Se les acusa del delito de 'omisión' por no haber controlado el uso de la fuerza de sus subordinados durante la represión de las marchas de diciembre de 2022, lo que resultó en graves lesiones para dos ciudadanos. El caso se encuentra actualmente en la fase de control de acusación en el Poder Judicial, paso previo a decidir si se inicia un juicio oficial.
La acusación se centra en los hechos ocurridos el 12 de diciembre de ese año. Según las investigaciones, el ciudadano Renato Murillo quedó en estado de coma durante doce días tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, mientras que Benedicto Huaccachi fue herido en la pelvis por un proyectil similar. Además de la privación de su libertad, las autoridades exigen que ambos paguen una reparación económica a las víctimas y que se les prohíba ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses.
Zanabria también afronta otro pedido de 35 años de cárcel por homicidio, en un caso paralelo relacionado con las mismas protestas.
El Ministerio Público también ha solicitado siete años de prisión para el teniente Luis Bazán, sindicado como el autor directo del disparo contra Murillo. Además, se piden seis años de cárcel para el mayor Luis Ávila y el comandante Jorge Celadita; tres años para el suboficial Dino Tarrillo; y dos años para el suboficial Eder Tasayco y el mayor José Solari, acusados por omitir su deber de detener los abusos. Este no es el único proceso que enfrenta Zanabria. La Fiscalía recordó que existe otra acusación en su contra con un pedido de 35 años de cárcel por el delito de homicidio calificado. Ese segundo caso corresponde a la muerte de Víctor Santisteban, un manifestante que falleció tras recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza durante las marchas en Lima, en enero de 2023.
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