En una de las zonas más alejadas de la Amazonía peruana, donde organizaciones indígenas buscan desde hace años que el Estado reconozca y proteja a pueblos que viven sin contacto con la sociedad, surge una nueva preocupación. El territorio del Putumayo, en la frontera entre Perú y Colombia, aparece ahora en los posibles planes de operaciones militares de Estados Unidos contra el narcotráfico. La situación genera temor entre representantes indígenas, quienes advierten sobre las consecuencias que una intervención armada podría tener para estas poblaciones, cuya existencia y protección territorial continúan siendo cuestionadas por instituciones estatales.
Un reportaje del periodista Ricardo Velazco, publicado el 23 de octubre en Hildebrandt en sus trece sostiene que militares estadounidenses del Comando Sur habrían recibido autorización del Gobierno peruano para actuar en el Putumayo como parte de la operación “Lanza del Sur”, impulsada por la administración de Donald Trump. Según el semanario, esta estrategia, que ya contempla acciones militares en el Caribe y la Amazonía ecuatoriana, tendría una extensión hacia territorio peruano.
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En septiembre de 2025, la misma comisión bloqueó la creación formal de la Reserva Indígena Yavarí Mirím tras ocho años de investigaciones de campo.
La publicación señala que el pasado 14 de octubre el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, visitó la base militar de El Estrecho, en el distrito de Putumayo, y la sede del Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. Durante su recorrido estuvo acompañado por el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro; el ministro de Defensa, Rafael Belaunde; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Briceño. La visita ocurrió apenas una semana después de que una comisión multisectorial rechazara el estudio que buscaba sustentar el reconocimiento de pueblos indígenas en aislamiento en esta misma zona de Loreto.
Una operación militar que podría extenderse hacia la Amazonía peruana
De acuerdo con Hildebrandt en sus trece, la visita del Comando Sur se desarrolló en el marco de la alianza denominada “Escudo de las Américas”, una plataforma promovida por Washington que, según el reportaje, reúne a 18 países. El semanario recoge declaraciones de un oficial en actividad del Ejército peruano, cuya identidad mantiene en reserva, quien sostiene que el despliegue estadounidense responde también a intereses geopolíticos. La fuente afirma que Estados Unidos busca fortalecer su presencia militar desde Panamá hasta la Amazonía y obtener información estratégica sobre esta región.
El reportaje sitúa estos movimientos en un escenario de creciente intervención militar estadounidense contra presuntas organizaciones vinculadas al narcotráfico. Entre los antecedentes menciona bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y la Amazonía ecuatoriana, así como un balance atribuido a Associated Press de al menos 235 personas fallecidas en estas operaciones. La publicación también recoge cuestionamientos sobre la falta de pruebas públicas que vinculen a todas las víctimas con organizaciones criminales. Estos antecedentes incrementan la preocupación por las consecuencias de una eventual extensión de las acciones militares hacia el Putumayo.
Uno de los principales temores está relacionado con la presencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), poblaciones que enfrentan riesgos particulares ante el ingreso de personas ajenas a sus territorios.
Atacuari y las evidencias sobre pueblos indígenas que el Estado rechazó
La preocupación se produce en un contexto especialmente delicado para la protección territorial de los pueblos indígenas en Loreto. El pasado 7 de octubre, durante la 43.ª sesión de la Comisión Multisectorial de la Ley N.° 28736, fue rechazado el Estudio Previo de Reconocimiento de la solicitada Reserva Indígena Atacuari, ubicada entre las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. La decisión recibió ocho votos en contra, provenientes de los ministerios del Ambiente, Defensa, Interior, Energía y Minas y Desarrollo Agrario y Riego, además del Gobierno Regional de Loreto y las municipalidades de ambas provincias.
El proceso para establecer esta reserva comenzó en 2020, cuando AIDESEP y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) presentaron la solicitud correspondiente ante el Ministerio de Cultura. Posteriormente, la propuesta obtuvo una calificación técnica favorable y, en 2024, se aprobaron los términos para elaborar el estudio. Este documento debía aportar información antropológica y científica que sustentara la existencia de pueblos en aislamiento y permitiera avanzar hacia su reconocimiento legal. Su rechazo impide que el procedimiento continúe por la vía prevista y prolonga la falta de protección territorial que denuncian las organizaciones indígenas.
En declaraciones brindadas a Inforegión, Juan Montero García, presidente de ORPIO, cuestionó que instituciones estatales hayan desestimado las evidencias reunidas sobre la presencia de estas poblaciones. El dirigente defendió el conocimiento que las comunidades indígenas tienen de sus territorios y sostuvo que ese conocimiento no puede ser ignorado durante las decisiones estatales. “Nosotros conocemos este territorio porque hemos nacido y vivido aquí, desde nuestros abuelos y mucho antes. ¿Y cómo es posible que funcionarios del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Defensa, que no conocen nuestra realidad vengan a desconocer la existencia de nuestros hermanos? Lo que ha pasado con Atacuari es una ofensa para los pueblos indígenas”, declaró.
La presencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial en esta zona de Loreto ha sido documentada mediante el Estudio Previo de Reconocimiento de la Reserva Indígena Atacuari, elaborado por el Instituto del Bien Común y Amazon Conservation Team. El documento recoge evidencias y testimonios sobre avistamientos de hasta 350 indígenas en aislamiento de los pueblos Ticuna y Yagua, además de otros 150 indígenas en contacto inicial. La investigación también determinó que el 96 % del territorio propuesto para protección está cubierto por bosques, aunque identificó 348 hectáreas afectadas por la tala ilegal y otras 20 hectáreas destinadas a cultivos de coca vinculados al narcotráfico.
Para Montero, la decisión de la comisión multisectorial resulta especialmente cuestionable porque considera que las autoridades no evaluaron adecuadamente la información presentada. El dirigente sostuvo que algunos representantes reconocieron no haber revisado el documento técnico antes de votar. Además, planteó una interrogante sobre la utilidad de los procedimientos estatales si las pruebas reunidas no son tomadas en cuenta. “¿Para qué nos piden más pruebas si finalmente no las van a tomar en cuenta?”, cuestionó. Estas observaciones coinciden con las denuncias de AIDESEP sobre la falta de sustento técnico para rechazar el estudio.
Organizaciones indígenas cuestionan el bloqueo de reservas y exigen protección
El caso de Atacuari no constituye un antecedente aislado. En septiembre de 2025, la misma comisión multisectorial bloqueó el avance de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, una propuesta destinada a proteger más de 1,16 millones de hectáreas y a cinco pueblos indígenas cuya existencia ya había sido reconocida formalmente por el Estado. Para el presidente de ORPIO, ambas decisiones reflejan una posición institucional que obstaculiza la protección de estos territorios. “Nosotros creemos que aquí hay una consigna política, una orden desde arriba para impedir que se creen más reservas indígenas, porque ya pasó con Yavari Mirim, donde el propio Estado reconoció la existencia de estos pueblos y después les negó la protección de su territorio”, afirmó.
Las decisiones también han generado cuestionamientos al uso de los recursos de cooperación internacional destinados a la protección de los bosques amazónicos. AIDESEP ha denunciado que algunas entidades estatales que reciben financiamiento climático participan, al mismo tiempo, en decisiones que impiden establecer nuevas reservas indígenas. Por ello, solicitó a los organismos y países cooperantes suspender las transferencias hacia los sectores involucrados hasta que existan garantías de protección para los PIACI. Entre los mecanismos cuestionados figura la Declaración Conjunta de Intención, mediante la cual el Perú recibe cooperación para la conservación forestal y la lucha contra el cambio climático.
Montero respaldó esta exigencia y cuestionó las contradicciones que, a su juicio, existen entre los compromisos ambientales del Estado y sus decisiones sobre los territorios indígenas. “Por eso nos sumamos al pedido de AIDESEP de suspender el financiamiento climático a estos sectores del Estado. También exigimos respuestas a la cooperación internacional”, señaló. El dirigente también advirtió sobre las limitaciones institucionales para garantizar la vigilancia de estas zonas. “El Ministerio de Cultura ha demostrado una enorme debilidad institucional. Tenemos puestos de vigilancia desatendidos y recursos insuficientes para proteger estos territorios”, manifestó.
Finalmente, para el presidente de ORPIO, la prioridad es evitar que estos pueblos permanezcan expuestos a decisiones tomadas sin considerar su presencia. “Nuestros hermanos aislados no pueden venir a Lima a defenderse. Ellos permanecen en el bosque evitando el contacto para sobrevivir. Y nosotros no vamos a permitir que el Estado peruano los condene a desaparecer”, concluyó.
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