El bloqueo sistemático del Estado frena la creación de reservas indígenas y deja en mayor vulnerabilidad a los pueblos en aislamiento en el Perú

El marco institucional diseñado por el Estado peruano para salvaguardar a los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y en Contacto Inicial (PIACI) atraviesa un momento de severo quiebre normativo. Lejos de tratarse de una discrepancia administrativa aislada, los recientes desenlaces en la Comisión Multisectorial de la Ley N.° 28736 evidencian un patrón coordinado y recurrente de entidades públicas, del Gobierno Central, regional y municipal, orientado a paralizar el reconocimiento territorial de estas comunidades.

Así lo advirtió en entrevista radial con La Voz de la Selva de Iquitos Miguel Macedo, especialista y responsable del Instituto del Bien Común (IBC), sumándose al enérgico reclamo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

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Un bloque estatal mayoritario contra la evidencia técnica

El episodio más reciente ocurrió durante la 43° sesión de la Comisión Multisectorial, en la que se sometió a votación el Estudio Previo de Reconocimiento (EPR) para la creación de la Reserva Indígena solicitada Atacuari, en la frontera de Loreto. El estudio fue desestimado por un bloque estatal mayoritario de ocho votos en contra emitidos por los ministerios de Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego (Serfor), Ambiente, Interior, Defensa, el Gobierno Regional de Loreto y las municipalidades provinciales de Mariscal Ramón Castilla y Putumayo. En contraposición, el respaldo provino únicamente de las organizaciones indígenas, la academia (UNMSM y PUCP) y sectores como Cultura, Salud y Educación.

La desaprobación de Atacuari confirma una línea de conducta institucional. En septiembre de 2025, la misma comisión bloqueó la creación formal de la Reserva Indígena Yavarí Mirím tras ocho años de investigaciones de campo y gabinete, dejando sin salvaguarda jurídica a más de 1,16 millones de hectáreas de bosque ancestral y a cinco pueblos reconocidos formalmente mediante decreto supremo.

Macedo denunció que los representantes de las entidades públicas votaron en contra sin siquiera revisar de manera rigurosa los expedientes. Alertó que se desestimaron informes técnicos y evidencias científicas de campo que documentaban avistamientos fortuitos, tomas satelitales, vestigios materiales y ubicación de malocas habitadas.

Intereses económicos sobre el principio de no contacto

Detrás de este alineamiento de votos subyace la priorización explícita de proyectos extractivos, concesiones y obras viales en zonas de frontera. En sus declaraciones a la emisora loretana, Macedo subrayó que diversas dependencias públicas apelan al desconocimiento y a la exigencia irrazonable de contactos directos o avistamientos presenciales para validar la existencia de estos pueblos.

Esta exigencia vulnera de forma abierta el principio de precaución y las normas internacionales. Al poseer una extrema vulnerabilidad inmunológica frente a enfermedades foráneas, cualquier interacción física directa representa un riesgo de muerte masiva para las familias en aislamiento. Por ello, los protocolos científicos exigen metodologías indirectas no invasivas, de modo que condicionar la protección a un contacto visual deliberado constituye una barrera administrativa para evitar la intangibilidad del territorio.

La contradicción frente a la cooperación internacional

Esta postura debilita la credibilidad del Estado peruano ante la comunidad internacional. Mientras el país capta decenas de millones de dólares a través de mecanismos como la Fase II de la Declaración Conjunta de Intención (DCI), el Banco de Desarrollo Alemán (KfW) y el Banco Mundial bajo el compromiso de conservar los bosques amazónicos y mitigar la crisis climática, en la práctica sus instituciones desmantelan la protección legal de los ecosistemas primarios habitados por los PIACI. El propio estudio técnico de Atacuari fue financiado con recursos de la DCI y terminó siendo vetado por los mismos sectores estatales receptores de esa cooperación.

Frente a ello, Aidesep ha solicitado formalmente a los cooperantes congelar los desembolsos climáticos destinados a los ministerios y gobiernos regionales que obstaculizan las reservas indígenas. Por su parte, desde los micrófonos de La Voz de la Selva, Miguel Macedo convocó a la ciudadanía amazónica a fiscalizar a los funcionarios públicos, recordando que la omisión de funciones y el voto sin sustento técnico están dejando en la indefensión a las poblaciones más vulnerables del país.

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