La exliquidadora Consultores A-1 no logró acreditar la mayor parte de los desembolsos observados durante su gestión. Entre los gastos cuestionados figuran pagos fuera del presupuesto aprobado y alquileres que triplicaron el monto establecido.
La liquidación de Doe Run Perú acumula cerca de 14 años y suma nuevas observaciones a la gestión de los recursos durante el proceso concursal.Composición LR/AndinaPor Juan IparraguirreViernes 23 de Octubre del 2026 · 20:09h
La República en GoogleEl Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso multas por un total de 101,52 UIT, equivalentes a S/558.360, a la exliquidadora de Doe Run Perú, Consultores A-1, y a su representante legal, Héctor Iriarte Tejada. Tras la revisión de un recurso de reconsideración, quedaron sin acreditar US$8,13 millones y S/2,94 millones en gastos reportados durante la liquidación.
Puedes verLas observaciones iniciales fueron recogidas en la Resolución N.° 8853-2026/CCO-INDECOPI y corresponden a desembolsos incluidos en informes trimestrales entre marzo de 2022 y diciembre de 2023. Según la entidad, los documentos presentados no permitieron sustentar suficientemente diversos pagos ni identificar con claridad algunos proveedores o los servicios vinculados con esos gastos.
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Los conceptos observados incluyen consultorías, combustible, pagos a comunidades, servicios básicos, comedor, insumos y asesorías legales. También se cuestionaron desembolsos que excedían los límites presupuestarios o que no estaban contemplados en el presupuesto aprobado.
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La liquidación de Doe Run Perú se prolonga desde hace aproximadamente 14 años, en un proceso que aún enfrenta cuestionamientos sobre la gestión de los recursos y la documentación de los gastos. En ese contexto, las sanciones impuestas a la anterior liquidadora se centran en desembolsos que no pudieron ser acreditados ante la autoridad concursal.
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Gastos fuera del presupuesto superaron los US$5 millones
Entre los principales cuestionamientos figuran gastos no presupuestados por S/2,82 millones y US$5,09 millones, que, según el procedimiento, se habrían realizado sin la aprobación de la junta de acreedores. Estos representaban el 64,27% del total de gastos observados.
Dentro de ese grupo se encuentran pagos atribuidos a comunidades campesinas por S/1,8 millones y más de US$1,6 millones que no contaban con sustento formal suficiente.
También se observaron cerca de US$1,14 millones por consultorías relacionadas con el procedimiento concursal y con autorizaciones, licencias y permisos para operaciones mineras. A ello se sumaron US$141.600 por servicios informáticos y custodia de archivos digitales, así como US$148.680 por archivo físico e inventario.
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Otro desembolso cuestionado fue el de US$734.299 por asesoría contable para Representaciones Milán S.A.C. La documentación presentada no permitió sustentar suficientemente ese gasto ante la autoridad concursal.
Las observaciones también alcanzaron los pagos por alquiler de oficinas. Aunque el presupuesto establecía un máximo de US$4.000 mensuales, se reportaron desembolsos de US$12.000 al mes, el triple del límite previsto.
En asesoría legal se registraron gastos por S/30.000 y US$531.857. Según las observaciones del procedimiento, cerca del 80% del monto en dólares habría correspondido al Estudio Almerco y excedido lo presupuestado. Asimismo, se cuestionó un desembolso de US$1.506.392 registrado bajo el concepto de honorarios.
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Consultores A-1 solo acreditó el 10% y entregó documentación incompleta
La Resolución N.° 10853-2026/CCO-INDECOPI determinó que Consultores A-1 había sustentado US$921.919,84 de los gastos observados en esa moneda, alrededor del 10%. Tras la revisión, permanecieron sin acreditar US$8.133.660,16 y S/2.947.347,32.
La revisión también comprendió la documentación entregada a los liquidadores posteriores, Alva Legal y Marco Eusebio Chávez Magán. Parte de los documentos solicitados para sustentar los gastos observados no figuraba entre los registros transferidos, según los antecedentes del procedimiento.
La falta de esos documentos dificultó contrastar determinados desembolsos de la gestión anterior. Consultores A-1 dispone de 15 días hábiles desde la notificación correspondiente para presentar una apelación contra la decisión del Indecopi.
- INDECOPI
- Doe Run
- Ministerio de Energía y Minas
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