La organización Amazon Frontlines documentó 39 casos de riesgo urgente contra personas defensoras de derechos humanos, comunidades indígenas y colectivos ambientales en la Amazonía de Perú, Colombia y Ecuador. Los resultados forman parte del informe Defender la Amazonía bajo amenaza, que analiza situaciones de violencia, criminalización y dificultades de protección en los tres países.
La investigación se desarrolló entre julio de 2024 y mayo de 2026, mediante el monitoreo del programa Defender Defensorxs. El documento examina amenazas contra dirigentes comunitarios, autoridades indígenas y organizaciones territoriales. También identifica factores relacionados con actividades extractivas, economías ilegales y disputas por el control de recursos naturales.
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Criminalización representa el 39,5 % de las amenazas registradas
Según el informe, la criminalización mediante mecanismos penales y administrativos concentra el 39,5 % de los registros de amenazas. Las intimidaciones y agresiones directas representan el 23,7 %, mientras que las presiones indebidas alcanzan el 15,8 %. También se identificaron situaciones de ruptura del tejido social (13,1 %) y desplazamiento forzado o restricciones a la movilidad (7,9 %).
Respecto a los presuntos responsables, el documento registra 14 menciones a policías, militares y otros actores estatales. Asimismo, identifica 13 menciones a empresas extractivas o personas vinculadas a estas actividades, ocho a grupos armados irregulares y cuatro a empresas agroindustriales. El estudio señala que los hechos se concentran principalmente en territorios rurales y fronterizos.
Perú reporta 38 asesinatos de indígenas defensores en diez años
En Perú, el informe identifica a la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico entre los factores que incrementan los riesgos territoriales. De acuerdo con registros de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), al menos 15 personas indígenas fueron asesinadas entre 2020 y 2026. La organización reporta 38 víctimas durante los últimos diez años.
El documento también señala dificultades en la implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. A ello se suma la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado peruano. Según Amazon Frontlines, estas condiciones limitan las medidas de prevención y respuesta frente a las amenazas.
Durante la presentación del estudio, el apu Julio Cusurichi Palacios, integrante del Consejo Directivo de Aidesep, cuestionó la respuesta estatal ante las denuncias. “En el Perú, por defender nuestros territorios, nuestra Amazonía, nuestra vida somos criminalizados, somos denunciados, somos incluso muertos y hoy más. En estos últimos 10 años 38 hermanos murieron por defender su territorio”.
Ecuador y Colombia presentan otros escenarios de riesgo
En Ecuador, la criminalización representa el 53,1 % de las amenazas registradas por el informe. Entre los hechos documentados figuran investigaciones penales, bloqueos de cuentas bancarias y restricciones que afectan las actividades de organizaciones indígenas. Amazon Frontlines también cuestiona medidas normativas que, según su análisis, limitan el ejercicio de la protesta social.
En Colombia, el estudio identifica riesgos asociados con la presencia de grupos armados, el reclutamiento y las presiones relacionadas con la deforestación. Como referencia, recoge cifras de Global Witness, organización que documentó 48 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente en el país durante 2024.
El informe también advierte limitaciones en los esquemas individuales de protección que aplica la Unidad Nacional de Protección de Colombia. Según Amazon Frontlines, estas medidas no siempre responden a situaciones que afectan a comunidades completas, especialmente en territorios donde las guardias indígenas desarrollan labores de vigilancia.
Informe plantea fortalecer las medidas de protección
En cuanto a las acciones de apoyo registradas, el 29,4 % estuvo dirigido a organizaciones de derechos humanos, organizaciones indígenas o comunidades. El 23,5 % benefició a guardias indígenas y el 17,6 % a personas defensoras indígenas de manera individual. Estas cifras forman parte del análisis sobre las necesidades de protección en los territorios amazónicos.
La asistencia técnica legal concentró el 25 % de las medidas registradas para mitigar riesgos, seguida del apoyo para movilización segura, con 16,7 %. Las acciones de seguridad física representaron el 15 %, mientras que la asistencia médica o psicológica y la protección espiritual y comunitaria alcanzaron el 8,3 % cada una.
A partir de estos resultados, Amazon Frontlines solicitó a los gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador investigar las agresiones y fortalecer los mecanismos de protección. La organización también planteó incorporar medidas colectivas con participación de los pueblos indígenas. En materia normativa, pidió la ratificación del Acuerdo de Escazú en Perú y su implementación efectiva en Colombia y Ecuador.
Accede al informe completo, aquí.
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