Las comunidades Awajún del distrito de Manseriche, en la provincia de Datem del Marañón, Loreto, enfrentan una creciente preocupación por el avance de las concesiones mineras sobre sus territorios. Según las organizaciones indígenas de la zona, actualmente existen 248 lotes mineros que comprenden más de 105 mil hectáreas, una extensión que incluye áreas vinculadas a sus territorios ancestrales y recursos naturales. Ante esta situación, sus representantes han exigido al Estado detener nuevas solicitudes y anular las concesiones que consideran una amenaza para sus fuentes de agua, bosques y medios de subsistencia.

El rechazo quedó plasmado en un pronunciamiento conjunto suscrito el 8 de octubre de 2026, luego de una reunión desarrollada en San Lorenzo, en la sede de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI-SL). En el encuentro participaron su presidenta, Elaine Shajian Shawit; representantes de la Organización de los Pueblos Indígenas del Sector Manseriche (ORPISEM), Ijumbau Chapi Shiwag y la Federación Nativa Awajún del Marañón (FENAM), además de representantes sectoriales del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Awajún (KAKAJAM). Las organizaciones coincidieron en la necesidad de adoptar medidas inmediatas para impedir que continúe la expansión de los derechos mineros sobre sus territorios.

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Dragas mineras ubicadas en el río Tigre. Datos: ACCA, Google Earth.

Manseriche concentra 248 de los 401 lotes mineros registrados en Datem del Marañón

La magnitud de la situación se refleja en las cifras presentadas por las propias organizaciones. De acuerdo con el pronunciamiento, la provincia de Datem del Marañón registra 401 lotes mineros que comprenden una superficie total de 177 110,744 hectáreas. De ellos, 248 se encuentran en el distrito de Manseriche y abarcan 105 811 hectáreas, lo que convierte a este distrito en uno de los principales focos de preocupación de las comunidades que cuestionan la superposición de derechos mineros con sus territorios.

El documento también diferencia la situación administrativa de estos lotes. En Manseriche, 147 ya cuentan con títulos otorgados y comprenden 59 011 hectáreas, mientras que otros 101 permanecen en trámite y representan 46 800 hectáreas adicionales. Esta distinción resulta importante porque, aunque no todos los lotes tienen el mismo estado de aprobación, las organizaciones cuestionan tanto los derechos ya concedidos como las solicitudes que podrían ampliar la superficie destinada a la actividad minera.

Más allá de las cifras, el principal cuestionamiento de los representantes Awajún se relaciona con la forma en que el Estado administra las concesiones sobre territorios indígenas. Las organizaciones denuncian que se han otorgado derechos mineros y continúan tramitándose nuevas solicitudes sin garantizar el respeto a la consulta previa, libre e informada, un derecho reconocido en la Ley N.° 29785 y vinculado con las obligaciones asumidas por el Perú mediante el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Deforestación minera en el río Marañón. Datos: ACCA, Planet

Para las comunidades, esta situación no se limita a una controversia sobre la asignación de derechos mineros. También involucra su capacidad para participar en las decisiones que afectan sus territorios, conservar los recursos naturales que utilizan y proteger las actividades tradicionales que sostienen su vida comunitaria. Por ello, consideran necesario que las autoridades atiendan sus demandas antes de que se autoricen nuevas intervenciones vinculadas con la minería.

El río Marañón, las fuentes de agua y la alimentación de las comunidades entre las principales preocupaciones

Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento es la protección del agua. Las organizaciones advierten que una eventual expansión de las actividades extractivas podría afectar la cuenca del río Marañón, sus afluentes y otras fuentes de agua dulce de las que dependen las comunidades. También expresan preocupación por los posibles efectos sobre los bosques y la biodiversidad, debido a la relación que mantienen estos ecosistemas con las actividades económicas y alimentarias de la población indígena.

“El agua no es una mercancía, es un derecho humano fundamental”, sostienen las organizaciones en su pronunciamiento. Con esta afirmación, los representantes Awajún buscan destacar que la protección de los recursos hídricos no solo responde a una preocupación ambiental, sino también a la necesidad de garantizar condiciones esenciales para la vida y el bienestar de las comunidades que habitan estos territorios.

Los posibles impactos también alcanzan a la agricultura tradicional, la pesca, la caza y la recolección, actividades que forman parte de la economía y la alimentación de las familias Awajún. Las organizaciones temen que la expansión minera altere las condiciones ambientales necesarias para desarrollar estas prácticas y comprometa su soberanía alimentaria. En ese sentido, advierten que la afectación de los ecosistemas podría tener consecuencias que trascienden el deterioro ambiental, al poner en riesgo sus formas de subsistencia y la continuidad de sus prácticas tradicionales.

Exigen suspender solicitudes mineras y fortalecer la vigilancia territorial

Frente a este escenario, las organizaciones indígenas solicitaron al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas, la suspensión inmediata de las solicitudes, licencias, exploraciones y operaciones mineras en Manseriche y en la provincia de Datem del Marañón. Asimismo, exigieron la anulación de las concesiones tituladas y de los procedimientos que permanecen en trámite, al considerar que su superposición con territorios indígenas representa un riesgo para los derechos colectivos de las comunidades.

Las demandas también comprenden una fiscalización ambiental rigurosa de las actividades extractivas y la aplicación de sanciones cuando las autoridades comprueben daños al ambiente. A ello se suma el pedido de detener la criminalización de los defensores indígenas y promover alternativas económicas sostenibles que respondan a las necesidades y prioridades de las propias comunidades, sin comprometer los recursos naturales de los que dependen.

Como parte de los acuerdos alcanzados durante la reunión, los jefes comunales asumieron el compromiso de suscribir la documentación necesaria para reportar y denunciar las actividades identificadas en sus territorios. También plantearon fortalecer las capacidades de las autoridades y representantes indígenas en gestión de fondos y administración, así como implementar mecanismos de control comunitario que permitan prevenir el uso indebido de los recursos y del patrimonio de las comunidades.

Finalmente, las organizaciones convocaron a la ciudadanía, los movimientos sociales y otros pueblos indígenas a mantenerse atentos a la situación de Manseriche y respaldar la protección de sus territorios. Desde CORPI-SL, la coordinación con las federaciones de base y las autoridades territoriales Awajún busca reforzar la vigilancia comunitaria y la defensa de los derechos colectivos, mientras las comunidades esperan una respuesta de las instituciones estatales frente a las concesiones y solicitudes mineras cuestionadas.

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