La minería ilegal de oro se está extendiendo por los ríos de Loreto a una velocidad que empieza a cambiar la dimensión del problema. Entre 2017 y junio de 2026 se contabilizaron 1518 registros de dragas mineras en la región, pero casi la mitad apareció recientemente: 704 corresponden solo a 2025 y 2026, equivalentes al 46 % de todo lo registrado en ese periodo histórico. La actividad ya ha sido identificada en 13 ríos amazónicos y, en algunos de ellos, la mayoría de detecciones se concentra precisamente en estos dos últimos años.
El nuevo informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés), MAAP #247, publicado el 16 de agosto, permite seguir esa expansión desde el espacio. Para identificar las dragas, el monitoreo revisó imágenes satelitales de muy alta resolución de Planet, Maxar y Google Earth Pro, además de reportes de distintas instituciones. Así se encontraron registros en los ríos Atacuari, Chambira, Cotuhe, Curaray, Marañón, Mazán, Nanay, Napo, Patayacu, Pintuyacu, Putumayo, Tigre y Yaguas. Entre ellos, Nanay, Marañón, Tigre y Mazán acumulan las mayores cifras históricas.
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Pero contar dragas muestra solo una parte del problema. Las imágenes también permiten observar dónde aparecen nuevos puntos de extracción y qué ocurre alrededor. Por ejemplo, en el Nanay ya se identifican pérdidas de bosque en zonas ribereñas y en el Marañón, la minería ha avanzado varios kilómetros hacia tierra firme abriendo a su paso pozas, campamentos y otras infraestructuras.
Nanay y Tigre concentran el avance reciente de la minería ilegal
El río Nanay concentra las cifras más altas. Desde que aparecieron los primeros registros en 2021 hasta 2026, MAAP contabilizó 1076 registros de dragas en diferentes secciones del río. La tendencia ayuda a entender la rapidez del avance. Fueron 221 en 2023, 301 en 2024 y 421 durante 2025 y 2026. Las detecciones, además, comenzaron a aparecer en nuevos sectores, ampliando el espacio donde se desarrolla esta actividad.
Más el impacto en el Nanay no se limita a las dragas que operan en el río. Durante 2025 y 2026, MAAP también identificó pérdida de bosque en zonas cercanas a sus riberas, un cambio que estaría relacionado con la extracción de oro. Estas afectaciones aparecen en pantanos de palmeras, bosques de colina baja y bosques aluviales inundables. La preocupación es mayor porque el Nanay es la principal fuente de agua de Iquitos. Ante el avance de la minería, el Estado suspendió la admisión de nuevos petitorios y el otorgamiento de concesiones mineras en el área establecida para esta cuenca.
Si el Nanay refleja la mayor acumulación histórica, el río Tigre muestra con mayor claridad cuánto puede crecer la minería en poco tiempo. Entre 2021 y 2026 se contabilizaron 73 registros de dragas, pero 67 aparecieron únicamente en 2025 y 2026. En otras palabras, el 91 % de todo lo registrado en este río se concentra en los dos últimos años. Las imágenes muestran extracción cerca de las riberas y presencia de dragas próximas a centros poblados.
El Putumayo sigue una tendencia similar, aunque con una cantidad menor. Allí se registraron 29 dragas entre 2020 y 2026 y 17 corresponden a 2025 y 2026, es decir, el 58 %. Su ubicación añade otra dificultad para el control: el río forma parte de la frontera entre Perú y Colombia. MAAP advierte que en cuencas fronterizas como esta, y también en el Tigre, las organizaciones criminales pueden aprovechar la movilidad entre países para trasladar insumos ilícitos, incluido mercurio, o cruzar los límites internacionales para evadir las acciones de las autoridades peruanas.
Minería avanza desde el Marañón y deforesta 868 hectáreas en Manseriche
En el Marañón, el impacto resulta especialmente visible porque la actividad minera no se queda únicamente dentro del agua. En el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, las imágenes muestran zonas deforestadas para instalar pozas e infraestructura minera en áreas cercanas al río. Hasta 2026, la deforestación histórica atribuida a esta actividad alcanzó 868 hectáreas. Solo en 2025 se perdieron más de 600 hectáreas, marcando un salto frente al crecimiento que se venía registrando entre 2020 y 2024.
Una parte considerable de esa transformación es reciente. Entre 2025 y 2026 se detectaron nuevas zonas mineras que sumaron 493 hectáreas de pérdida de bosque, equivalentes al 54 % de toda la deforestación minera acumulada en el distrito. Algunas se encuentran hasta seis kilómetros del río Marañón, donde el monitoreo satelital observó pozas, campamentos y dragas. En paralelo, dentro del propio río y en pozas cercanas se contabilizaron 187 registros de dragas entre 2022 y 2025; 108 corresponden únicamente a 2025, el 57 % del total registrado.
El avance coincide con una creciente presión por acceder al territorio. Para junio de 2026, Manseriche tenía 241 concesiones mineras registradas en el catastro del Ingemmet: 122 tituladas, 115 en trámite, dos extinguidas y dos bajo otras condiciones. Solo en 2025 se registraron 109 nuevas solicitudes de concesiones. Ese mismo año también se produjo el mayor salto en la pérdida de bosque. MAAP señala que este incremento estaría asociado al fuerte aumento del precio internacional del oro, que habría influido en la expansión de la actividad minera en la zona.
El análisis del Registro Integral de Formalización Minera abre otra alerta. En Manseriche había nueve inscripciones en el REINFO, pero al contrastarlas con el catastro del Ingemmet, MAAP encontró que solo tres estaban asociadas a concesiones ubicadas en el distrito. En los otros seis registros, el derecho minero consignado no existía en ese catastro. Además, de las concesiones relacionadas con estas inscripciones, el monitoreo detectó actividad minera únicamente en una: Golden Rose 4. El reporte advierte que, en el contexto amazónico, el REINFO puede ser utilizado fraudulentamente por operadores ilegales para intentar frenar acciones fiscales y de interdicción.
Todo esto ocurre pese a que el uso de dragas y equipos similares para realizar minería en cuerpos de agua está expresamente prohibido por el Decreto Legislativo N.° 1100. Por eso, el informe coloca el problema en otro punto: Loreto no carece de una prohibición, sino de capacidad suficiente para hacerla cumplir de manera sostenida. Las distancias ayudan a explicar parte de esa dificultad. Hay sectores afectados a los que solo se puede llegar después de varias horas o incluso días de navegación, elevando los costos de los operativos y haciendo difícil mantener una presencia permanente del Estado.
Las interdicciones han permitido destruir dragas y reducir temporalmente la capacidad de operación, pero no han logrado detener la expansión. MAAP señala que el monitoreo satelital muestra cómo la minería puede reaparecer rápidamente después de las intervenciones. Detrás de cada draga existen además cadenas que permiten que la actividad vuelva a funcionar: financiamiento, comercialización del oro, abastecimiento de combustible, mercurio y maquinaria, además de posibles operaciones de lavado de activos. Mientras esas redes continúen funcionando, retirar los equipos del río puede convertirse solo en una solución temporal.
En lugares donde la presencia estatal es limitada, parte de la vigilancia termina recayendo también sobre quienes viven en el territorio. Organizaciones indígenas y comunidades locales participan en monitoreos, vigilancia comunal y alertas sobre el avance de la minería, especialmente en cuencas como el Nanay y Putumayo. Sin embargo, líderes, vigilantes comunales e incluso guardaparques han recibido amenazas e intimidaciones por denunciar estas actividades.
Con la minería extendida ya sobre 13 ríos y con casi la mitad de los registros históricos de dragas concentrados en apenas dos años, el informe plantea que contener su avance requerirá ir más allá de destruir maquinaria. Involucra también perseguir las redes financieras y criminales, corregir irregularidades en la formalización, reforzar el control en las fronteras y proteger a quienes todavía vigilan los ríos desde el territorio.
*Accede al reporte de MAAP aquí.
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