La minería ilegal en Madre de Dios incrementó la demanda de combustible hasta ocho veces por encima del promedio nacional, según informó el Colectivo País Seguro. La organización vinculó este consumo con el uso de retroexcavadoras, volquetes, dragas y otras maquinarias empleadas en actividades de extracción ilegal.
De acuerdo con la alerta, el tráfico ilícito de combustibles es uno de los componentes logísticos que permite sostener estas operaciones. Frente a ello, el colectivo planteó reforzar el control de la cadena de suministro de insumos utilizados por redes dedicadas a la minería ilegal.
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Rutas de combustible
El Colectivo País Seguro señaló que una sola draga que opera en ríos puede consumir hasta 250 galones de diésel por semana. Según la organización, este nivel de demanda evidencia la importancia del abastecimiento constante de combustible para mantener operativa la maquinaria.
La organización también identificó más de 14 rutas de contrabando, terrestres y fluviales, usadas para desviar combustibles desde regiones vecinas y países fronterizos hacia zonas de minería ilegal. Entre los puntos mencionados figura La Pampa, en Madre de Dios.
Mercurio y Reinfo
El colectivo advirtió además que el uso de mercurio continúa en aumento, principalmente en Madre de Dios y Puno. Según la información difundida, este insumo ingresaría de contrabando desde Bolivia, país que incrementó sus importaciones de mercurio.
A ello se suma el uso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El Colectivo País Seguro sostuvo que organizaciones criminales recurren a este mecanismo para justificar y “blanquear” el transporte masivo de combustibles e insumos destinados a actividades ilegales.
En ese contexto, la organización planteó que las acciones de interdicción no se limiten a destruir maquinaria. También propuso cortar el abastecimiento de combustibles e insumos químicos que permite sostener las operaciones de minería ilegal.
Sentencia por transporte de combustible
En un caso vinculado al tráfico de insumos para minería ilegal, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Nauta informó que obtuvo una sentencia de cinco años de prisión suspendida contra Manuel Castillo.
Según el Ministerio Público, Castillo fue intervenido el 21 de junio de 2026 en inmediaciones del río Tigre, en Loreto, cuando transportaba 5000 galones de combustible, entre gasolina y diésel, a bordo de la embarcación fluvial BIP BIP, con destino a la localidad de Intuto.
Durante la intervención, personal de la Marina de Guerra del Perú también incautó 2000 galones de combustible sin facturas, guías de remisión ni permisos legales. Además, las autoridades hallaron motores diésel, motobombas, un grupo electrógeno, baterías industriales, una escopeta y otros implementos presuntamente utilizados para minería ilegal.
Castillo se acogió a la terminación anticipada y aceptó su responsabilidad penal. Por ello, recibió una condena de cinco años de prisión suspendida y deberá pagar S/9000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.
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