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Un reportaje de Cuarto Poder reveló que la diputada de Juntos por el Perú, Graciela Chipana, afronta un juicio oral por presunta discriminación agravada contra un niño con autismo. El caso se remonta a abril de 2025, cuando la parlamentaria trabajaba como docente en el colegio San Antonio de Padua, en Moquegua. La Fiscalía solicitó una condena penal y su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Según la acusación fiscal, la entonces profesora habría impedido que el menor ingresara al aula de 3 años y exigido a sus padres contratar una profesora "sombra", cuyo costo no podían asumir. El proceso se encuentra en la etapa de presentación de pruebas. Chipana rechaza la acusación y afirma que continuará asistiendo a las citaciones judiciales para defender su inocencia.

Acusan a Graciela Chipana de presunto caso de discriminación

Los hechos investigados ocurrieron cuando Chipana estaba a cargo de un aula de niños de 3 años en el colegio San Antonio de Padua, en Moquegua. De acuerdo con la Fiscalía, la docente habría afectado el derecho a la educación del menor al impedirle entrar al salón y solicitar que su familia contratara una asistente particular para acompañarlo durante las clases.

Entre las pruebas presentadas figuran audios en los que, según la acusación, Chipana señala que atender al niño le resultaba desgastante debido a sus dificultades de lenguaje. También se encuentra la declaración de Evita Quispe Martel, auxiliar del colegio, quien afirmó ante las autoridades que la profesora cerró la puerta del aula al menor y lo dejó en el patio. Según su testimonio, la docente recomendó a los padres cambiarlo de institución si no podían pagar una asistente particular.

La defensa de la parlamentaria, a cargo de los abogados José Domingo Pérez y Aldo Álvarez Hurtado, sostuvo que las expresiones de la entonces profesora respondían a una preocupación por las necesidades de atención del alumno y no constituían un acto discriminatorio.

La denuncia contra la diputada fue presentada por la directora del colegio, no por el padre del niño, Ysai Cáceres, quien manifestó que continuará con el proceso para promover un trato igualitario para los menores con discapacidad en las escuelas públicas.

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La diputada de Juntos por el Perú, Graciela Chipana, enfrenta un juicio que podría costarle su curul. La fiscalía la acusa de haber vulnerado los derechos de un pequeño de apenas 3 años cuando era su maestra en Moquegua. Audios y testimonios detallan el caso.… pic.twitter.com/6JBcW80ts5

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) October 12, 2026

Fiscalía pide condena e inhabilitación contra Chipana

El Ministerio Público solicitó una condena penal contra Chipana por presunta discriminación agravada, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos. El juicio oral permanece en la etapa de presentación de pruebas y, según el reportaje de Cuarto Poder, podría concluir en un plazo aproximado de tres meses.

La acusación se sustenta en los hechos que habrían ocurrido durante su etapa como docente, antes de que asumiera su puesto en la Cámara de Diputados. Los audios y el testimonio de la auxiliar forman parte de los elementos expuestos en el proceso. La defensa, por su parte, mantiene que las palabras atribuidas a Chipana no tuvieron una intención discriminatoria.

Hasta que exista una sentencia, la parlamentaria conserva su derecho a la presunción de inocencia. Tras ser consultada por el programa, la diputada señaló que el caso se trataría de un tema de "mala información" y que las instancias correspondientes determinarán cuál será su conclusión.

"Yo me estoy sometiendo a todo este proceso con la claridad que se merece el hecho", señaló la legisladora. Por su lado, Domingo Pérez argumentó que "esta situación no puede ser considerada como un acto de discriminación".

¿La diputada de Juntos por el Perú podría perder su escaño?

La situación judicial de Chipana también plantea dudas sobre la continuidad de su cargo parlamentario en caso de una sentencia condenatoria.

Según el abogado penalista André Sota Vásquez, consultado por Cuarto Poder, una condena firme por discriminación agravada podría tener consecuencias sobre su permanencia en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el efecto dependerá de la decisión judicial y de las normas aplicables.

El artículo 36 del Código Penal contempla que la inhabilitación puede privar a una persona de la función o cargo que ejercía, incluso si fue elegida por votación popular. Por ello, es necesario conocer los términos de una eventual sentencia para establecer sus consecuencias concretas sobre el cargo de la legisladora.

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