La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, presentó un requerimiento contra la excongresista fujimorista María Cordero Jon Tay por el presunto delito de concusión en agravio del Estado, en el marco del caso 'Mochasueldos'.
El pedido fiscal incluye cuatro años de prisión efectiva, 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de S/ 30.200 contra la exlegisladora. La acusación la señala como autora del delito previsto en el artículo 382 del Código Penal.
El caso tiene un segundo investigado: Braden Alexander Paredes Calla, excolaborador del Congreso, a quien el Ministerio Público acusa como presunto cómplice primario. Para él, la Fiscalía pidió la misma pena de cuatro años de prisión, 10 años de inhabilitación y una multa de S/ 8.438,40.
La acusación contra Cordero Jon Tay no se limita a la pena privativa de la libertad, sino que también contempla la inhabilitación y la multa económica como parte de las consecuencias legales solicitadas por el ente fiscal.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez Juan Carlos Checkley, ya admitió a trámite el requerimiento fiscal contra la excongresista fujimorista y otorgó a las partes un plazo de diez días para presentar sus descargos. La tesis del Ministerio Público sostiene que María Cordero Jon Tay exigió el 50% del sueldo de Rafael Cabrejos Vela, quien trabajó en su despacho congresal entre marzo y agosto de 2022, y que la exparlamentaria se habría quedado con parte del salario que le correspondía a su colaborador. El origen de las pesquisas no fue una investigación de oficio, sino un reportaje del programa ‘Punto Final’ que expuso los hechos. La denuncia periodística destapó una práctica que la Fiscalía interpreta como concusión: el uso del cargo público para exigir dinero a cambio de mantener un puesto de trabajo. En paralelo, el requerimiento contra Cordero llega junto a un pedido distinto para otro investigado: la Fiscalía solicitó el sobreseimiento a favor de Rafael Aurelio Cabrejos Vela, quien en un inicio fue señalado por el delito de cohecho activo genérico. El juez deberá resolver primero esa solicitud antes de continuar con el trámite de la acusación contra Cordero y Paredes.La exparlamentaria María Cordero Jon Tay enfrenta un proceso penal que no es reciente. En marzo de 2024, el Pleno del Congreso aprobó suspenderla de sus funciones legislativas y retirarle la inmunidad parlamentaria, un requisito indispensable para que la Fiscalía pudiera investigarla sin obstáculos.
El requerimiento mixto presentado por la fiscal Ávalos fue admitido mediante la Resolución N.° 1, del 16 de julio de 2026. Ese documento dio inicio al plazo de 10 días que corre actualmente para que Cordero, Paredes y las demás partes procesales presenten sus descargos. El caso avanzó por la vía judicial desde entonces hasta llegar a esta etapa.
El siguiente paso dependerá del juez Checkley, quien deberá evaluar el pedido de sobreseimiento para Cabrejos Vela antes de avanzar con la acusación. Solo después de resolver ese punto, el proceso continuará con la etapa que definirá si Cordero y Paredes enfrentan un juicio oral por el caso 'Mochasueldos'.
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