La lucha contra el crimen organizado volvió al centro de la agenda del Senado. La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Katherine Ampuero Meza, planteó revisar de manera individual las normas aprobadas por el Congreso anterior que, según señaló, podrían estar dificultando la respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales.
El anuncio se produjo durante una sesión en la que participó Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR), quien expuso sobre las investigaciones contra estructuras delictivas dedicadas, entre otros delitos, al tráfico ilícito de drogas y al lavado de activos.
Katherine Ampuero: revisar norma por norma
La senadora Ampuero sostuvo que la comisión trabajará en la revisión de proyectos vinculados con la lucha contra el crimen organizado que provienen de la Cámara de Diputados. La intención, explicó, es evaluar si el actual marco legal brinda herramientas suficientes a quienes investigan y procesan delitos de alta complejidad.
La senadora afirmó que existen normas aprobadas durante la gestión anterior que deben ser estudiadas nuevamente. Su propuesta es realizar una evaluación individual antes de plantear eventuales modificaciones.
El objetivo declarado es fortalecer las capacidades del Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional para investigar, procesar y sancionar a integrantes de organizaciones criminales.
Fiscales frente a redes complejas
Durante la sesión, Chávez Cotrina explicó que las FECOR tienen a su cargo investigaciones de delitos cometidos por organizaciones criminales de alta complejidad, tanto dentro de un distrito fiscal como en operaciones que involucran varias jurisdicciones.
La labor incluye la conducción jurídica de investigaciones complejas, la coordinación con la PNP, la cooperación internacional y la articulación con otros subsistemas especializados de justicia.
Esta estructura resulta especialmente relevante en investigaciones que trascienden fronteras o involucran redes con capacidad para operar en distintas regiones del país.
Más de mil casos en preliminar
Las cifras expuestas ante la comisión muestran la magnitud de la carga que enfrentan estas fiscalías. Chávez Cotrina informó que actualmente existen 1038 investigaciones preliminares, cifra que representa más del 60 % de su carga procesal total.
A ello se suman 436 casos en etapa preparatoria y otros 151 en fase de acusación, etapa en la que corresponde a las fiscalías llevar los casos contra las organizaciones criminales ante los tribunales.
El funcionario también identificó a La Libertad, Lima y Piura, entre otras regiones, como zonas con mayor incidencia delictiva.
La Libertad, próxima parada
La Comisión de Justicia llevará ahora la discusión fuera del Congreso. Ampuero anunció que el próximo 22 de octubre realizará una sesión descentralizada en La Libertad, con el propósito de recoger información directa sobre la actividad de los grupos criminales y las acciones que desarrollan las instituciones encargadas de combatirlos.
La jornada buscará complementar la información presentada por las fiscalías con la realidad de una de las regiones señaladas entre las de mayor incidencia delictiva.
Chávez Cotrina, por su parte, insistió en la necesidad de fortalecer la inteligencia policial y operativa, así como las capacidades de las fiscalías y del Ministerio Público. Para la comisión, ese diagnóstico abre una discusión que tendrá dos frentes: mejorar las capacidades de investigación y revisar si las herramientas legales actualmente vigentes responden a la dimensión de las organizaciones criminales que operan en el país.
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