La Comisión de Acusaciones Constitucionales decidió acelerar el trámite de la denuncia contra Pedro Castillo y Walter Ayala. El grupo de trabajo aprobó por unanimidad enviar al Pleno de la Cámara de Diputados el informe final del caso, ante el próximo vencimiento de la prerrogativa funcional que corresponde al exministro de Defensa.
El plazo vence el 15 de noviembre, por lo que la comisión busca que el expediente avance antes de que se cierre esa ventana para el procedimiento parlamentario.
La denuncia fue presentada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y atribuye a Castillo y Ayala, de acuerdo con la acusación, una serie de presuntos delitos vinculados al ejercicio de sus funciones.
El reloj corre para Walter Ayala
El factor que aceleró la decisión de la comisión es el calendario. Según se explicó durante la sesión, en 39 días vencerá la prerrogativa de cinco años desde que Ayala dejó el cargo de ministro de Defensa.
El informe final recomienda acusar a Walter Ayala por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio.
De acuerdo con el documento aprobado, se habrían encontrado elementos de convicción que apuntarían a una presunta utilización indebida del cargo para intervenir en ascensos y favorecer a terceros.
El informe también plantea acusarlo por presunto abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, bajo la tesis de que habría actuado como intermediario en gestiones que involucraban al entonces presidente y a terceros.
Se trata de conclusiones contenidas en el informe parlamentario y que deberán seguir el trámite correspondiente en el Pleno.
Organización criminal, archivada
No todos los cargos planteados en la denuncia tienen la misma suerte dentro del informe.
La comisión propone archivar el extremo referido al delito de organización criminal, al considerar que no se habría acreditado la existencia de una estructura criminal paralela y diferenciada de la estructura estatal.
El documento también recoge el criterio de favorabilidad y sostiene que los delitos atribuidos no alcanzarían el estándar de gravedad establecido por la Ley 32138.
El informe plantea, además, el levantamiento de fuero de los acusados para que el Ministerio Público pueda actuar dentro de sus competencias respecto de los delitos funcionales que correspondan.
La decisión final, sin embargo, ya no estará en manos de la comisión. El siguiente escenario será el Pleno de la Cámara de Diputados.
Otros casos quedan fuera
En la misma sesión, la Comisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedentes varias denuncias contra Gastón Remuy Llacaa, jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Una de ellas fue presentada por Roberto Figueroa Díaz, mientras que otras dos correspondieron a Segundo Arnulfo Castillo Ávila y José Alfredo Lindo Rondon.
Los informes respectivos concluyeron que las denuncias no cumplían con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Cámara de Diputados, entre ellos los vinculados con la prerrogativa funcional del antejuicio.
La comisión también aprobó informes de caducidad relacionados con exfuncionarios cuyos periodos de prerrogativa funcional ya habrían vencido.
Caducan otros expedientes
Entre los casos alcanzados por esta situación figura el de Mirtha Vásquez, expresidenta del Congreso, respecto de una denuncia por presunta infracción constitucional y presunta negociación incompatible.
El informe señala que el 26 de julio de 2026 se cumplió el plazo de cinco años desde el cese de sus funciones como congresista, por lo que la comisión consideró vencida su prerrogativa funcional.
Otro expediente declarado caduco corresponde a una denuncia contra los exministros del Interior Ismael Vargas y José Elice, además del general César Cervantes, por presuntas infracciones constitucionales y delitos como abuso de autoridad y nombramiento indebido para cargo público.
En el caso de Elice, el informe señala que la prerrogativa funcional venció el 27 de julio.
Mientras esos expedientes quedan condicionados por el paso del tiempo, el caso de Castillo y Ayala toma ahora la vía del Pleno. El próximo 15 de noviembre marca el límite que la Comisión de Acusaciones Constitucionales busca evitar.
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