Política

La ruta del voto: así se desplegará el material electoral hacia 2.115 locales de Lima y Callao

250 vehículos partirán desde Lurín la noche de este viernes para distribuir el material electoral. La operación estará a cargo del Consorcio AFE, contratado por la ONPE, y contará con monitoreo satelital, resguardo policial y unidades de contingencia.

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03/10/2026

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Redacción Lima Gris
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Por Augusto Calixtro

Lima entró a una de las últimas fases antes de las Elecciones Regionales y Municipales del domingo 4 de octubre. Mientras la campaña política comienza a desaparecer de las calles por las restricciones electorales, otra operación toma protagonismo: el despliegue del material que permitirá que miles de ciudadanos puedan acudir a votar.

Desde las 10:00 p. m. de ayer viernes 2 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el traslado del material electoral hacia 2.115 locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao. El operativo partirá desde la plataforma Lurín Live, ubicada a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur, y movilizará 250 unidades de transporte.

El despliegue no es un traslado convencional. Las unidades contarán con monitoreo satelital desde su salida de Lurín, mientras el material será movilizado bajo medidas de seguridad y coordinación con la Policía Nacional del Perú. La ONPE también ha previsto cuatro vehículos de contingencia para responder ante eventuales inconvenientes durante la operación.

De Lurín a los locales de votación

El punto de partida fue la plataforma Lurín Live. Desde allí, los vehículos se dirigen directamente hacia los locales habilitados para la jornada electoral del domingo.

La operación forma parte de la última etapa de distribución del material electoral. La ONPE culminó previamente el envío hacia las 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país, por lo que Lima Metropolitana y el Callao constituyen ahora una de las fases finales del despliegue.

El material que viene siendo distribuido comprende elementos indispensables para la jornada: cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores, lapiceros, cintas adhesivas, tampones para huellas dactilares, manuales para miembros de mesa, sobres, cabinas y ánforas, además de materiales de contingencia.

En Lima y Callao también está prevista la distribución de aproximadamente 6.000 plantillas Braille para facilitar el voto de personas con discapacidad visual. La ONPE señala que cada local recibirá como mínimo dos, dependiendo de la cantidad de centros de acopio que tenga asignados.

¿Quién está detrás del transporte?

Una de las piezas menos visibles de esta operación electoral es el servicio de transporte contratado para movilizar la carga.

De acuerdo con información publicada por el Diario Oficial El Peruano, el servicio está a cargo del Consorcio AFE, integrado por cuatro empresas: AFE Service S.A.C., Coral Logística Terrestre S.A.C., J & J Transportes y Soluciones Integrales S.A.C. y Señor de los Milagros Cárdenas E.I.R.L.

El proceso de contratación identificado como RES-PROC-37-2026-ERM-ONPE-1 corresponde al “Servicio de transporte de carga a nivel nacional – despliegue de material electoral e implementos para taller y capacitación ERM 2026”. El registro de contratación consultado reporta que el Consorcio AFE fue adjudicado el 9 de septiembre de 2026 por S/ 2.599.902,50, frente a nueve postores participantes.

Este dato permite observar que detrás de la distribución electoral existe una operación logística contratada específicamente para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. No se trata únicamente de los vehículos que serán vistos durante la noche en las calles: existe un servicio especializado para transportar la carga electoral hasta los puntos donde se desarrollará la votación.

Una operación bajo seguimiento

La seguridad del traslado es otro de los componentes centrales del operativo. La ONPE ha informado que las unidades tendrán seguimiento satelital desde el momento en que salgan de Lurín Live. Además, el despliegue contará con resguardo policial y participación de las instituciones que forman parte del sistema electoral. En anteriores etapas de la distribución, la ONPE señaló también la participación de comisionados de la institución para acompañar los vehículos.

El objetivo es mantener la trazabilidad de una carga que contiene los elementos necesarios para instalar las mesas de sufragio y desarrollar la votación.

Para esta etapa se han considerado, además, cuatro unidades de contingencia, cada una con su conductor. La ONPE ha establecido que, si una de estas unidades debe ser utilizada, deberá ser reemplazada para conservar la capacidad de respuesta durante el despliegue.

Más de 388 toneladas para Lima y Callao

La dimensión de la operación también puede medirse por el peso del material movilizado. La ONPE prevé trasladar aproximadamente 1.007,62 toneladas de material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. De ese volumen, 388,39 toneladas corresponden al traslado terrestre destinado a Lima Metropolitana y el Callao.

La cifra ayuda a dimensionar la complejidad del operativo: cientos de vehículos tendrán que salir de un mismo punto y dirigirse hacia más de dos mil locales de votación distribuidos en la capital y el Callao.

No se trata, por tanto, de un único recorrido. Cada unidad forma parte de una operación con rutas y destinos determinados, cuyo seguimiento debe permitir que el material llegue a los locales correspondientes antes de la jornada del domingo.

La logística que ocurre mientras termina la campaña

El despliegue del material electoral ocurre justamente cuando Lima entra en el periodo previo a la votación. Según el calendario electoral, ayer 2 de octubre fue el último día para la difusión de propaganda electoral, hasta las 23:59 horas. Desde las 00:00 de hoy sábado 3 quedan restringidas estas actividades y también determinadas apariciones públicas de candidatos, como entrevistas, conferencias y debates.

Mientras el espacio público deja atrás los mítines y las caravanas, el aparato electoral comienza a ocupar otro lugar: almacenes, vehículos, rutas, locales de votación y centros de acopio.

El contraste es significativo. La campaña política se encamina hacia el silencio electoral, pero la maquinaria logística de las elecciones alcanza su punto de mayor actividad.

El domingo, el material deberá convertirse en voto

El objetivo final de todo este despliegue será visible el domingo 4 de octubre, cuando los ciudadanos acudan a los locales de votación para elegir a sus autoridades regionales y municipales.

El material que esta noche salga de Lurín deberá llegar a los lugares donde serán instaladas las mesas de sufragio. Allí estarán las cédulas, actas, ánforas, cabinas y demás elementos necesarios para desarrollar la jornada.

En ese sentido, la elección no comienza únicamente cuando abren las puertas de los locales de votación. Antes existe una cadena logística que debe funcionar durante las horas previas: producir, almacenar, trasladar, custodiar y entregar el material electoral.

Para los ciudadanos, gran parte de ese proceso permanecerá invisible. Pero durante la noche de este viernes, mientras Lima se prepara para el último tramo antes de las urnas, cientos de vehículos recorrerán sus calles para llevar una parte fundamental de la elección hasta cada local de votación.

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Diputado Arturo Alegría plantea potenciar la DINI y dar mayor participación a las FF.AA. en la lucha contra el crimen [VIDEO]

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Política

Diputado Arturo Alegría plantea potenciar la DINI y dar mayor participación a las FF.AA. en la lucha contra el crimen [VIDEO]

El diputado de Fuerza Popular, anunció que impulsará la incorporación de medidas para reforzar la inteligencia del Estado, enfrentar a las organizaciones terroristas y permitir que las Fuerzas Armadas participen en el combate contra la criminalidad. También planteó dotar al Gobierno de herramientas para responder de manera inmediata ante los efectos del fenómeno El Niño.

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03/10/2026

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Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El diputado Arturo Alegría anunció que planteará la incorporación de nuevas medidas orientadas a reforzar la seguridad ciudadana y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a las amenazas que enfrenta el país. Entre sus propuestas destacan una mayor capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el fortalecimiento de las labores de inteligencia y una mayor participación de las Fuerzas Armadas (FF.AA)en la lucha contra la criminalidad.

El parlamentario sostuvo que estas medidas deben formar parte de una estrategia que permita enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones criminales y terroristas. En ese sentido, señaló la necesidad de que los grupos terroristas sean identificados como tales y que los organismos de inteligencia cuenten con mayores capacidades para desarrollar sus funciones.

Asimismo, Alegría indicó que la participación de las Fuerzas Armadas en las acciones contra la delincuencia responde a una exigencia ciudadana y debe ser considerada dentro de las propuestas que se debatirán.

Pero la agenda que plantea el diputado no se limita a la seguridad. También advirtió sobre la necesidad de preparar al Estado para responder oportunamente ante las consecuencias del fenómeno El Niño.

Al respecto, sostuvo que el país necesita contar con herramientas eficientes que permitan ejecutar acciones inmediatas frente a las posibles emergencias y afectaciones que pueda generar este fenómeno climático.

De esta manera, Arturo Alegría adelantó que buscará incorporar medidas que aborden dos frentes fundamentales: la seguridad ciudadana y la capacidad de reacción del Estado ante las emergencias climáticas. Sus propuestas ponen sobre la mesa el debate sobre las atribuciones de los organismos de inteligencia, el papel de las Fuerzas Armadas y la preparación del país frente a los riesgos naturales.

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Política

Senador Jaime Quito: “La población está sufriendo y no soporta más a este gobierno” [VIDEO]

El senador Juntos por el Perú, defendió la postura de su bancada de mantener la censura y ejercer el control político al régimen. Calificó de “un grave error” que otras organizaciones parlamentarias retiren sus firmas y aseguró que su posición responde a las demandas de la ciudadanía, pese a las discrepancias dentro de la oposición.

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02/10/2026

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Redacción Lima Gris

Por: Mónica Aguilar Obregón

El senador Jaime Quito rechazó que la bancada de Juntos por el Perú se haya quedado sola en su decisión de mantener una posición firme frente al Gobierno y defender la censura como mecanismo de control político. Ante los cuestionamientos sobre el retiro de firmas de otras agrupaciones parlamentarias, sostuvo que su organización no está actuando por oposición política, sino en cumplimiento de las responsabilidades que le corresponden desde el Congreso.

Al ser consultado sobre las declaraciones de un integrante de Juntos por el Perú, quien consideró que la agrupación se había quedado sola, Quito respondió que se trataría de una opinión particular, debido a que, según precisó, la posición de su bancada es colectiva. Asimismo, cuestionó la decisión de otras organizaciones políticas de retirar sus firmas de la iniciativa de censura.

“Es un grave error que están cometiendo”, manifestó, al referirse a las bancadas que decidieron apartarse de esta medida. En esa línea, defendió la necesidad de mantener la fiscalización y el control político frente a un Gobierno que, desde su perspectiva, no viene ofreciendo soluciones a los principales problemas del país.

El parlamentario insistió en que Juntos por el Perú tiene la responsabilidad de mantener una postura coherente con los compromisos asumidos ante la ciudadanía. También rechazó los argumentos que califican su actuación como una oposición o como un intento de obstaculizar la gestión gubernamental.

“Simplemente se está poniendo obstáculos al gobierno, que eso de ninguna manera ocurre, porque la Constitución es igual para todos”, sostuvo, al recordar que tanto diputados como senadores tienen la obligación de cumplir sus funciones constitucionales.

Frente a la insistencia sobre si su bancada se encuentra políticamente aislada por la falta de respaldo de otras agrupaciones, Quito descartó esa posibilidad y trasladó el debate al respaldo ciudadano.

“No estamos solos, porque la población es la que está exigiendo, es la que está sufriendo y no aguanta ni soporta a este Gobierno más”, afirmó.

De esta manera, el senador defendió la decisión de su bancada de continuar con su postura fiscalizadora, mientras las diferencias entre las organizaciones parlamentarias evidencian las dificultades para mantener una posición común frente a la iniciativa de censura.

Sin embargo, el respaldo ciudadano al que apela Quito no reemplaza el respaldo parlamentario que requiere una censura para prosperar. Ese será el desafío político que deberá afrontar Juntos por el Perú en medio de las discrepancias y el retiro de firmas dentro del Congreso.

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Política

Último día de campaña en Lima: ¿qué cambia desde este viernes rumbo a las elecciones del 4 de octubre?

Los candidatos a la Alcaldía de Lima llegaron a sus últimas actividades públicas este jueves, mientras el calendario electoral marca el inicio de nuevas restricciones. Desde hoy ya no podrán realizarse manifestaciones políticas públicas y, desde el sábado, entrarán en vigor nuevas limitaciones sobre propaganda, entrevistas y venta de bebidas alcohólicas.

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02/10/2026

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Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

Lima entra este jueves en las últimas horas de una campaña electoral que durante las últimas semanas llevó a los candidatos a recorrer distintos distritos de la capital. Mítines, caravanas y reuniones políticas concentran las últimas actividades antes de que el calendario electoral cambie de etapa y comience el periodo de restricciones previo a las elecciones del domingo 4 de octubre.

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las organizaciones políticas pueden realizar reuniones o manifestaciones políticas hasta las 23:59 horas de este jueves 1 de octubre. Desde las 00:00 del viernes 2 quedarán restringidas las manifestaciones políticas de carácter público.

El cierre de campaña, por tanto, no representa únicamente el último momento de exposición pública de las candidaturas. También marca el inicio de una cuenta regresiva en la que las actividades proselitistas irán desapareciendo del espacio público hasta llegar a la jornada electoral.

Una última noche de mítines y caravanas

Los principales candidatos a la Alcaldía de Lima han programado sus últimas actividades en diferentes zonas de la ciudad.

Rafael López Aliaga, quien figura como primer regidor de Renovación Popular, tiene previsto realizar una actividad en la avenida de la Peruanidad, en Jesús María. Carlos Bruce, de Somos Perú, programó una actividad en Villa El Salvador, mientras que Daniel Urresti, de Podemos Perú, su cierre de campaña fue en la avenida Carlos Izaguirre, en Los Olivos.

Ricardo Belmont, el líder del partido Obras, cerró su campaña de manera descentralizada en el Mega Plaza del Cono Norte. Francis Allison, de Avanza País, participó en una actividad de cierre de su agrupación en San Miguel. A diferencia de otros postulantes, Allison ha señalado que no realizará un cierre propio debido al costo que implicaría y que acompañará actividades de candidatos distritales de su organización.La distribución geográfica de estas actividades también permite observar una campaña que busca mantener presencia en distintos sectores de Lima durante sus últimas horas. Según datos de Reniec recogidos por El Comercio, Lima Metropolitana cuenta con 7’875.479 ciudadanos habilitados para votar. San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate y Comas figuran entre los distritos con mayor número de electores.

Ricardo Belmont.

El cierre de campaña antes del silencio político

El calendario electoral establece una frontera precisa entre la campaña y las restricciones previas a la votación.

El JNE recordó este jueves que las reuniones y manifestaciones políticas quedan restringidas 48 horas antes de los comicios. En términos prácticos, esto significa que después de las 23:59 horas de este jueves ya no podrán desarrollarse nuevos mítines o manifestaciones públicas de carácter político.

La medida busca establecer un periodo previo a la jornada electoral en el que los ciudadanos puedan acudir a votar sin la presencia de actividades políticas públicas de último momento.

El propio JNE ha señalado que los actos de cierre de campaña forman parte de las actividades de participación política y que las autoridades deben garantizar su desarrollo dentro del marco legal, preservando al mismo tiempo el orden público y la seguridad.

Así, la jornada de este jueves funciona como el último espacio para que las organizaciones políticas puedan realizar actividades públicas de campaña antes de entrar en una etapa diferente del proceso.

¿Qué cambia desde el viernes?

El viernes 2 de octubre comenzará una nueva fase. Las manifestaciones políticas públicas estarán restringidas, pero todavía quedará un último plazo para la propaganda electoral.

La propaganda podrá difundirse hasta las 23:59 horas del viernes 2 de octubre. Desde las 00:00 del sábado 3 quedará restringida. Ese mismo sábado también comenzará la prohibición de determinadas actividades públicas relacionadas con las candidaturas, como entrevistas, conferencias y debates en medios de comunicación.

El calendario puede resumirse así:

Jueves 1 de octubre: último día para mítines, reuniones y manifestaciones políticas públicas.

Viernes 2 de octubre: último día para la difusión de propaganda electoral, hasta las 23:59 horas.

Sábado 3 de octubre: comienza la restricción de propaganda electoral y de participación de candidatos en entrevistas, conferencias y debates.

Sábado 3 de octubre, 8:00 a. m.: comienza la prohibición de venta y expendio de bebidas alcohólicas.

Domingo 4 de octubre: jornada de votación, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

El JNE informó que la denominada ley seca se extenderá desde las 08:00 horas del sábado 3 hasta las 08:00 horas del lunes 5 de octubre.

Del ruido de la campaña al silencio electoral

El cambio será visible en las calles de Lima. Después de semanas de caravanas, propaganda, mítines y apariciones públicas, las organizaciones políticas deberán reducir progresivamente su actividad electoral conforme se aproximen las urnas.

El domingo 4 de octubre, además, entre las 07:00 y las 17:00 horas no estarán permitidas las reuniones de electores dentro de un radio menor de 100 metros de los locales de votación. También existen restricciones específicas durante la jornada electoral.

El JNE ha anunciado que sus fiscalizadores estarán desplegados en los locales de votación para verificar, dentro de sus competencias, el cumplimiento de la normativa electoral y reportar las incidencias correspondientes.

La campaña, entonces, no termina simplemente cuando dejan de realizarse los mítines. El proceso entra en una fase en la que el cumplimiento de las reglas electorales adquiere especial importancia.

La propaganda electoral ocupa las calles de Lima durante las últimas horas de campaña. Desde el sábado 3 de octubre, a las 00:00 horas, quedará prohibida su difusión como parte de las restricciones previas a las elecciones del domingo 4.

Una Lima que llega a las urnas

La elección por la Alcaldía de Lima presenta una cifra inédita de candidaturas: 26 agrupaciones políticas compiten por el gobierno de la capital.

Durante las últimas semanas, los candidatos han colocado sobre la mesa distintos asuntos relacionados con la ciudad, entre ellos seguridad, transporte, infraestructura, limpieza pública y otros problemas urbanos.

Pero este jueves las propuestas ceden espacio a los últimos actos de campaña. Las calles donde se concentren los candidatos serán también el escenario final de una etapa que comenzó meses atrás y que llegará a su punto decisivo el domingo.

La ciudadanía pasará entonces de observar mítines, caravanas y propaganda a enfrentarse con la cédula electoral y con la decisión de elegir a las próximas autoridades municipales.

La última fotografía antes de las urnas

El cierre de campaña deja una última fotografía política de Lima antes de que comiencen las restricciones. Las candidaturas buscan ocupar los últimos espacios de exposición pública mientras el organismo electoral establece los límites que regirán durante las horas previas a la votación.

Para los electores, conocer este calendario también forma parte del proceso. No se trata solamente de saber quiénes participan o qué propuestas presentan, sino de reconocer cuándo termina la campaña, cuándo comienza el periodo de restricciones y cuáles son las reglas que deberán cumplirse durante la jornada electoral.

Este jueves será, por ello, la última jornada de mítines y manifestaciones públicas antes de que Lima entre en el silencio previo a las urnas. El domingo, las calles cambiarán nuevamente de escenario: ya no serán las candidaturas las protagonistas, sino los ciudadanos convocados a ejercer su derecho al voto.

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Política

Lo que hay detrás de Samuel Daza: el candidato que denunció a López Aliaga

Su paso por el Ministerio de Transportes en 2021 duró apenas unos meses y terminó con una investigación fiscal abierta por negociación incompatible. Es una de las denuncias, pesquisas y sanciones que acompañan su trayectoria pública.

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02/10/2026

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Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Samuel Daza, candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, se convirtió en el nombre del momento tras el enfrentamiento que protagonizó con Rafael López Aliaga durante el debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 22 de septiembre. La discusión no terminó ahí. Después del encuentro, Daza presentó ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral una denuncia contra López Aliaga por presunta intimidación y presión política, y adjuntó las conversaciones de WhatsApp que ambos habrían sostenido antes del debate.

Frente a las cámaras, Daza le reclamó a su rival por las llamadas y los mensajes que, según dijo, había recibido antes de subir al estrado. No se quedó en el reclamo: hizo públicas las conversaciones y sostuvo que debían ser evaluadas por la autoridad electoral. El caso fue derivado a las instancias correspondientes, donde deberá definirse si esos mensajes configuran o no una falta.

La exposición que le dio el cruce con López Aliaga tuvo un efecto inmediato. Quien denuncia en público a un rival queda, inevitablemente, bajo el mismo escrutinio que pidió para el otro. Por eso revisamos los antecedentes públicos, denuncias, investigaciones y cuestionamientos que aparecen vinculados a Daza en registros judiciales, fiscales y reportes periodísticos. El resultado es un expediente largo y de naturaleza muy distinta según el caso, que conviene leer con cuidado: hay procesos civiles, sanciones administrativas, investigaciones fiscales que siguen abiertas y señalamientos periodísticos que él ha negado.

Foto: El Comercio.

Una denuncia por presunto maltrato psicológico

El primer antecedente que aparece es de 2013. La madre de uno de sus hijos presentó una denuncia en una comisaría de Comas por presunto maltrato psicológico. Según lo publicado por El Comercio, el documento hacía referencia a supuestos insultos y agresiones verbales. No hemos encontrado información pública que permita afirmar que el caso terminó en una condena contra Daza.

Un proceso por pensión de alimentos

Dos años después, en 2015, el Quinto Juzgado de Paz Letrado emitió una sentencia vinculada a una obligación de pensión de alimentos atribuida a Daza. El caso aparece también en documentación electoral de procesos anteriores. Se trata de una obligación de naturaleza civil, y no de una condena penal, algo que vale la pena dejar claro para no confundir ambos terrenos.

Una sanción por conducir en estado de ebriedad

En marzo de 2017, Daza fue intervenido en Puente Piedra mientras conducía. De acuerdo con los reportes publicados entonces, dio positivo en la prueba de alcoholemia. Los medios agregaron un detalle más: registraba cuatro papeletas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima.

Investigación por negociación incompatible

El episodio más delicado de su paso por la función pública ocurrió en 2021. En septiembre de ese año, Daza fue designado en un cargo directivo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y, en ese mismo mes, se abrió una investigación fiscal en su contra por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La designación ya había generado cuestionamientos por su actividad anterior. Daza había sido dirigente de los transportistas que promovían el uso de taxis colectivos, un sector que el propio ministerio debía regular. En noviembre de ese mismo año dejó el cargo y señaló motivos personales. Una investigación fiscal no equivale a una condena, y no hemos encontrado una sentencia condenatoria que indique lo contrario.

Investigaciones por presuntos delitos contra la propiedad intelectual

En los años siguientes aparecen dos investigaciones fiscales más, ambas por presuntos delitos contra la propiedad intelectual. Según El Comercio, una se inició en agosto de 2023 y la otra en octubre de 2024. Las dos estarían relacionadas con la presunta reproducción o distribución de obras sin autorización de sus autores. La información disponible tampoco permite establecer que alguno de estos casos haya terminado en condena.

Una investigación en materia ambiental

En marzo de 2025 se abrió otra investigación, esta vez en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ventanilla. El caso se refiere a hechos ocurridos durante su gestión como alcalde de Ancón y fue descrito como una investigación por presunta negligencia inexcusable o falta grave vinculada con sus obligaciones. Es una investigación preliminar, es decir, una etapa previa que no debe confundirse con una acusación fiscal formal ni con una sentencia.

Llos cuestionamientos alrededor del caso «El jorobado»

También en 2025, cuando Daza era alcalde de Ancón, reportajes de Panorama e Infobae lo vincularon con una presunta red de influencia atribuida a Adam Smith Lucano Cotrina, conocido como «El Jorobado». Los reportajes difundieron testimonios, audios y otra información según la cual la organización habría buscado establecer vínculos con autoridades municipales de Lima Norte, entre ellas la Municipalidad de Ancón.

En el caso de Daza, los reportajes plantearon señalamientos sobre supuestos vínculos políticos y obras públicas. Él los negó y sostuvo que los proyectos de saneamiento debían ejecutarse por los procedimientos que establece la ley. Conviene recordar que lo publicado en esos reportajes no es una sentencia y que, según la información disponible, no hay una condena en su contra por pertenecer a una organización criminal.

Su actividad empresarial y contratos con el Estado

Una de las empresas vinculadas a Samuel Daza es Traffik Ingeniería & Consultoría S.A.C., que El Comercio describe como suya. Según esa investigación periodística, la firma obtuvo contratos con entidades del Estado por más de S/14 millones.

El reportaje también examinó las relaciones empresariales y políticas de personas cercanas a Daza. Una de ellas es Haydee Espinoza Díaz, quien fue su socia en Traffik y hoy lo acompaña como candidata a regidora número 4 en la lista que presentó ante el JNE. De acuerdo con el mismo trabajo, Espinoza también se desempeñó como asistente en la Municipalidad de Ancón durante la gestión de Daza.

Samuel Daza y Rafael López Aliaga en el debate municipal.

Un patrimonio también cuestionado

Otro punto que revisaron los reportajes es su patrimonio. Según El Comercio, Daza declaró siete inmuebles valorizados en conjunto en cerca de S/1 millón, y cinco de ellos no figuraban inscritos en SUNARP. El dato forma parte de la información patrimonial reportada sobre el candidato, aunque la falta de inscripción registral de un inmueble no demuestra por sí sola un delito ni una irregularidad.

De todos los casos que aparecen en su historial, el único que llegó a una sentencia es el de la pensión de alimentos, en 2015, y es de naturaleza civil. Los demás se quedaron en el camino: una denuncia en comisaría, una intervención policial, investigaciones fiscales que se abrieron en 2021, 2023, 2024 y 2025 y, por ahora, no registran una acusación formal ni un fallo que defina responsabilidades. Los reportajes sobre «El Jorobado» tampoco pasaron del terreno periodístico, y Daza los ha negado desde el principio.

Es un historial largo, pero sin resolver. Cada uno de esos expedientes sigue abierto en su etapa, a la espera de que una fiscalía archive, formalice o un juez decida. Mientras eso no ocurra, lo que existe sobre Samuel Daza son preguntas que la justicia todavía no responde.

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Política

Senadora Katherine Ampuero respalda la creación de una comisión investigadora contra la empresa TGP [VIDEO]

La senadora por Renovación Popular, Katherine Ampuero consideró positiva la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados contra la Transportadora de Gas del Perú (TGP), al sostener que las demoras del Ministerio Público pueden terminar favoreciendo la pérdida de pruebas, el encubrimiento y la impunidad.

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01/10/2026

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Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

La senadora Katherine Ampuero expresó su respaldo a la eventual conformación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) , al considerar que este mecanismo constituye una herramienta importante para esclarecer hechos que requieren una investigación transparente y oportuna.

La parlamentaria sostuvo que, si bien el Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar los presuntos delitos, los prolongados tiempos de sus investigaciones representan un problema que puede comprometer el acceso a la justicia.

“Las investigaciones en el Ministerio Público tardan una eternidad y justicia que tarda, pues ya no es justicia”, manifestó Ampuero, al advertir que las demoras pueden ocasionar la pérdida de medios probatorios y generar condiciones que favorezcan la impunidad e incluso el encubrimiento.

En esa línea, consideró que una comisión investigadora parlamentaria podría contribuir a acelerar el esclarecimiento de los hechos, garantizar mayor transparencia y permitir la obtención de información relevante para determinar posibles responsabilidades.

“Sí se puede hacer una comisión investigadora que pueda acelerar y pueda dar transparencia y, sobre todo, la obtención de la verdad y pueda prevenir hechos en el futuro”, afirmó.

No obstante, Ampuero precisó que desconoce los fundamentos específicos que sustentan la propuesta de creación de dicha comisión. Por ello, evitó pronunciarse sobre sus motivaciones particulares, aunque consideró favorable su finalidad siempre que se desarrolle dentro de los procedimientos formales y tenga como objetivos centrales la justicia y el esclarecimiento de los hechos.

Su posición pone sobre la mesa la importancia de la fiscalización parlamentaria como mecanismo complementario para contribuir a la transparencia y evitar que las investigaciones prolongadas terminen sin resultados.

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Política

Senadora Ruth Luque exige investigar al TGP y reclama resultados al ministro de Energía y Minas [VIDEO]

La diputada por la región de Cusco reclama una investigación que no se limite a la reciente deflagración de TGP y exige esclarecer por qué la masificación del gas en el sur continúa pendiente. También cuestiona al ministro de Energía y Minas por la fiscalización ambiental y demanda respuestas sobre los planes de rehabilitación vinculados al caso Repsol

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2 días ago

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01/10/2026

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Redacción Lima Gris

Por: Mónica Aguilar Obregón

La deflagración registrada en las operaciones de Transportadora de Gas del Perú (TGP) vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de las actividades vinculadas al transporte de gas y sus impactos ambientales. Frente a este escenario, la senadora Ruth Luque sostuvo que una eventual comisión investigadora en el Congreso debería ir más allá del incidente y concentrarse en determinar por qué hasta el momento no se ha concretado la masificación del gas en el sur del país.

Luque señaló que existen otros asuntos pendientes relacionados con el impacto ambiental, pero consideró que la investigación parlamentaria debe abordar también los costos económicos que, según indicó, ha significado la falta de masificación.

“Hubo una deflagración y otros temas pendientes con relación a impacto medioambiental, pero creo que la comisión investigadora debería focalizarse más bien para vigilar porque razón hasta el momento no se ha concretizado la masificación del sur y los costos económicos que eso se ha significado”.

La parlamentaria también hizo referencia a la posibilidad de una ampliación contractual y a cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de obligaciones de la empresa.

“Porque hoy se está hablando de una ampliación de contrato incluso con Calidda y de no cumplimiento de varias cosas con la empresa”.

Según Luque, la masificación del gas constituye además un pedido de la población de Cusco, particularmente de la provincia de La Convención. En ese sentido, planteó que deben revisarse determinados aspectos vinculados a la empresa y garantizar que parte de los recursos provenientes de lotes actualmente explotados tengan como destino el consumo nacional.

“Entonces eso que estoy mencionando es un pedido de la población de Cuzco de manera especial de la zona de la provincia de La Convención, que se tome la masificación, que se renegocie varios extremos de la empresa y algunos lotes que hoy están siendo explotados se garantice que esos lotes van a ir al consumo nacional con relación al gas”.

Al ser consultada sobre las denuncias periodísticas respecto de posibles relaciones de lobby vinculadas al actual ministro de Energía y Minas y empresas relacionadas con el sector, Luque cuestionó el desempeño del titular de la cartera y sostuvo que debe demostrar resultados.

“El ministro de Energía y Minas responde a empresas, él ha trabajado de hecho en una empresa que tiene muchas denuncias por temas de responsabilidad ambiental”.

A partir de ello, la diputada sostuvo que el ministro debe asumir responsabilidades en materia de fiscalización ambiental y exigir el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

“Entonces lo que yo creo es que los hechos el señor Shinno debería demostrar que él puede estar a cargo de una cartera, pero de la misma manera debería exigir las mismas responsabilidades ambientales y los cumplimientos”.

Luque también reclamó una mayor fiscalización ambiental en los distintos sectores de la actividad minera.

“Y lo que hace falta es una mayor fiscalización ambiental a la gran minería, a la mediana minería y también la pequeña minería”.

Asimismo, hizo referencia a las competencias del Ministerio de Energía y Minas en otros asuntos ambientales y demandó resultados concretos al titular del sector.

“Y en sus competencias también está el tema del Repsol, así que ya el señor Shinno debería mostrar resultados de estos temas y poder garantizar de que todos los impactos también se vayan solucionando”.

En otro momento, la senadora cuestionó que los planes de rehabilitación relacionados con el caso Repsol aún no hayan sido aprobados, y demandó explicaciones al ministro de Energía y Minas.

“Hasta ahora el tema Repsol no se han aprobado los planes de rehabilitación, eso es competencia de Energía y Minas”.

Luque cuestionó el tiempo transcurrido sin que, según su declaración, se concreten dichos planes y planteó directamente la responsabilidad del titular del sector.

“¿Cuántos años más se va a esperar para que se implementen los planes?, ¿qué está esperando el ministro Shinno?, ¿piensa seguir esperando que la naturaleza resuelva el problema porque no es capaz de emplazar a la empresa Repsol?”.

Finalmente, la senadora sostuvo que situaciones como esta deben ser respondidas por el ministro: “Cosas como estas el ministro Shinno debería responder”.

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Política

Martha Moyano sale en defensa de Keiko: “En política a nadie se le acaba la paciencia” [VIDEO]

La senadora de Fuerza Popular respondió a las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori, quien cuestionó al Congreso por la demora en el debate de las facultades legislativas. Moyano reivindicó la trayectoria política de la mandataria y sostuvo que, precisamente en política, la paciencia forma parte de la responsabilidad de quienes ejercen el poder.

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3 días ago

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01/10/2026

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Redacción Lima Gris

Por: Mónica Aguilar Obregón

La tensión entre el Ejecutivo y el Congreso volvió a quedar expuesta luego de que la presidenta Keiko Fujimori cuestionara la demora del Parlamento para resolver el pedido de facultades legislativas presentado por su Gobierno. La mandataria afirmó que el Congreso estaba “poniendo a prueba” la paciencia del Ejecutivo, en referencia a las cuatro semanas transcurridas sin una decisión sobre la solicitud.

Ante estas declaraciones, la senadora de Fuerza Popular Martha Moyano salió al frente para defender a la presidenta y relativizó la posibilidad de que Fujimori haya llegado al límite de su tolerancia.

“La persona más paciente que conozco en la historia de la política es Keiko Fujimori”, afirmó Moyano al ser consultada por las reacciones generadas entre algunos parlamentarios.

La senadora sostuvo que la paciencia de Fujimori debe entenderse a partir de su propia trayectoria política y de las situaciones que, según señaló, ha enfrentado durante años.

“¿Es o no paciente con toda la persecución política que ha tenido?”, cuestionó Moyano, antes de destacar que la presidenta ha tenido que acudir en reiteradas oportunidades a la Fiscalía y enfrentar procesos judiciales.

Moyano también hizo referencia a los periodos de prisión preventiva que afrontó Fujimori y remarcó que, pese a esas circunstancias, la lideresa de Fuerza Popular continuó participando en política.

La parlamentaria fue enfática al rechazar la idea de que la expresión de Fujimori sobre la paciencia deba interpretarse necesariamente como una señal de ruptura o confrontación institucional.

Moyano agregó que la capacidad de mantener la calma frente a escenarios de presión es, desde su perspectiva, parte inherente de la actividad política.

Las declaraciones se producen en medio del debate sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, cuyo trámite ha generado discrepancias dentro de la Cámara de Diputados. La presidenta Fujimori ha pedido que el Parlamento avance en la discusión, principalmente ante las prioridades planteadas por su Gobierno en materia de seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño.

El pronunciamiento de Moyano coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo: mientras el Gobierno reclama celeridad para contar con nuevas herramientas legislativas, sectores parlamentarios plantean revisar, acotar o modificar el alcance de las facultades solicitadas.

En ese escenario, la frase de Moyano busca marcar una posición política clara: para la senadora, la paciencia de Keiko Fujimori no estaría agotada y el diálogo institucional todavía forma parte del camino para resolver las diferencias entre ambos poderes del Estado.

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Política

A cuatro días de las elecciones: el JNE aún no define qué pasaría con la Alcaldía de Lima si gana Renovación Popular

Rafael López Aliaga figura como primer regidor de Renovación Popular y no como candidato a alcalde. Sin embargo, su eventual llegada al cargo municipal si su lista obtiene la mayor votación mantiene abierta una controversia que enfrenta a candidatos, juristas y al organismo electoral. El Pleno del JNE aún debe determinar cómo correspondería proceder con la entrega de credenciales.

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3 días ago

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01/10/2026

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Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

Lima llegará este domingo 4 de octubre a las urnas con una particularidad que no aparece resuelta en el debate electoral: Rafael López Aliaga no encabeza formalmente la lista de Renovación Popular como candidato a alcalde, sino como primer regidor. Sin embargo, el resultado que obtenga su organización política podría abrir un escenario posterior sobre quién debe asumir la Municipalidad Metropolitana de Lima.

A cuatro días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) todavía no ha comunicado una decisión definitiva sobre la eventual entrega de credenciales de alcalde en este escenario. Su presidente, Roberto Burneo, ha señalado que la decisión corresponde al Pleno del organismo y no a una determinación personal de su presidencia.

La situación ha provocado cuestionamientos de diversos candidatos a la Alcaldía de Lima. Francis Allison, Daniel Urresti, Carlos Bruce, Ricardo Belmont, Susel Paredes y otros postulantes han pedido que el organismo electoral precise las reglas antes de que los ciudadanos acudan a votar.

El problema, por tanto, ya no se encuentra en la inscripción de López Aliaga. El propio JNE resolvió en julio la apelación que permitió su postulación como primer regidor. La controversia actual está relacionada con las consecuencias que tendría un eventual triunfo electoral de la lista de Renovación Popular.

De candidato a primer regidor

El camino electoral de López Aliaga tuvo un primer episodio en junio, cuando el Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente su candidatura a primer regidor debido a su condición de senador electo para el periodo 2026-2031.

La situación cambió el 13 de julio. El Pleno del JNE declaró fundada la apelación presentada por López Aliaga y permitió que pudiera postular como regidor para las elecciones municipales. El organismo electoral consideró los argumentos presentados por la defensa de Renovación Popular respecto a su condición de senador electo y no en ejercicio.

Posteriormente, la candidatura quedó incorporada en la lista de Renovación Popular. En la plataforma electoral del JNE, López Aliaga aparece como primer regidor, mientras que la organización política participa en Lima sin un candidato a alcalde en la fórmula tradicional.

Esta situación adquirió mayor relevancia durante los debates organizados por el propio JNE. En la segunda jornada, realizada el 22 de septiembre, López Aliaga participó como primer regidor de Renovación Popular, mientras otros candidatos cuestionaron que todavía no existiera una definición sobre qué ocurriría con las credenciales en caso de una victoria de su lista.

La pregunta que permanece sobre la mesa

La discusión se concentra en la interpretación de las normas municipales y electorales. López Aliaga sostiene que, si la lista de Renovación Popular obtiene la mayor votación, correspondería aplicar las reglas previstas para la sucesión municipal y que el primer regidor debería asumir la Alcaldía ante la ausencia del alcalde. El ex burgomaestre también ha cuestionado que el JNE pueda determinar posteriormente quién debe recibir la credencial.

Pero otros candidatos consideran que la situación debería aclararse antes de la jornada electoral.

Carlos Bruce ha sido uno de los principales críticos. El candidato de Somos Perú solicitó al JNE definir previamente qué ocurriría con López Aliaga y advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, podría generar una decisión posterior a la votación.

Francis Allison y Daniel Urresti volvieron a cuestionar públicamente al JNE este 30 de septiembre. Ambos reclamaron que el organismo electoral no haya fijado una posición antes de los comicios.

La controversia también ha involucrado a otros candidatos. Mónica Yaya solicitó que se aclare qué ocurriría con exalcaldes que participan como primeros regidores, mientras que otros postulantes han planteado cuestionamientos similares durante la campaña electoral.

Roberto Burneo: la decisión corresponde al Pleno

En medio de las críticas aparece Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

Burneo ha evitado adelantar una decisión individual sobre el futuro de las credenciales. Según sus declaraciones, será el Pleno del JNE el que deberá resolver el asunto. El presidente del organismo no precisó públicamente si la decisión será comunicada antes o después de las elecciones del 4 de octubre.

La posición institucional resulta relevante porque el JNE no actúa únicamente como organizador del proceso electoral. Dentro del sistema electoral peruano, tiene competencias jurisdiccionales y de fiscalización, por lo que sus resoluciones pueden determinar aspectos centrales de las candidaturas y de la proclamación de resultados.

El propio organismo ha desarrollado durante los últimos meses diferentes actividades de fiscalización y organización vinculadas con las elecciones. El JNE informó, por ejemplo, que fiscalizó la impresión de las cédulas y el despliegue del material electoral, mientras que su presidente ha participado en actividades relacionadas con la preparación de los comicios.

Un escenario que el elector debe conocer

El debate adquiere especial importancia porque las elecciones están a pocos días. El cronograma oficial de la ONPE establece que las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán este domingo 4 de octubre.

En Lima Metropolitana, los ciudadanos elegirán al alcalde provincial y a los regidores del Concejo Metropolitano. La plataforma Voto Informado del JNE permite consultar las candidaturas, hojas de vida y planes de gobierno registrados para el proceso.

En ese contexto, la controversia sobre Renovación Popular plantea una pregunta que trasciende a una candidatura particular: ¿debe estar completamente definido antes de la votación quién asumirá el cargo que está en disputa o puede una cuestión jurídica quedar pendiente para después de conocer los resultados?

La respuesta corresponde al organismo electoral y, mientras no exista un pronunciamiento definitivo del Pleno, cualquier afirmación sobre quién recibirá la credencial debe presentarse como un escenario y no como un hecho consumado.

Una elección marcada por la incertidumbre jurídica

La situación de Renovación Popular muestra cómo una elección municipal puede terminar involucrando cuestiones que van más allá de las campañas y las propuestas de los candidatos.

Por un lado, existe una candidatura de primer regidor que fue admitida después de una resolución del máximo organismo electoral. Por otro, existe una discusión pendiente sobre los efectos que tendría una eventual victoria de esa lista.

En medio se encuentra el elector limeño, que acudirá a las urnas este domingo para decidir la composición de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La decisión final del JNE será determinante para cerrar la controversia. Hasta entonces, la principal pregunta no es quién ganará la elección, sino qué procedimiento corresponderá aplicar si una organización política obtiene la mayor votación sin tener un candidato a alcalde en su lista.

A cuatro días de la jornada electoral, esa respuesta continúa pendiente.

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