La tensión entre el Ejecutivo y el Congreso ha entrado en una zona que merece atención. La presidenta Keiko Fujimori ha endurecido su discurso frente a la renuencia de la Cámara de Diputados para resolver el pedido de facultades legislativas presentado por su Gobierno. “Están poniendo a prueba nuestra paciencia”, afirmó recientemente, mientras desde el Ejecutivo se sostiene que las medidas contra la criminalidad se adoptarán con o sin autorización parlamentaria.

La frase no debería pasar inadvertida. En democracia, las diferencias entre poderes son normales; lo peligroso es que esas diferencias terminen convirtiéndose en una pulseada de poder en la que cada institución pretenda imponer su voluntad sobre la otra.

Pero también hay una responsabilidad política de ambos lados. El Parlamento no puede utilizar la fiscalización como pretexto para el bloqueo permanente. Y el Gobierno tampoco puede interpretar una demora o una eventual negativa como una afrenta que deba ser respondida con amenazas o presiones. Insistimos, el Ejecutivo debió central su pedido de facultades en temas de lucha contra la delincuencia y El Niño.

El país ya ha vivido demasiados episodios de enfrentamiento entre poderes. No necesita una nueva crisis institucional. Necesita que el Ejecutivo gobierne, que el Congreso legisle y fiscalice, y que ambos poderes entiendan que sus competencias no son trincheras desde las cuales se dispara contra el adversario.

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