Bernie Navarro y la diplomacia de la presión: ¿Qué significa para Perú la revocación de una visa por el caso Chancay?

Política Bernie Navarro y la diplomacia de la presión: ¿Qué significa para Perú la revocación de una visa por el caso Chancay? La revocación de la visa de un juez peruano vinculado a un proceso sobre el puerto de Chancay vuelve a poner al embajador de Estados Unidos en el centro de la relación…

Política

La revocación de la visa de un juez peruano vinculado a un proceso sobre el puerto de Chancay vuelve a poner al embajador de Estados Unidos en el centro de la relación bilateral. Más que un episodio consular, el caso expone la creciente conexión entre seguridad, justicia, inversiones y competencia geopolítica en el Pacífico.

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2 minutos ago

30/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La decisión de Estados Unidos de revocar la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos ha abierto una nueva y delicada arista en la relación entre Lima y Washington. El caso adquiere especial relevancia porque el magistrado estuvo involucrado en una resolución vinculada al puerto de Chancay, una infraestructura estratégica para el comercio peruano y estrechamente relacionada con la inversión china. En este escenario, la actuación pública del embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro, cobra particular importancia y permite observar cómo Washington viene comunicando sus intereses en asuntos que cruzan justicia, seguridad, comercio e infraestructura.

La visa que convirtió a Chancay en un asunto diplomático

Washington anunció el 28 de septiembre la revocación de visas a funcionarios y jueces de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el caso peruano, la medida alcanzó al juez Juan Carlos Núñez Matos, cuya actuación está vinculada a una resolución judicial relacionada con la supervisión del mega puerto de Chancay. La noticia adquirió una dimensión que va mucho más allá de un trámite migratorio: puso sobre la mesa la relación entre la política exterior de Estados Unidos y decisiones adoptadas dentro del sistema de justicia peruano.

El episodio también volvió a colocar bajo los reflectores a Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Lima. Navarro no es quien aparece formalmente como autor de la decisión sobre las visas, pero sí es el principal representante de Washington ante el Gobierno y la sociedad peruana y quien ha asumido un papel particularmente visible en la comunicación de las prioridades estadounidenses.

El caso peruano: un juez, una resolución y el puerto de Chancay

Según los reportes publicados tras el anuncio estadounidense, el juez Juan Carlos Núñez Matos quedó incluido en la medida junto con miembros de su familia. Su nombre fue relacionado con una resolución de febrero de 2026 favorable a Cosco Shipping en una controversia sobre las competencias de Ositrán en el puerto de Chancay.

El contexto importa. Chancay es una infraestructura de enorme relevancia comercial y estratégica para el Perú y, al mismo tiempo, uno de los proyectos que mejor simbolizan la creciente presencia económica de China en Sudamérica. Por eso, una disputa sobre regulación portuaria puede ser leída también dentro de un escenario más amplio de competencia entre Washington y Beijing.

juez Juan Carlos Núñez Matos.

El Gobierno estadounidense sostiene que sus restricciones de visa forman parte de una política contra funcionarios extranjeros a quienes atribuye corrupción, narcotráfico u otras conductas que, según Washington, afectan instituciones democráticas. Esta afirmación debe entenderse como la posición del Gobierno de Estados Unidos: una revocación de visa no constituye, por sí sola, una sentencia judicial peruana ni determina la validez de una resolución emitida por un juez del país.

Bernie Navarro: embajador, vocero y actor de la diplomacia pública

El perfil de Navarro ayuda a entender por qué sus declaraciones ocupan un espacio importante en la relación bilateral. Su trayectoria combina negocios, actividad cívica y liderazgo institucional, y su designación como embajador responde a una decisión política de la administración de Donald Trump. En Lima, esa procedencia se ha traducido en un estilo de representación que combina la diplomacia formal con una comunicación pública frecuente.

Desde la entrega de sus cartas credenciales en febrero de 2026, Navarro ha intervenido públicamente en asuntos de seguridad, comercio, inversión, defensa e infraestructura. La Presidencia del Perú informó que, durante su recepción, se abordó el fortalecimiento de la cooperación bilateral. La Cancillería peruana también presentó su llegada como una oportunidad para profundizar la colaboración entre ambos países.

Presidenta Keiko Fujimori y embajador de EE.UU en Perú, Bernie Navarro.

Su función política puede observarse especialmente en la forma en que explica las prioridades de Washington. En lugar de limitarse al protocolo diplomático, Navarro utiliza entrevistas y redes sociales para transmitir mensajes sobre intereses estadounidenses concretos. Esa práctica corresponde a la llamada diplomacia pública: una dimensión de la política exterior orientada no solo a negociar con autoridades, sino también a influir en la conversación pública sobre la relación entre dos países.

Chancay: el punto donde se cruzan Perú, China y Estados Unidos

El puerto de Chancay es probablemente el escenario donde con mayor claridad se cruzan las distintas dimensiones de la gestión de Navarro. El proyecto es operado por Cosco Shipping y tiene una fuerte conexión con el comercio Perú–Asia. Para Washington, la infraestructura estratégica y la presencia económica china en el hemisferio occidental forman parte de una discusión más amplia sobre seguridad económica y competencia geopolítica.

Navarro ha hablado públicamente de la importancia de fortalecer los vínculos entre puertos estadounidenses y peruanos. También protagonizó un intercambio en redes sociales con el entonces embajador chino en Colombia, Zhu Jingyang, relacionado con Chancay. El episodio evidenció que la competencia entre las dos potencias puede hacerse visible incluso en la comunicación diplomática cotidiana.

El mega puerto de Chancay se ha convertido en un punto central de la discusión sobre inversión, comercio y competencia geopolítica en el Pacífico. Foto: dialogoamericas.com

Una diplomacia con mensajes más directos

El caso Chancay no es el único episodio en el que Navarro ha empleado un tono público particularmente directo. Su posición sobre la eventual postergación de la compra de aviones F-16 por parte del Perú generó atención cuando advirtió que Estados Unidos cuenta con herramientas para proteger sus intereses si considera que una negociación se desarrolla de mala fe o perjudica sus intereses.

En el terreno económico, en cambio, Navarro también ha defendido públicamente la necesidad de respetar las reglas peruanas. En septiembre declaró que Estados Unidos no pediría al Perú cambiar sus leyes para favorecer un contrato de inversión y que Washington respetaba el marco legal de sus socios comerciales.

Los dos tipos de mensajes: La defensa explícita de intereses estadounidenses y la insistencia en el respeto de las reglas institucionales, permiten observar el estilo de comunicación de Navarro. Su diplomacia busca dejar claras las prioridades de Washington y hacerlo, en ocasiones, ante la opinión pública y no únicamente mediante los canales reservados de la diplomacia.

Seguridad: la otra columna de la relación bilateral

La seguridad es el otro gran eje de esta etapa. Perú se incorporó al llamado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la administración Trump para fortalecer la coordinación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico. Navarro ha descrito la cooperación entre Lima y Washington en esta materia como una prioridad, con intercambio de información, capacitación y coordinación con agencias estadounidenses.

En ese marco, la sanción de visas adquiere una lectura más amplia. Para Washington, se integra en una política de presión contra actores a los que considera vinculados con prácticas que afectan la seguridad o las instituciones. Para el Perú, en cambio, el caso plantea preguntas sobre la forma en que una decisión de política exterior estadounidense interactúa con instituciones nacionales, especialmente cuando el afectado es un juez.

El dilema diplomático para Lima

La discusión central para el Perú no consiste únicamente en la facultad de Estados Unidos para decidir quién puede ingresar a su territorio. El punto políticamente sensible es cómo administrar una medida estadounidense que recae sobre una persona vinculada a una controversia judicial peruana de importancia estratégica.

En términos diplomáticos, hay dos planos que deben mantenerse diferenciados. Uno es la potestad soberana de Estados Unidos para conceder o revocar visas. Otro es la independencia de las instituciones peruanas para resolver procesos conforme al ordenamiento nacional. Confundir ambos planos puede convertir una medida migratoria en una interpretación sobre la justicia peruana que Washington no necesariamente ha formulado en esos términos.

Para Navarro, el episodio representa además una prueba de su papel como interlocutor en Lima. Su tarea no consiste solamente en defender decisiones de Washington, sino también en mantener canales de diálogo con el Gobierno, la Cancillería, el Congreso, el sector privado y otros actores peruanos en un momento de alta sensibilidad geopolítica.

Embajador Bernie Navarro en la Cámara de Senadores del Congreso de la República.

Lo que revela el episodio sobre Bernie Navarro

El caso permite identificar tres características de la diplomacia de Navarro en el Perú. La primera es su fuerte presencia pública. La segunda es la conexión entre asuntos que antes podían tratarse por separado, como: Seguridad, comercio, infraestructura, defensa y justicia, dentro de una misma agenda estratégica. La tercera es la disposición a comunicar con claridad las prioridades de Washington cuando considera que existen intereses estadounidenses comprometidos.

Eso no significa que cada declaración de Navarro represente por sí sola una nueva política estadounidense. El embajador comunica y defiende una línea de gobierno definida en Washington, y sus intervenciones deben leerse junto con las decisiones y documentos oficiales del Departamento de Estado y de otras instituciones estadounidenses.

Un embajador en el centro de una relación más compleja

La revocación de la visa del juez Juan Carlos Núñez Matos ha convertido un asunto migratorio estadounidense en un nuevo episodio de la relación Perú–Estados Unidos. El vínculo con Chancay le añade una dimensión estratégica: el caso conecta justicia, regulación portuaria, inversión china y la competencia de Washington por mantener influencia en el Pacífico.

En medio de ese escenario aparece Bernie Navarro, un embajador que ha optado por una diplomacia visible, con intervenciones públicas frecuentes y mensajes directos sobre los intereses de su país. Su gestión permite observar cómo la política exterior estadounidense está buscando relacionar seguridad, economía e infraestructura dentro de una misma agenda.

Para el Perú, el episodio abre una etapa en la que la relación bilateral exigirá mantener simultáneamente cooperación y canales institucionales de diálogo. El desarrollo del caso Chancay, la cooperación en seguridad y la evolución de las relaciones con China y Estados Unidos mostrarán hasta dónde llegará esta nueva fase de la diplomacia entre Lima y Washington.

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Diputada Analí Márquez: “No podemos esperar otra muerte para recién reaccionar ante las amenazas contra candidatos”

Redacción Lima Gris

Política

Diputada Analí Márquez: “No podemos esperar otra muerte para recién reaccionar ante las amenazas contra candidatos”

La diputada cuestiona la respuesta del Gobierno frente a los 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques registrados por el JNE en 21 regiones. Plantea reforzar la inteligencia policial, priorizar la protección de candidatos en riesgo y exigir una acción coordinada entre el Ministerio del Interior, la PNP, la Fiscalía y las autoridades electorales a pocos días de las elecciones.

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7 horas ago

29/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

A pocos días de las elecciones, la creciente ola de amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos y otros actores políticos ha encendido las alertas sobre la seguridad durante el proceso electoral. En entrevista con Lima Gris, la diputada aborda la respuesta que debe asumir el Estado frente a estos hechos, el papel de la Policía y el Ministerio del Interior, la necesidad de reforzar la inteligencia y prevención del delito, y las garantías que deben brindarse a candidatos, electores, miembros de mesa y locales de votación. También explica su propuesta para evaluar el desempeño de los altos mandos de la Policía bajo criterios objetivos de resultados y gestión.

Señora Diputada, el JNE (Jurado Nacional de Elecciones) reporta 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra actores políticos en 21 regiones, con un incremento de estos hechos en los últimos días. ¿Qué medidas concretas debe adoptar el Estado de inmediato para garantizar la seguridad de los candidatos antes del 4 de octubre?

El Gobierno tiene que ponerse a trabajar, estamos a pocos días de las elecciones y no podemos esperar que ocurra otra tragedia para recién reaccionar. Si ya existen candidatos que han denunciado amenazas y extorsiones, el Ministerio del Interior y la Policía tienen que identificar dónde están los mayores riesgos y brindarles protección. Necesitamos inteligencia, prevención y presencia policial. Ya no queremos más anuncios, queremos resultados y acciones concretas.

El propio JNE ha señalado que no existen suficientes efectivos policiales para garantizar la seguridad de todos los actores políticos. ¿Cómo debería la Policía priorizar la protección de candidatos que ya han denunciado amenazas o extorsiones?

Considero que hay que comenzar por quienes ya han denunciado que su vida está en riesgo, es sentido común, si una persona está recibiendo amenazas o está siendo extorsionada, la Policía no puede esperar a que pase algo para actuar.

Para eso tenemos inteligencia, para anticiparnos al delito y no solamente llegar después de que ocurrió, el Gobierno debe organizar sus recursos, establecer prioridades y garantizar protección donde realmente existe un riesgo.

El asesinato de la candidata Susy Aponte durante una actividad de campaña ha elevado la preocupación por la violencia política. ¿Qué falló en la prevención y qué protocolo debería activarse cuando un candidato comunica que está en riesgo?

Es muy lamentable lo sucedido a la periodista, conocida como China Polo. Mis condolencias a los deudos, lo ocurrido tiene que investigarse y determinarse qué falló y quiénes son responsables, pero hay algo que está clarísimo: no podemos normalizar que una persona salga a hacer campaña y termine perdiendo la vida.

Cuando un candidato o cualquier ciudadano denuncia amenazas, inmediatamente debe evaluarse su situación, intervenir la Policía, coordinar con la Fiscalía y determinar qué protección necesita, no podemos esperar otra muerte para recién preguntarnos qué hicimos mal.

El JNE ha establecido pautas para solicitar garantías de orden público durante las actividades políticas y ha distribuido un manual de seguridad. ¿Considera que estas medidas son suficientes o se necesita una intervención directa y coordinada del Ministerio del Interior, la PNP (Policía Nacional del Perú), el JNE y el Ministerio Público?

Los manuales y protocolos ayudan, pero un manual por sí solo no va a detener a los delincuentes, aquí necesitamos que las instituciones se pongan a trabajar juntas. Ministerio del Interior, Policía, Fiscalía y autoridades electorales tienen que compartir información y actuar rápidamente cuando exista una amenaza, cada uno tiene sus responsabilidades y debe cumplirlas, lo que la población espera del Estado son resultados, lo que tanto se ha prometido durante la campaña es orden y más orden, sin embargo, al final, no vemos eso reflejado en el trabajo realizado.

Usted ha presentado una iniciativa para que el jefe de la PNP pueda ser removido por pérdida de confianza sustentada en criterios objetivos de desempeño y resultados. ¿La actual situación de inseguridad electoral demuestra que también debe evaluarse el desempeño de los altos mandos policiales antes de las elecciones?

Claro que corresponde evaluar resultados, como todo profesional, en cualquier campo, pero con criterios objetivos. Quien asume una responsabilidad tan importante como conducir la Policía tiene que responder por su gestión. No podemos tener autoridades únicamente ocupando cargos mientras la inseguridad sigue golpeando al país. Hay que evaluar qué se está haciendo, qué resultados se están obteniendo y qué está fallando, nuestra propuesta justamente busca que exista responsabilidad sobre la gestión y los resultados.

Finalmente, faltan pocos días para que los ciudadanos acudan a las urnas. ¿Qué garantías concretas puede exigir el Congreso al Ejecutivo para proteger no solo a los candidatos, sino también a los electores, miembros de mesa y locales de votación durante la jornada electoral?

El Gobierno tiene que garantizar que nuestra población pueda ir a votar tranquila, la Policía debe tener un plan claro para proteger los locales de votación, reforzar los lugares donde exista mayor riesgo y tener capacidad de reaccionar inmediatamente frente a cualquier incidente.

Y desde el Congreso nos corresponde fiscalizar que ese trabajo realmente se esté haciendo. No estamos pidiendo ningún favor, queremos que se garantice la seguridad de los ciudadanos. Es responsabilidad de este Gobierno y debe ponerse a trabajar.

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Política

Fujimoristas buscan censurar a diputada Giannina Avendaño tras rechazo a facultades del Ejecutivo

La decisión de la Comisión de Constitución de rechazar el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo desató una nueva disputa en la Cámara de Diputados. Parlamentarios fujimoristas vienen recolectando firmas para promover la censura de Giannina Avendaño, presidenta de dicha comisión.

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8 horas ago

29/09/2026

Redacción Lima Gris

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados recomendó la no aprobación y el envío al archivo de la Proposición Legislativa N.° 00098-2026-2031-CD, RU 10832-CR, mediante la cual el Gobierno solicitaba delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

El pedido contemplaba la posibilidad de legislar durante 120 días en materias como seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa, entre otros asuntos. La comisión, presidida por la diputada Giannina Avendaño Vilca de la bancada de Juntos por el Perú, evaluó la propuesta y se pronunció en contra de su aprobación.

Tras esta decisión, se viene recopilando firmas en la Cámara de Diputados para promover una eventual censura contra Avendaño, según información que circula en el Congreso. La iniciativa se produciría luego de que la parlamentaria, desde la presidencia de la Comisión de Constitución, respaldara el rechazo al pedido de facultades presentado por el Ejecutivo de la presidenta Keiko Fujimori.

La controversia coloca a Avendaño en el centro de una disputa política dentro del Parlamento. Días antes, la diputada había convocado una audiencia pública para recoger opiniones sobre el pedido de facultades y, posteriormente, la comisión que preside avanzó con la evaluación de la propuesta.

El caso abre ahora una nueva confrontación en el Congreso: el rechazo a las facultades solicitadas por el Ejecutivo podría convertirse en el argumento para intentar remover a la presidenta de la Comisión de Constitución. La eventual censura deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y requerirá que las firmas reunidas se traduzcan en una iniciativa formal dentro de la Cámara de Diputados.

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Política

Doce años de una promesa incumplida: ¿Hará efectiva el gobierno de Keiko Fujimori la sentencia del bono por maestría y doctorado a favor de los docentes?

El Ejecutivo, a través del ministro de Educación, José Antonio Chang, enfatiza los procesos de evaluación, pero omite las obligaciones establecidas en la Ley N.º 29944 (Ley de Reforma Magisterial). Desde noviembre de 2012, el artículo 61 de dicha norma dispone un incentivo económico, por única vez, para los maestros que obtengan el grado de maestría o doctorado. Tras más de una década sin cumplirse este beneficio, la interrogante sigue abierta: ¿Por qué es tan difícil cumplir la ley presidente Fujimori?

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9 horas ago

29/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

En 2024, un juez constitucional de Lima le dio la razón al SUTEP. La sentencia del 31 de octubre de 2024 ordenó al Minedu pagar el incentivo, y el 7 de enero de 2025 se declaró fundada su actuación inmediata. Es decir, el ministerio debía cumplir sin esperar a que se resolviera su apelación. Se le dieron 30 días hábiles para reglamentar el procedimiento de pago. MINEDU no reglamentó ni cumplió con el pago del bono.

El fallo no crea un derecho nuevo. Obliga al Estado a cumplir una ley vigente. La ley exige que el Minedu apruebe las disposiciones para otorgar el incentivo, pero en más de una década no lo hizo, y en el Presupuesto 2019 no había ninguna partida para este pago. El SUTEP y varios analistas lo describen como una omisión sostenida, no como un olvido.

Se calcula que hay más de 40 mil docentes nombrados con posgrado. Muchos pagaron sus estudios de su bolsillo y con la expectativa de un reconocimiento que la ley les prometía. Un maestro que se graduó en 2014 lleva más de una década esperando una norma que dependía solo de una decisión administrativa.

El Ejecutivo enfrenta tres obstáculos principales para aplicar la medida: el monto, la acreditación universitaria y el impacto fiscal. En primer lugar, la ley no fija una cifra específica, aunque el Sutep propone entre S/ 25 000 y S/ 30 000. En segundo lugar, la norma exige títulos de universidades ‘acreditadas’, cuando actualmente el sistema opera con universidades ‘licenciadas’, un vacío que el Minedu podría emplear para restringir el beneficio. Por último, el costo fiscal total alcanzará cientos de millones de soles, aun de forma escalonada.

Sin embargo, existe un antecedente técnico viable: el Bono de Atracción Docente (Ley N.° 30281), implementado en 2015 para premiar al tercio superior en la evaluación de ingreso a la Carrera Pública Magisterial. Este incentivo de S/ 18 000, pagado en tres cuotas anuales de S/ 6 000, ha beneficiado a más de 59 mil maestros. Bajo este mismo principio, el Minedu podría viabilizar el pago a los docentes con maestría o doctorado mediante un monto equivalente y fraccionado en tres armadas.

Una sentencia constitucional firme es de cumplimiento obligatorio para cualquier entidad del Estado. Aunque el Minedu apruebe un monto razonable, si no establece un procedimiento claro con criterios objetivos, la norma quedará en papel mojado. Cabe preguntarse: ¿asumirá este compromiso el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, o se limitará a lo señalado en su Plan Nacional de Educación 2026-2031, centrado únicamente en evaluaciones y capacitaciones? Esta narrativa no solo descalifica al magisterio bajo el supuesto de que carece de preparación, sino que ignora los compromisos de revaloración docente. De no actuar el Ejecutivo, el proceso pasará a la fase de ejecución forzosa, generando mayor desgaste institucional.

Frente a este escenario, resulta indispensable plantear tres exigencias concretas:

En primer lugar, que el Minedu informe públicamente sobre el estado de cumplimiento de la sentencia. En segundo lugar, que el Ministerio de Economía y Finanzas —a cargo de Elmer Cuba— y el Minedu —liderado por José Antonio Chang, quien enfrenta una moción de interpelación— planteen una solución técnica viable, con pagos fraccionados si resulta necesario, para garantizar el derecho del magisterio. Por último, que la Cámara de Diputados del Congreso precise el alcance del requisito de ‘universidad acreditada’, evitando que este vacío legal continúe utilizándose como pretexto por parte del Ejecutivo.

Ante la inacción del Ejecutivo, la responsabilidad de fiscalizar recae en todos los legisladores, principalmente en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso (2026-2027) de la Cámara de Diputados, la comisión está presidida por Segundo Castrejón Fernández (Partido del Buen Gobierno), con César Hugo Tito Rojas (Juntos por el Perú) como vicepresidente y Marco Antonio Pacheco Quispe (Fuerza Popular) como secretario. Completan la lista de titulares, por Fuerza Popular, Francisco Gatica Vega, Leticia Leiva Baylón, Kim Muñoz Yurivilca, Rosangella Barbarán Reyes y Mery Infantes Castañeda. Por Juntos por el Perú están Amalia Palomino Pacheco, Alejandro Manay Pillaca, Marco Flores Valdizán y Azucena Isla Rojas. Por el Partido del Buen Gobierno, Rossana Alayza Maccera y Georgina Duarte. Por Renovación Popular, Christian Aranda Vásquez y Leo Miguel De Paz Lancho. Por el Partido Cívico Obras, José Yataco Torrealva y Dina Hancco Hancco. Y por Ahora Nación, Ángel Meneses Crispín y Marleny Arminta Valencia.

Docentes recuerden bien estos nombres. A los legisladores, quienes cuentan con iniciativa legislativa y la facultad de fiscalizar al Ministerio de Educación, los docentes con maestría o doctorado les exigen lo mismo que demandó el SUTEP al Ejecutivo: que se cumpla la ley.

El magisterio ya cumplió con su parte; falta que el Estado cumpla la suya. Para hacer efectiva esta medida, el Ejecutivo a cargo del partido Fuerza Popular no requiere pedir facultades legislativas.

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Política

Excongresista Guido Bellido cuestiona a TGP y exige explicaciones al ministro Shinno por una eventual ampliación de la concesión

El excongresista Guido Bellido cuestionó al Gobierno de Keiko Fujimori por la posibilidad de extender hasta 2043 la concesión de Transportadora de Gas del Perú y pidió que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, responda ante el Congreso. Sus críticas se producen meses después de la emergencia registrada en Megantoni, donde Osinergmin identificó incumplimientos contractuales de TGP.

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23 horas ago

29/09/2026

Redacción Lima Gris

La eventual ampliación de la concesión de Transportadora de Gas del Perú (TGP) hasta 2043 ha puesto nuevamente bajo cuestionamiento la relación entre el Estado y la empresa responsable del transporte de gas natural y líquidos de gas natural desde Camisea. El excongresista Guido Bellido salió al frente y pidió explicaciones al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, a quien atribuyó la intención de prolongar la concesión de la compañía por varios años más.

Bellido sostuvo que detrás de esta decisión existirían “indicios de lobby” y calificó de “abuso empresarial” la situación de Transportadora de Gas del Perú. Como se recuerda, TGP enfrenta observaciones del organismo regulador luego del grave incidente ocurrido en Cusco.

El 1 de marzo de 2026 se produjo una fuga de líquidos de gas natural y posterior deflagración en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 del sistema de transporte, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención. El incidente obligó a paralizar preventivamente el transporte de gas natural y líquidos de gas natural y desencadenó una emergencia que afectó temporalmente el abastecimiento energético nacional.

Pero el episodio no terminó con la reparación de la infraestructura. El 28 de abril, Osinergmin informó que había identificado incumplimientos al contrato de concesión. Según el organismo supervisor, TGP no suministró el flujo y la presión de gas necesarios para atender los requerimientos máximos diarios entre el 1 y el 13 de marzo. El regulador recordó, además, que el contrato establece que el sistema debe ser diseñado, construido, mantenido y operado de manera que restrinja las paralizaciones no programadas y garantice una disponibilidad de 99 % durante un año continuo.

La investigación de Osinergmin también dejó una cuestión pendiente: determinar las causas de la deflagración y establecer si correspondían procedimientos administrativos sancionadores. La eventual aplicación de penalidades u otras medidas contractuales corresponde al Ministerio de Energía y Minas, precisamente la cartera que actualmente conduce Guillermo Shinno.

Ese es el punto político que Bellido coloca sobre la mesa. Si el Ejecutivo evalúa ampliar una concesión de largo plazo a una empresa que acaba de ser objeto de observaciones por parte del organismo regulador, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles son las condiciones, los informes técnicos, los compromisos de inversión y las garantías de seguridad que justificarían una decisión de esa naturaleza.

Bellido exige que Shinno responda ante el Congreso y la ciudadanía. Más allá de la contundencia de sus calificativos, la pregunta de fondo es concreta: ¿qué evaluación técnica, contractual y ambiental realizará el Estado antes de decidir si TGP debe continuar operando el sistema durante los próximos años? La respuesta no debería quedar en declaraciones políticas. Tendrá que estar sustentada en documentos, informes de los organismos reguladores y condiciones verificables.

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Política

Senador Daniel Barragán plantea investigar a empresa TGP: “Hay un problema de fondo, no es un incidente”

El presidente de la Comisión en Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo del Senado anunció que este tema será evaluado en la sesión de hoy. El parlamentario sostuvo que la reiteración de incidentes en el sistema de Transportadora de Gas del Perú (TGP) amerita una investigación y adelantó que evalúan la posible conformación de una comisión especial.

Published

23 horas ago

29/09/2026

Redacción Lima Gris

Por: Mónica Aguilar Obregón

El senador Daniel Barragán Coloma, presidente de la Comisión en Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo del Senado, se pronunció sobre el más reciente incidente registrado en las instalaciones de Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Camisea, que constituye el décimo tercero reportado.

El parlamentario consideró necesario investigar lo ocurrido y advirtió que la reiteración de estos hechos podría revelar una situación que va más allá de un incidente aislado. En esa línea, adelantó que la comisión que preside evaluará la posibilidad de promover la creación de una comisión especial investigadora contra la empresa TGP.

Esta propuesta se encuentra en la misma línea de los planteamientos que vienen siendo formulados desde la Cámara de Diputados. Consultado sobre la conveniencia de establecer una comisión investigadora ante la sucesión de incidentes, el senador señaló que el tema será evaluado en la sesión de hoy de la comisión que preside.

“Justo estamos evaluando eso. Cuando hay secuencias de un mismo problema, nosotros queremos que sea investigado. Yo creo que aquí hay un problema más de fondo que un incidente”, manifestó.

Asimismo, Barragán fue consultado sobre cuestionamientos relacionados con un supuesto lobby vinculado al actual ministro de Energía y Minas, al respecto, señaló que este aspecto también será materia de evaluación.

De esta manera, la comisión del Senado abordará tanto la reiteración de incidentes relacionados con TGP en Camisea como los cuestionamientos que han sido difundidos públicamente en diferentes medios de prensa, a fin de determinar las acciones que correspondan dentro de sus competencias.

La eventual conformación de una comisión especial investigadora permitiría que el Parlamento evalúe las circunstancias en las que se produjeron los sucesivos incidentes y determine qué información y responsabilidades corresponde esclarecer. Además de revisar la situación de la denuncia fiscal por contaminación ambiental contra TGP.

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Política

¿Entre puneños se ayudan? las dudas por la llegada de Javier Calderón al Fondo Editorial del Congreso

La experiencia editorial que acreditó, quién propuso su nombre y si el senador Edgar Mancha de Renovación Popular, tuvo alguna participación son las preguntas que rodean su designación.

Published

23 horas ago

29/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Javier Calderón Mercado asumió el 4 de septiembre de 2026 la jefatura del Fondo Editorial del Congreso de la República (FEC). Su llegada ha generado cuestionamientos porque dirigir un fondo editorial exige experiencia específica en gestión editorial, y su trayectoria, aunque amplia, se ha desarrollado sobre todo en el periodismo regional.

El caso tiene además un ingrediente político. Calderón es puneño, igual que el senador Edgar Mancha Pineda, de Renovación Popular, quien es el tercer vicepresidente del senado, pero además, es el actual presidente del Fondo Editorial del Congreso. Es decir, Mancha decide y controla todo lo que se mueve en el FEC.

Un periodista para un cargo editorial

El perfil de Javier Calderón Mercado muestra una trayectoria principalmente vinculada al periodismo regional, la comunicación institucional y la gestión de proyectos comunicacionales en Puno. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, con estudios de posgrado en Relaciones Industriales y Periodismo y Comunicación Digital. Ha trabajado como redactor y editor en medios de comunicación, fue editor de Puno del diario Los Andes y también ocupó cargos relacionados con imagen institucional y comunicación en entidades públicas. Su experiencia, por tanto, se encuentra fundamentalmente en el campo periodístico y comunicacional, con una marcada vinculación con la realidad regional puneña.

A ello se suma experiencia docente y participación en iniciativas culturales y periodísticas. Según el perfil presentado, Calderón Mercado ha conducido y producido programas de comunicación, participado en publicaciones sobre la provincia de Moho, desarrollado labores de consultoría y ejercido la presidencia de la Red de Periodistas Intercultural Bilingüe Puno durante el periodo 2022-2023. Su trayectoria demuestra conocimiento del periodismo, la comunicación pública y la realidad cultural de Puno. De hecho, fuentes periodísticas lo identifican como editor de Puno del diario Los Andes todavía en 2025 y 2026.

Sin embargo, su designación como jefe del Fondo Editorial del Congreso plantea una pregunta que merece una explicación pública: ¿qué experiencia específica acredita para dirigir una institución editorial de alcance nacional?

Fuente: Congreso de la República.

El Fondo Editorial no es solamente una oficina de comunicaciones ni una plataforma periodística: su propia normativa establece que tiene entre sus funciones publicar y difundir obras vinculadas con la función legislativa, las ciencias, las humanidades, la cultura y el patrimonio cultural nacional.

Por ello, más allá de los títulos y cargos consignados en su hoja de vida, resulta legítimo preguntar cuáles fueron los criterios utilizados para escogerlo, qué experiencia concreta posee en dirección editorial y gestión de catálogos de libros, y si existió un proceso competitivo o una evaluación de méritos frente a otros profesionales especializados en edición, investigación, historia, literatura y gestión cultural.

La discusión no debería centrarse únicamente en su trayectoria periodística, sino en la correspondencia entre ese perfil y las responsabilidades específicas que implica conducir el Fondo Editorial del Congreso.

El senador Mancha

Estanislao Edgar Mancha Pineda, sufrió una transformación ideologica, luego de vestir la camiseta de agrupaciones de izquierda como Integración Fuerza San Antonina, Perú Moderno, Somos Pueblo y Frente Amplio, terminó levantando la bandera de Renovación Popular junto a Rafael López Aliaga.

Hoy con un curul en el parlamento, también se ha convertido en Presidente del Fondo Editorial del Congreso. Una de sus primeras movidas en el FEC, ha sido colocar a Javier Calderón Mercado —hombre de izquierda— como jefe de uno de los fondos edioriales más importantes del país.

Lo que sorprende es que Mancha no escuchó recomendaciones de la propia bancada de Renovación Popular para elegir un mejor perfil para el puesto, entonces la pregunta pertinente es ¿por qué Mancha avaló la designación de Javier Calderón Mercado, a pesar que no cuenta con experiencia editorial de libros?

Todo indica que la llegada de Calderón se inclina más a una decisión política e ideológica del pasado de Mancha.

Hay un antecedente. En abril, Calderón publicó en Los Andes el artículo “Siete puneños en el Congreso”, donde repasaba la llegada de los representantes de Puno al Parlamento, con Mancha entre ellos, y hablaba de las expectativas que había y de la posibilidad de que trabajaran coordinados en beneficio de la región.

¿Solidaridad puneña?

Las redes regionales suelen pesar en la política peruana, y por eso el caso merece una revisión. La coincidencia de origen entre Mancha y Calderón no demuestra favoritismo. Lo que se busca saber es si la relación regional o personal entre quienes ocupan cargos de poder influyó en la decisión de quién dirige una de las áreas editoriales del Parlamento.

Lima Gris buscó la versión de Edgar Mancha

Ante las interrogantes que plantea esta designación, Lima Gris intentó comunicarse con el senador Edgar Mancha para conocer su versión y para saber bajo qué criterios se desició el nombramiento de Javier Calderónen el FEC. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta del parlamentario.

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Política

José Marcelo Salazar: “Al pedido de facultades legislativas le faltó ser específico”

José Marcelo Salazar, diputado de Ahora Nación y presidente de la Comisión de Economía, analiza el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo, las dificultades de acceso al crédito, la informalidad y los retos del sistema de pensiones. En esta entrevista a “Lima Gris” explica las observaciones técnicas formuladas por su comisión y plantea algunas de las reformas que considera necesario discutir.

Published

1 día ago

28/09/2026

Redacción Lima Gris

Por: Mónica Aguilar Obregón

La discusión económica en el Congreso vuelve a colocar sobre la mesa problemas que afectan directamente a millones de peruanos: el acceso al crédito, la informalidad, la baja inclusión financiera y la falta de ahorro previsional. En ese escenario, el diputado José Marcelo Salazar, presidente de la Comisión de Economía, explica las razones técnicas que llevaron a su grupo de trabajo a cuestionar el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y detalla las propuestas que, desde el Parlamento, se vienen evaluando para enfrentar estas dificultades. Conversamos con él sobre las tasas de interés, las MYPE, la ampliación de la base tributaria, el ahorro y la necesidad de replantear el sistema de pensiones frente a una economía donde una parte importante de los trabajadores permanece fuera de la formalidad.

Diputado, la Comisión de Economía que usted preside concluyó que no resulta viable otorgar al Ejecutivo las facultades legislativas solicitadas en las materias económicas que evaluaron. ¿Cuál fue la principal razón técnica para rechazar el pedido y qué debería corregir el Gobierno si pretende insistir?

El informe fue emitido en contra de otorgar las facultades legislativas por cuestiones netamente técnicas. Al pedido de facultades le faltó especificidad. Por ejemplo, en algunos casos, respecto al número de beneficiarios, tamaño del financiamiento y operatividad, el pedido debió ser mucho más concreto y específico, y no lo fue.

También encontramos diferencias entre algunos argumentos expuestos políticamente y lo que realmente estaba contenido en el pedido de facultades y en la exposición de motivos. Un ejemplo claro es el tema de las tasas de interés. Se señaló políticamente que el objetivo estaba relacionado con el financiamiento informal, pero ese planteamiento no estaba desarrollado de la misma manera en el proyecto de ley.

En el debate sobre las tasas de interés se ha señalado que el límite existente encarece el crédito y dificulta el acceso al financiamiento. ¿Qué encontró técnicamente la Comisión de Economía?

La exposición de motivos señala que, antes de la existencia de este tope, los bancos daban crédito a determinados clientes por encima del límite y que, actualmente, los créditos se concentran alrededor del límite superior. Sin embargo, la data de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) muestra otra cosa.

En promedio, los tres tipos de crédito señalados en la exposición de motivos —consumo, microempresa y pequeña empresa— están muy por debajo de ese límite superior.

Hay que entender cómo funciona el sistema financiero. La tasa de interés es un reflejo del riesgo del cliente. A mayor riesgo, mayor tasa. Pero también existe una relación entre riesgo y rentabilidad. Los bancos tienen que evaluar cuánto riesgo están dispuestos a asumir y, además, deben realizar provisiones cuando colocan créditos a clientes con mayor riesgo.

Por eso, si una persona tiene un mal historial crediticio o determinadas condiciones que no le permiten acceder al sistema financiero, liberar la tasa no significa necesariamente que automáticamente tendrá acceso al crédito. Podría terminar accediendo a un financiamiento mucho más caro y, eventualmente, sobreendeudándose.

¿Entonces cómo debería abordarse el problema de las personas que actualmente están fuera del sistema financiero?

Hay personas que están fuera del sistema financiero porque su comportamiento crediticio no les permite ser confiables para las entidades financieras. Si alguien no tiene un trabajo fijo, es informal, no tiene una cuenta de ahorro, no posee patrimonio o tiene un mal historial crediticio, eso constituye un factor de riesgo.

Ese problema no se soluciona simplemente subiendo la tasa de interés. Decir que liberando la tasa los bancos podrán prestar a personas de mayor riesgo no necesariamente resuelve el problema. Podría significar que una persona acceda a un crédito, pero a una tasa excesivamente alta.

Dentro del pedido del Ejecutivo se encuentran temas como formalización de las MYPE, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, financiamiento y simplificación administrativa. Si la delegación no es viable tal como fue planteada, ¿qué materias deberían ser atendidas con prioridad mediante proyectos debatidos directamente por el Congreso?

En el informe hemos señalado tres cuestiones que requieren precisiones de fondo. Nuestra evaluación en la Comisión de Economía es netamente técnica, no política. Hemos establecido como criterio que las propuestas deben contar con evidencia. No queremos que la comisión dictamine un proyecto de ley únicamente por una cuestión política y sin sustento técnico.

En el caso del pedido de facultades, hemos hecho observaciones puntuales relacionadas con financiamiento, capitalización de activos y financiamiento de fondos para la pesca. Hemos señalado que deben precisarse aspectos como el tamaño del financiamiento, los mecanismos de garantía, el número de beneficiarios y la magnitud de los recursos involucrados.

Estas precisiones son importantes porque sectores como el agro y la pesca necesariamente tendrán que ser apuntalados ante una eventual afectación por el fenómeno de El Niño.

La Comisión de Economía también ha creado un grupo de trabajo para abordar la formalización económica, la lucha contra la informalidad y la ampliación de la base tributaria. ¿Por qué considera que el Perú no ha logrado reducir significativamente la informalidad y qué cambio concreto debería impulsar el Congreso?

Es necesario ampliar la base tributaria. Hay dos aspectos importantes. Primero, que más personas puedan contribuir, lo que implica reducir la informalidad. Segundo, cobrar las deudas tributarias que mantienen empresas formales que no las han pagado. Estamos gestionando reuniones con las entidades correspondientes y con el Tribunal Fiscal para conocer el tamaño real de esa deuda. La comisión va a tomar acciones concretas para determinar cuánto se debe y quiénes son los deudores.

Porque, si no conocemos esas cifras y quiénes efectivamente deben, el tema puede terminar convirtiéndose solamente en un discurso político.

Usted ha presentado una propuesta para ampliar hasta 2029 la exoneración del impuesto a la renta sobre determinados intereses generados por depósitos de ahorro. ¿Cuál sería el beneficio para los ahorristas y cómo evitar que una exoneración termine favoreciendo principalmente a quienes tienen mayores recursos?

La intención es no desincentivar el ahorro, sino fomentarlo. Las personas que tienen ahorros, en su mayoría, no manejan grandes cantidades de dinero y son sensibles a los costos que les pueda cobrar el sistema financiero.

Si no se mantiene este tipo de medidas, existe el riesgo de incentivar que las personas tengan su dinero en efectivo en lugar de mantenerlo en el sistema financiero.

Ahora bien, estamos haciendo un análisis para determinar si la medida podría aplicarse por tramos. Si una persona tuviera, por ejemplo, diez millones de dólares en una cuenta de ahorro, evidentemente se tendría que evaluar una situación distinta. De todas maneras, se realizarán los estudios correspondientes. La intención es proteger al usuario promedio y no desincentivar el ahorro.

El ciudadano enfrenta informalidad, dificultades para acceder al crédito, empleo precario y un costo de vida que sigue siendo una preocupación. Si tuviera que señalar una sola reforma económica que el Congreso debería aprobar antes de terminar este año, ¿cuál sería y qué resultados concretos debería producir para las familias peruanas?

Creo que la seguridad, para empezar, fomenta el empleo. Hay muchos emprendimientos que han dejado de realizarse por la inseguridad ciudadana. Tengo amigos que han empezado negocios, como cevicherías o anticucherías, y han preferido cerrar. También conozco importadores que han preferido cerrar por las extorsiones. Entonces, la seguridad es un aspecto principal.

En segundo lugar, necesitamos una mayor participación del sistema financiero, con más jugadores que puedan democratizarlo.

Usted también ha planteado que el problema previsional debe volver al debate. ¿Qué reforma considera necesaria frente al alto nivel de informalidad laboral?

Tenemos un problema que se ha dejado un poco de debatir y que creo que debemos retomar: el sistema de pensiones. Una gran parte de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad y no realiza aportes para su jubilación. Cuando esas personas lleguen a ser adultos mayores, no tendrán necesariamente una pensión.

Por eso estamos cerrando un proyecto que plantea modificar la legislación previsional para permitir una cuenta de ahorro libre con fines previsionales dentro del sistema financiero, sin demasiados trámites.

La idea es que una persona que vende en un mercado, un trabajador independiente, un taxista o cualquier trabajador pueda ahorrar en su propia cuenta con fines previsionales.

¿Cómo funcionaría esta propuesta?

La propuesta plantea que ese dinero permanezca destinado a la previsión y no pueda ser retirado libremente, sino que tenga una finalidad de largo plazo. Por ejemplo, podría establecerse que el dinero sea habilitado cuando la persona alcance determinada edad.

No se trataría de un fondo común ni de un fondo colectivo, sino de una cuenta de ahorro previsional individual. Esto también podría contribuir a dinamizar el sistema financiero porque sería dinero que actualmente permanece fuera de él. Estamos hablando de recursos que podrían generar financiamiento de corto, mediano y largo plazo. Si logramos generar una cultura de ahorro para el propio bienestar futuro, creo que podríamos dar un paso importante.

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Política

Morropón: Vertimientos en obras del puente Carrasquillo amenazan el agua de consumo y riego en Piura. ¿A la presidente Keiko Fujimori, le preocupa Piura?

Pobladores alertan sobre la descarga de lodos en el río Piura. El caso compromete a cuatro ministerios del Gabinete de Luis Galarreta e interpela a senadores y diputados representantes por Piura a pocos días de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre y ante la proximidad del fenómeno El Niño 2026-2027.

Published

2 días ago

28/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

Vecinos de Morropón (Piura), preocupados por la calidad del agua para consumo humano y uso agrícola, denunciaron ante este medio el vertimiento de sedimentos en el río Piura, en el sector donde avanza la construcción del puente Carrasquillo.

Fotografías registradas el pasado 25 de septiembre respaldan la alerta sobre este proyecto de más de 400 millones de soles, ejecutado por la empresa SIMA Perú S.A. en convenio con Provías Nacional, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), sector hoy a cargo del recién designado ministro José Angello Tangherlini. La obra “Creación Puente Carrasquillo y Accesos, Distrito de Morropón – Provincia de Morropón – Departamento de Piura”, reemplaza un viaducto antiguo de 321 metros y un solo carril por una infraestructura atirantada e híbrida de 550 metros de longitud, dos carriles de circulación y pasarelas peatonales de seguridad.

El caso interpela directamente al gobierno de la presidenta Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y al gabinete que encabeza el primer ministro y primer vicepresidente Luis Galarreta. Bajo su gestión operan los cuatro sectores clave en esta problemática: Transportes y Comunicaciones (José Angello Tangherlini), Ambiente (Vladimiro Huaroc), Desarrollo Agrario y Riego (Marco Vinelli Ruiz) y Trabajo y Promoción del Empleo (Juan Sheput).

Vecinos de la zona, quienes solicitaron mantener su identidad en reserva por temor a represalias, atribuyen los vertimientos a la empresa ejecutora SIMA Perú S.A. Según señalan, esta situación se repite de manera continua desde hace varias semanas sin que exista hasta el momento un pronunciamiento oficial.La obra busca reemplazar a la antigua estructura, inhabilitada desde 2019 debido a las crecidas del río. Sin embargo, no se trata del primer contratiempo del proyecto: en enero de 2024, Provías Descentralizado anuló la adjudicación de la licitación tras detectarse un presunto conflicto de intereses.

Fotografía 1. Acumulaciones de sedimento fino y agrietado en la orilla del cauce del río Piura, junto a maquinaria de la obra visible al fondo.

Las fotografías tomadas en la zona de la obra documentan la situación reportada: acumulaciones de sedimento y agua con una tonalidad inusual a pocos metros de las maquinarias del proyecto. Si bien las imágenes no reemplazan un peritaje técnico —el cual exige un muestreo de turbidez, metales y pH a cargo de un ente competente—, pero sí respaldan el pedido de una inspección formal en el lugar de parte de la población, que está preocupada ante la posibilidad de una contaminación por sedimentos y lodos.

La principal preocupación de la población de Morropón y sectores como La Huaquilla, La Toma y Hacienda Pabur, entre otros es el uso del agua del río Piura para el riego agrícola, lo que podría comprometer los cultivos y la salud de los consumidores. También la falta de señalización.

El propio Ministerio de Transportes señaló en una publicación que el puente Carrasquillo y su corredor vial (Carrasquillo–Morropón–Chulucanas) podría beneficiar a 255,000 habitantes de las comunidades La Huaquilla, La Toma, Chisca Blanca, Hacienda Pabur, Polvasal, entre otras. Esa cifra da la magnitud poblacional de la zona de influencia directa, aunque el número exacto de personas expuestas al posible impacto ambiental del vertimiento todavía no ha sido determinado por un estudio técnico oficial.

Fotografía 2. Material sedimentado junto a un ducto de gran diámetro, cerca del puente en construcción. El agua del cauce presenta una coloración inusual.

De confirmarse mediante dicho peritaje, los hechos reportados contravendrían la Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338, art. 79), su reglamento (D.S. 001-2010-AG, arts. 133, 135 y 277) y los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (D.S. 004-2017-MINAM), normas que exigen tratamiento previo y autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para cualquier descarga a un cuerpo natural de agua. A esto se suman presuntas deficiencias en seguridad y salud ocupacional, materia regulada por la Ley N.° 29783 y fiscalizable por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

En el plano financiero, el proyecto (CUI 2389634) registra un sobrecosto considerable del 19.3%: su presupuesto actual supera los S/ 447.36 millones, frente a una inversión inicial estimada en S/ 375 millones.

En agosto de 2026, Provías Nacional informó que la obra registraba cerca del 12 % de avance, con un retraso cercano al 3 %. A este panorama se suma que, en abril del mismo año, la entidad aprobó una ampliación de 186 días a favor de la empresa SIMA PERÚ S.A. (Resolución Directoral N.º 258-2026-MTC/20), lo que posterga la entrega del proyecto del 30 de diciembre de 2027 al 3 de julio de 2028.

Por su parte, Contraloría General de la República ya había alertado en 2025 sobre deficiencias severas en el estudio definitivo, tales como fallas hidrológicas e hidráulicas, un presupuesto desactualizado con precios de 2022 y errores en exploraciones y metrados. El organismo fiscalizador señaló que no se implementaron las medidas correctivas necesarias, un hecho especialmente crítico frente al riesgo constante de desbordes en el río Piura ante la amenaza del fenómeno El Niño.

Un dato clave revelado por fuentes oficiales afecta la fiscalización de la obra: la supervisión del proyecto está a cargo del Consorcio Supervisor Carrasquillo, conformado por Alpha Consult S.A., Dohwa Engineering Co., Ltd. (Sucursal del Perú) y Lagesa Ingenieros Consultores S.A.

El contrato de consultoría (N.º 003-2024-MTC/20.2) asciende a 16.55 millones de soles. Además, en abril de 2026, Provías Nacional aprobó una ampliación de 186 días mediante la Resolución Directoral N.º 326-2026-MTC/20, lo que extiende el plazo de supervisión hasta el 3 de julio de 2028.

Existe además un elemento que exige especial atención: el Tribunal de Contrataciones Públicas abrió un procedimiento sancionador contra las tres empresas integrantes del Consorcio Supervisor Carrasquillo por la presunta presentación de información inexacta durante el concurso público para contratar la supervisión. La Resolución N.º 4639-2026-TCP-S6 fue emitida el 11 de mayo de 2026, que resolvió: «SANCIONAR al proveedor ALPHA CONSULT S.A. con R.U.C. N° 20107007441, con inhabilitación temporal por el periodo de cuatro (4) meses». Aunque la compañía presentó un recurso de reconsideración, este fue declarado infundado el 2 de julio mediante la Resolución N.º 6799-2026-TCP-S6, la cual confirmó la sanción en todos sus extremos y ordenó la ejecución de la garantía.

Pese a estas resoluciones administrativas, sobre las empresas rige la presunción de licitud en tanto el caso se mantenga en trámite y no exista una decisión firme en la vía judicial.

El trasfondo climático agrava la urgencia del caso. Piura será una de las regiones más afectadas por el fenómeno del ENFEN 2026-2027: el propio puente Carrasquillo reemplaza a una estructura que colapsó ante el aumento del caudal del río Piura, un problema que se agudiza en cada episodio de El Niño Costero.

La región ya sufrió inundaciones severas en 2017 y en 2023, cuando el ciclón Yaku destruyó otros puentes de la zona. Desde mediados de 2026, el Comité Multisectorial ENFEN mantiene la alerta por un nuevo Niño Costero, con probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria entre fines de este año e inicios de 2027. Ante este escenario, la limpieza del cauce por parte del MTC, Provías Nacional y la ANA resulta una medida de protección indispensable.

Fotografía 3. Vista panorámica del punto observado, con el puente en construcción al fondo y el cauce del río Piura mostrando tonalidades rojizas-marrones.

En este contexto, la acumulación de sedimentos y material de descarte cerca del cauce no solo representa un riesgo de contaminación, sino que reduce la capacidad del río para evacuar agua durante las lluvias. Esta situación eleva el riesgo de desbordes e inundaciones en las comunidades ribereñas, justo a las puertas de la temporada más crítica del año.

Fuente: Provias Nacional, octubre de 2024.

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, convocadas para el 4 de octubre, este caso genera interrogantes clave que la ciudadanía piurana exige responder a los ministros del gobierno de Keiko Fujimori: ¿Quién fiscaliza la ejecución de las obras públicas financiadas con recursos del Estado? ¿Qué medidas inmediatas ha tomado el Ministerio de Trabajo ante las denuncias por fallas de seguridad y salud ocupacional? Y sobre todo, ¿quién garantiza la calidad del agua para la población de Piura?

Frente a este escenario, cabe evaluar si las instancias de los ministerios de Transportes, Trabajo, de Desarrollo Agrario y Riego, y del Ambiente están actuando con la celeridad requerida, o si resulta indispensable la intervención directa del Congreso.

Senadora Karla Schaefer Cuculiza (Fuerza Popular), representante por Piura.

Ante esta situación, los pobladores exigen la intervención inmediata de los parlamentarios por Piura del partido de gobierno y de los otros partidos, para que soliciten información oficial al Ejecutivo, gestionen la fiscalización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el OEFA, y citen a los ministros involucrados si el caso lo amerita. Exigen un peritaje que garantice la calidad del agua para riego y consumo humano.

Diputado Eduardo Enrique Castillo Rivas (Fuerza Popular) junto al ministro José Antonio Chang, representante por Piura.

El pedido se dirige a la senadora Karla Schaefer Cuculiza y a los diputados Eduardo Castillo Rivas, César Revilla Villanueva, Carmela Pucara Paxi y María Luisa Silupú Inga (Fuerza Popular); Félix See Hung Chang (Renovación Popular); Miguel Huamán Cornejo (Buen Gobierno); y Henry Albañil Carmona (Partido Obras), este último con vínculo directo con Morropón por haber residido en el distrito de La Matanza (Morropón).

Mientras no exista una respuesta clara de las autoridades competentes, la ciudadanía seguirá siendo la única línea de alerta frente a una amenaza que, de confirmarse, traerá graves consecuencias ambientales, sanitarias y económicas para miles de familias piuranas.

Diputado Henry Albañil Carmona (Partido Obras) quien representa directamente a Morropón (Piura).

Este medio solicitó la postura del diputado Henry Albañil Carmona, presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados (Partido Obras). Aunque el legislador se comprometió a comunicarse con este medio, no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

Captura de pantalla de la comunicación con el diputado Albañil del 27/08/2026 a las 1:00 p.m.

El 13 de marzo de este año, la crecida del río Piura provocó un desborde que afectó los trabajos en el puente Carrasquillo. Una nueva crecida no solo pondría en riesgo el cronograma de la obra, sino que dejaría incomunicadas a miles de familias en el Alto Piura.

Fuente: Noticias Buenos Aires (Piura) fecha 13 de marzo de 2026.

Cabe destacar que el Poder Ejecutivo a cargo de la presidente Keiko Fujimori cuenta con las atribuciones directas para intervenir ante esta amenaza sin necesidad de solicitar facultades legislativas.

Datos:

Pese a que Fuerza Popular obtuvo más de 590 mil votos en Piura y 53 mil en Morropón en la última contienda presidencial, ninguno de sus representantes —ni los legisladores de Renovación Popular, Buen Gobierno o Partido Obras— visitó los trabajos del puente Carrasquillo en la reciente semana de representación.

Esta omisión plantea un cuestionamiento directo al partido de gobierno: ¿cuál es la prioridad de Keiko Fujimori frente a las demandas de Piura? ¿O prefiere hacer en vivos de Tik Tok para recuperarse en las encuestas?

En su página web, el portal jurídico LP Derecho mantiene una imagen del ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, luciendo la banda presidencial del Perú junto al fajín ministerial. Esta publicación plantea una pregunta inevitable: ¿responde a una equivocación gráfica o sugiere una información aún no compartida con la ciudadanía? Atenta señora Fujimori.

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