Qué indignación ver y oír días atrás a la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, de Juntos por el Perú (JPP), tratando de pasar por agua tibia la indeseable presencia de adherentes al Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), grupo de fachada de la banda terrorista Sendero Luminoso, como asesores y trabajadores del Congreso al servicio de legisladores del mencionado partido de izquierda radical.

Ojo que la diputada Márquez fue candidata a la primera vicepresidencia en la plancha del derrotado Roberto Sánchez, cara visible de una agrupación política que ha llevado al Poder Legislativo a gente como el senador Iber Maraví, vinculado a atentados senderistas en los años 80; y el diputado César Tito, uno de los que estampó su firma para la creación del Movadef, que fue fundado por el carnicero Abimael Guzmán como en brazo político de su organización genocida.

Según ha dicho la diputada Márquez en entrevista al programa Cuentas Claras, de Canal N, mientras no haya sentencias contra estas personas, no hay por qué cuestionar su presencia en el Congreso. También ha indicado que existen “temas más importantes” en estos momentos, como para estar advirtiendo que seguidores de Guzmán y de su mamarracho genocida llamado “pensamiento Gonzalo”, han sido infiltrados en ambas cámaras legislativas y están cobrando sueldos pagados por todos los peruanos.

Si tanto le gusta hablar de sentencias a esta legisladora, vicepresidenta de la Cámara de Diputados y por poco vicepresidenta del Perú, debería saber que la justicia ha sido clara al señalar que el Movadef se basa en el “pensamiento Gonzalo”, que defiende el haber pretendido volar el país en mil pedazos y eliminar a inocentes, incluyendo mujeres y niños –con balas, petardos de dinamita, machetes y hachas– hasta tomar el poder, por lo que fue prohibido de inscribirse como partido político y postular en elecciones.

Si la parlamentaria Márquez no considera indignante y absurdo que quienes reinvindican a los que han arrasado con la vida de miles de peruanos desde 1980, estén en el Poder Legislativo trabajando como si nada y con acceso a información sensible relacionada, incluso, con la seguridad nacional, simplemente porque no hay sentencias en su contra, estamos notificados de lo poco que ha significado para Juntos por el Perú el que hayan corrido ríos de sangre al amparo del nauseabundo “pensamiento Gonzalo”.

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