Proyectos no avanzan en certificación ambiental por estos “cuellos de botella”, dice Senace

En diálogo con Gestión, Silvia Cuba, presidenta del Senace, precisó que existe una necesidad de actualizar la normativa sectorial que afecta las actividades de su entidad. El objetivo es agilizar la certificación ambiental.

En el radar está la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que, con su opinión vinculante, sigue siendo primordial en el proceso que lidera el Senace. Pero en el otro frente está la labor de las consultoras ambientales.

ANA y su relación con el Senace

A inicios de septiembre, el Gobierno de Keiko Fujimori declaró en reorganización y modernización al Ministerio del Ambiente (Minam) y sus dependencias, lo que incluye al Senace.

Pero ya antes, en agosto, habían aprobado la reorganización de otra entidad: la ANA, que está bajo el brazo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), pero tiene opinión vinculante en el proceso de certificación ambiental.

Según Cuba, ello sujeta al Senace en sus procesos, ya que el 70% de los pronunciamientos técnicos de la ANA se emiten fuera del plazo de ley. Y, en caso de ser negativos, los obliga a rechazar los estudios, a pesar de haber sido validados por el mismo Senace y otras instituciones opinantes.

Sobre ello, el propio Juan Carlos Castro, jefe de la ANA, reconoció a Gestión que, en muchos casos, los evaluadores no seguían criterios uniformes. Esto buscarían resolverlo aprobando guías de evaluación pronto.

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Al respecto, Cuba saludó la disposición de la ANA a mejorar. “Lo que mencionó Castro es predictibilidad y que, más allá de si rota el personal, tener reglas claras. Eso es importante para los procesos que manejamos”, sostuvo.

En esa línea, la presidenta del Senace comentó que han implementado un sistema de coordinación directa no solo con la ANA, sino también con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), que pueden llegar a tener una opinión vinculante también en determinados proyectos.

El objetivo, detalló, es reducir las divergencias y cuestionamientos a los estudios presentados por las empresas, una vez inicie el plazo legal para analizarlos que es de máximo 120 días.

“Cuando ingresan a evaluación, se activa el esquema de coordinación donde se convocan a los opinantes. Ellos tienen que involucrase en todas las reuniones”, aseguró.

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El rol de las consultoras ambientales

El otro cuello de botella que identificó Senace está vinculado a las consultoras que las empresas contratan para realizar sus estudios ambientales.

Al 23 de septiembre, hay 1,933 consultoras de este tipo con registro vigente en Perú. ¿El problema con ellas? Según Cuba, que las observaciones que se les hacen son casi siempre las mismas.

El 82% de ellas están vinculadas a tres capítulos de los estudios: descripción, línea de base e impactos. Senace atribuye ello a que las consultoras están, en muchos casos, sobrepasadas.

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