EE.UU. revoca visa de juez que falló a favor de Cosco Shipping para que Ositrán no regule en el Megapuerto de Chancay

por José Flores

En el marco de acuerdos del 'Escudo de las Américas', el Departamento de Estado impuso restricciones de visado al juez peruano Juan Carlos Núñez Matos, quien en febrero de 2026 emitió una resolución favorable a la empresa de capitales chinos sobre la supervisión del Megapuerto de Chancay.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este lunes la revocación de la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos y de su familia, como parte de un paquete de sanciones similares a ciudadanos y funcionarios de otros países que, junto al Perú, integran la coalición 'El Escudo de Las Américas'.   

En sus redes sociales, el Departamento de Estado indicó que "está emprendiendo medidas para imponer restricciones de visado a actores corruptos que socavan los gobiernos elegidos democráticamente en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú".

"Cuando los países del Escudo se comprometen a defender la democracia contra la corrupción y el narcotráfico, cumplimos juntos. El Escudo de las Américas no son solo palabras, es una coalición que actúa", se lee en el post de la cuenta en español del Departamento de Estado. 

Núñez Matos es el magistrado que emitió en febrero de este año una resolución en primera instancia que declaraba fundada una acción de amparo interpuesta por la empresa de capitales chinos Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

En dicho fallo, el juez estableció que el regulador estatal debía abstenerse de aplicar sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario, limitando su intervención únicamente a la fijación de tarifas previa evaluación del Indecopi.

En su comunicado, el Departamento de Estado enmarca estas sanciones en compromisos adquiridos en la 'Cumbre de Doral' realizada el último 22 de septiembre en EE.UU. con la presencia de los presidentes de los países del bloque y el jefe de Estado norteamericano, Donald Trump. 

"De acuerdo con dicha declaración, en la que se asume el compromiso de coordinar las sanciones, las designaciones y las medidas financieras contra los terroristas y los delincuentes que socavan la seguridad, el Estado de derecho y la democracia, el Departamento anuncia una nueva política de restricción de visados en virtud de la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad", se lee en el pronunciamiento.  

El embajador de EE.UU. en el Perú, Bernie Navarro, reafirmó en sus redes sociales la posición de su gobierno respecto al cumplimiento de los acuerdos multilaterales alcanzados con los países del bloque.

"El Escudo de las Américas no son solo palabras. Dijimos que actuaríamos contra la corrupción que debilita nuestras democracias. Estamos cumpliendo con el Perú" , escribió en su cuenta en X. 

El caso de Cosco Shipping llegó al Tribunal Constitucional

Tras el fallo favorable a Cosco Shipping, en julio de este año la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la decisión emitida en primera instancia y declaró improcedente la demanda de amparo promovida por la compañía.

La instancia superior determinó que las actuaciones y requerimientos de información formulados por Ositrán no constituyen una amenaza cierta ni inminente contra los derechos constitucionales de la empresa, reafirmando que la condición de infraestructura de uso público sujeta al puerto al marco regulatorio vigente.

En respuesta a esta revocatoria, Cosco Shipping interpuso un Recurso de Agravio Constitucional (RAC) para elevar la controversia ante el Tribunal Constitucional. En declaraciones a RPP, el abogado de la empresa, Ramiro Portocarrero, informó que se solicitó al máximo órgano constitucional anular la sentencia de segunda instancia o emitir un pronunciamiento de fondo que ratifique la demanda inicial. 

La sala judicial concedió el recurso el 24 de julio de 2026, dejando en manos del Tribunal Constitucional la resolución definitiva sobre las competencias de supervisión en el terminal de Chancay.

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