Cosco Shipping acude al Tribunal Constitucional para revertir fallo que le negó supervisión del puerto de Chancay

El Tribunal Constitucional (TC) será el encargado de definir si Cosco Shipping o el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) tienen la razón en la disputa por la supervisión del megapuerto de Chancay. La empresa china acudió a esa instancia después de que el Poder Judicial revocara una sentencia que le resultaba favorable y admitiera su recurso para que el expediente sea revisado por el máximo intérprete de la Constitución. La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima concluyó que Cosco no acreditó la existencia de una amenaza cierta e inminente contra sus derechos fundamentales, requisito indispensable para que prospere una acción de amparo. Por ello, la compañía interpuso un Recurso de Agravio Constitucional (RAC) contra esa resolución, tal como lo había adelantado a RPP hace un mes. En ese recurso, Cosco Shipping solicita al TC anular la sentencia de segunda instancia o, en todo caso, resolver el fondo de la controversia y declarar fundada la demanda de amparo. La disputa enfrenta a la empresa con Ositrán y con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por el alcance de la regulación sobre el puerto privado de uso público ubicado en Chancay. El último 24 de julio de 2026, la Segunda Sala Constitucional confirmó que Cosco presentó el RAC contra la sentencia de vista y resolvió conceder el recurso, ordenando que el expediente sea elevado al TC para su revisión. De esta manera, corresponderá ahora al máximo tribunal determinar si confirma la decisión adoptada por la Sala Constitucional o si revierte dicho fallo. En declaraciones previas a RPP, el abogado de Cosco Shipping, Ramiro Portocarrero, cuestionó que la resolución del Poder Judicial no resolviera si Ositrán tiene competencia para ejercer una regulación integral sobre un puerto privado de uso público.

Tras conocer en junio el fallo del Poder Judicial, Ositrán celebró la medida y aseguró que ejercerá las "funciones que la Constitución y las leyes le confieren para proteger los derechos de los usuarios, promover la transparencia, fortalecer la seguridad jurídica y contribuir al adecuado funcionamiento de la infraestructura de transporte de uso público en beneficio del país". La empresa de, en su mayoría, capitales chinos, en cambio, sostiene que la sentencia de segunda instancia afectó sus derechos procesales de orden constitucional, por lo que pide al Tribunal Constitucional anular la resolución y ordenar a la Segunda Sala emitir un nuevo pronunciamiento debidamente motivado.

La presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, lamentó que Cosco Shipping continúe judicializando el caso. A su juicio, esa actitud genera costos para el Estado con el único objetivo de evitar cumplir obligaciones previstas en la legislación vigente. La titular del regulador se pronunció así después de que la compañía anunciara su recurso ante el TC, en medio de la disputa por la supervisión del puerto de Chancay.

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