Bahuaja Sonene y territorios PIACI en riesgo: organizaciones cuestionan cambios ambientales del pedido de facultades

Representantes de organizaciones indígenas y de la sociedad civil cuestionaron durante una audiencia pública las propuestas ambientales incluidas en el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. Entre los principales puntos de preocupación figuran los cambios a la normativa de Áreas Naturales Protegidas (ANP). Además, se cuestiona la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). También genera preocupación la posibilidad de aplicar el silencio administrativo positivo a procesos de evaluación ambiental.

Cuestionamientos por el caso Bahuaja Sonene

La propuesta de delegación plantea modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para permitir la reducción física o modificación legal de un área. Esto sería posible cuando resulte necesaria para proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. En su análisis, DAR señala que esta medida podría alcanzar al Parque Nacional Bahuaja Sonene. Específicamente, afectaría al sector Candamo, donde una resolución judicial ya estableció restricciones para actividades extractivas.

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Denisse Linares, líder del programa de Sostenibilidad de DAR, sostuvo que un parque nacional tiene protección estricta. Además, afirmó que la propuesta genera preocupación por sus posibles efectos sobre el sistema de áreas protegidas. El Parque Nacional Bahuaja Sonene comprende más de un millón de hectáreas. Este parque alberga especies como guacamayos, águilas arpía, jaguares, tapires y lobos de río.

El debate también alcanza a los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Rocío Trujillo, representante de AIDESEP, cuestionó la propuesta de modificar la Ley N.° 28736 para establecer cómo se relacionan las reservas indígenas con derechos. En ese sentido, mencionó los contratos de hidrocarburos otorgados previamente. Las organizaciones indígenas sostienen que cualquier cambio que pueda afectar directamente sus derechos debe considerar la consulta previa. Esta consulta está establecida en el Convenio 169 de la OIT.

Debate sobre energía y evaluación ambiental

DAR también planteó ampliar la discusión sobre la seguridad energética y pidió considerar las reservas disponibles, las proyecciones de demanda y las alternativas para diversificar la matriz energética. La organización sostiene que antes de modificar las normas de protección ambiental se requiere información pública. Además, es necesaria una planificación de largo plazo sobre las necesidades de gas y energía del país.

Otro punto cuestionado corresponde al posible uso del silencio administrativo positivo y la aprobación automática para determinados instrumentos de gestión ambiental. DAR sostiene que el problema no se encuentra únicamente en los plazos de evaluación. Además, señala que la calidad de los expedientes es un factor importante: según su análisis, el 82 % de las observaciones a los estudios de impacto ambiental se concentra en la descripción de los proyectos, la línea base y la identificación de impactos.

Las organizaciones señalaron además que más de 400 ciudadanos y entidades respaldaron un pronunciamiento contra los aspectos ambientales y territoriales de la propuesta. DAR informó que representantes de la sociedad civil y pueblos indígenas entregaron este documento a la congresista Giannina Avendaño el 22 de septiembre.

El pedido de facultades continúa en evaluación en el Congreso. La Comisión de Energía y Minas aprobó una opinión que considera no viable otorgar las facultades solicitadas en las materias de su competencia. Mientras tanto, otras comisiones también han emitido observaciones sobre distintos componentes de la propuesta.

Frente a este escenario, las organizaciones plantean que el Congreso mantenga la protección de las áreas naturales protegidas y los territorios PIACI. Además, proponen que se fortalezcan las entidades encargadas de evaluar y fiscalizar proyectos y se transparente la información sobre la demanda energética. Finalmente, recomiendan que se amplíe el debate sobre fuentes renovables y diversificación de la matriz energética.

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