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por Sergio Espinoza
Actualizado el 15 de Abr, 2026 11:36 amEn RPP, el especialista Elio Riera indicó que su postura no implica que no haya existido una responsabilidad penal de parte de los funcionarios de ONPE por la demora en la entrega del material electoral en Lima Metropolitana.
Compartir Elecciones Abogado Elio Riera cuestiona detención de exfuncionario de ONPE y plantea presunto delito de colusión Abogado Elio Riera cuestiona detención de exfuncionario de ONPE y plantea presunto delito de colusión 00:00 · 04:14El abogado penalista Elio Riera cuestionó la legalidad de la detención del exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé, al considerar que no se cumplen los supuestos jurídicos para una intervención en flagrancia.
En Ampliación de Noticias, el especialista señaló el delito que inicialmente se viene atribuyendo —omisión, rehusamiento y retardo del deber funcional— no habría justificado una detención en flagrancia del exfuncionario, quien ya recuperó su libertad tras haberse expirado el plazo.
“Jurídicamente, yo considero que no cabe la posibilidad de realizar una detención en flagrancia”, sostuvo, al precisar que se trata de un ilícito con un marco punitivo bajo, que parte de los dos años de pena.
El también excandidato a diputado por Alianza para el Progreso (APP) enfatizó que su postura no implica descartar la existencia de responsabilidad penal, sino cuestionar la forma en que se ha procedido.
“Esto no quiere decir que no exista responsabilidad penal, sino la figura de la detención inmediata. Yo considero que estaría mal aplicada”, remarcó.
Además, advirtió que se estaría desnaturalizando el concepto de flagrancia, el cual —según indicó— se configura cuando el delito se comete en el mismo momento de la intervención.
El abogado señaló que, en este caso, los hechos materia de investigación habrían ocurrido previamente, particularmente en la etapa de contratación de Servicios Generales Galaga, empresa contratada para la distribución del material electoral en Lima Metropolitana.
“El delito penal se habría consumado con la [presunta] contratación irregular, lo que escapa del parámetro de flagrancia”, explicó, al tiempo que subrayó que no existen precedentes de detenciones inmediatas por este tipo de delito.
Riera plantea posible delito de colusión
Más allá del cuestionamiento a la detención, Riera planteó que la investigación fiscal debería orientarse hacia un delito más grave: la colusión. Este ilícito, detalló, se configura cuando existe una concertación entre un funcionario público y un privado para perjudicar los intereses del Estado.
“Yo me inclinaría por colusión, porque habría que analizar la intención de favorecer a una empresa que ya tenía incumplimientos contractuales y no contaba con la logística necesaria”, indicó, en referencia a las anteriores penalizaciones que la ONPE aplicó a la citada empresa en 2020 y 2023.
En ese sentido, explicó que este delito podría sumarse al de omisión, rehusamiento y retardo del deber funcional, configurando un concurso real de delitos que incrementaría una eventual sanción penal contra quienes resulten responsables.
Así, consideró que, en principio, existiría responsabilidad administrativa por la falta de control en el proceso, además de una posible responsabilidad penal vinculada a la demora en el traslado del material electoral.
“El retardo es evidente y ha sido reportado por distintos medios. Las explicaciones dadas por temas administrativos escapan al parámetro de normalidad”, sostuvo.
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