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Milagros Leiva bajo investigación: una identidad revelada y una pregunta sobre la responsabilidad periodísticaLa periodista enfrenta una investigación preliminar tras revelar durante su programa la identidad de un adolescente involucrado como victima en el caso del Liceo Naval. El episodio vuelve a poner bajo la lupa los límites legales y éticos que debe respetar el periodismo al informar sobre menores.
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28 segundos agoon
22/09/2026By
Redacción Lima Gris
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Una palabra bastó para cambiar el rumbo de una cobertura periodística. Durante una de las emisiones del programa Esta noche, la periodista Milagros Leiva reveló en vivo la identidad de un adolescente involucrado como victima en el caso de presunta violencia sexual ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise. El hecho generó cuestionamientos, abrió una investigación preliminar de la Fiscalía por la presunta revelación indebida de identidad y volvió a poner sobre la mesa una pregunta que incomoda al periodismo: ¿hasta dónde puede llegar el derecho a informar cuando la noticia involucra a un menor de edad?
El nombre que cambió el rumbo del caso
Lo que ocurrió durante la emisión de Esta Noche no quedó solamente en una disculpa frente a las cámaras. Luego de que Milagros Leiva reconociera que había cometido un error al mencionar públicamente la identidad del adolescente, la Fiscalía inició una investigación preliminar por la presunta revelación indebida de identidad. El caso está a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima – Breña – Rímac – Jesús María.
La periodista reconoció posteriormente que mencionar el nombre del menor fue un “imperdonable error” y pidió disculpas a la familia. Sin embargo, la difusión de la identidad de un adolescente involucrado como víctima en una investigación por una presunta agresión sexual abrió un nuevo frente en un caso que ya venía generando preocupación por la situación ocurrida dentro de un bus escolar.
El debate dejó de centrarse únicamente en lo ocurrido dentro del colegio y pasó también a la forma en que los medios deben informar cuando hay menores de edad involucrados. El Ministerio Público recordó que existe una obligación de proteger la identidad de los menores víctimas de violencia y evitar cualquier situación que pueda generar una nueva exposición o revictimización.
Una disculpa frente a la familia
Ayer martes 22 de septiembre, el caso tuvo un nuevo capítulo cuando Leiva volvió a encontrarse frente a frente con la madre del adolescente en su programa. La periodista comenzó la conversación agradeciéndole por haber aceptado sus disculpas y aseguró que no buscaría preguntarle por detalles de lo sucedido, precisamente por el dolor que atraviesa la familia.
La madre, por su parte, dejó claro que su principal preocupación es la recuperación de su hijo. Según contó durante la entrevista, el adolescente todavía no ha regresado presencialmente al colegio y cuenta con medidas de protección mientras continúan las investigaciones.
Su mensaje también estuvo lejos de buscar una confrontación. La mujer sostuvo que no actúa por odio ni venganza y que lo que espera es que se esclarezca lo ocurrido y se determinen las responsabilidades que correspondan.
El caso todavía sigue bajo investigación
Mientras este nuevo episodio ocupaba espacio en televisión, la investigación por los hechos ocurridos en el Liceo Naval continúa. Seis adolescentes permanecen bajo una medida de internamiento preventivo por cuatro meses, mientras que otros cuatro recuperaron su libertad bajo comparecencia. Esta situación no significa que la investigación haya terminado ni que se haya determinado la responsabilidad definitiva de alguno de ellos.
La madre también cuestionó que lo ocurrido pueda ser presentado como una simple travesura o un juego entre escolares y pidió que no se minimice la denuncia. No obstante, será la investigación de las autoridades la que deberá establecer qué ocurrió y cuál fue la participación individual de cada adolescente.
La defensa de Leiva toma la palabra
La periodista Milagros Leiva cuenta con la defensa del abogado penalista César Nakazaki, quien aseguró que no hubo intención de revelar información sensible del adolescente. También señaló que entregaría a la Fiscalía el material del programa para que se revise lo ocurrido y se tome en cuenta la versión de la defensa durante la investigación.
Cuando informar también significa proteger
En medio de todo este escenario aparece una pregunta que trasciende a la propia periodista: ¿qué ocurre cuando la búsqueda de información termina exponiendo a quien necesita mayor protección?
El Colegio de Periodistas de Lima cuestionó la difusión de la identidad del menor y recordó que, cuando una persona menor de edad aparece como víctima de un presunto delito, existe un deber especial de proteger su identidad. El gremio también remarcó que informar no significa exponer y que la cobertura de estos casos requiere especial cuidado.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también señaló que los medios deben proteger la identidad de niñas, niños y adolescentes y evitar cualquier forma de revictimización.
Y ahí está uno de los puntos que deja este caso: La responsabilidad de informar no termina cuando se apaga una cámara ni cuando la noticia deja de estar al aire. También está la responsabilidad de decidir qué información realmente necesita conocer el público y cuál puede terminar afectando nuevamente a una persona que ya atraviesa una situación delicada.
Este caso, mientras continúa en investigación, vuelve a colocar al periodismo frente a uno de sus desafíos más sensibles: informar sin convertir a una víctima en parte del espectáculo de la noticia.
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Redacción Lima Gris
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Los titulares de Lima Gris: 22 de septiembreLas noticias que marcan la agenda
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14 horas agoon
22/09/2026By
Redacción Lima Gris
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¿Qué hay detrás del caso China Polo? General Víctor Revoredo principal sospechosoLa comunicadora Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”, denunció días antes de su asesinato que había recibido llamadas desde tres penales en las que le advertían de un atentado y señaló públicamente al entonces jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo. Tras su muerte, la fiscalía recalificó el caso como presunto sicariato. Un día después del crimen, el gobierno oficializó la reasignación del general a la Dirección de Asuntos Internacionales. La investigación recién comienza.
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23 horas agoon
22/09/2026By
Redacción Lima Gris
Por Susan Acuña Cruz
¿Qué ocurrió entre las amenazas que denunció “China Polo” y su asesinato? Días antes del crimen, la comunicadora y candidata regional de Áncash, Susy Aponte Polo, aseguró haber recibido llamadas desde tres establecimientos penitenciarios, en las que le advertían sobre un posible atentado. En esa denuncia, la China Polo señaló al entonces jefe de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, como el responsable si atentan contra su vida.
Nueve días después de aquella denuncia ocurrió el crimen. El 19 de septiembre, mientras participaba en una actividad proselitista en Caraz, Áncash, Susy Aponte Polo fue atacada a balazos. Las heridas provocadas por los disparos terminaron con su vida. La comunicadora fue asesinada en un hecho que inicialmente fue investigado bajo la hipótesis de feminicidio y que posteriormente pasó a ser investigado como un presunto caso de sicariato.
La Fiscalía y la Policía iniciaron las diligencias para reconstruir lo ocurrido. Varias personas fueron detenidas y son investigadas por su presunta participación en el crimen. Entre ellas se encuentra quien habría realizado los disparos, otra persona vinculada presuntamente al financiamiento del ataque y una tercera que habría participado en el traslado previo. Los investigadores también solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y realizan otras diligencias destinadas a establecer los movimientos de los involucrados antes y después del asesinato.
El cambio de hipótesis resulta significativo. Investigar un presunto sicariato supone determinar algo más que la identidad de quien disparó. La Fiscalía deberá establecer quién habría organizado el ataque, quién lo financió, quién lo ejecutó y, sobre todo, si existió una persona que impartió la orden. También deberá determinar el móvil del asesinato y el grado de participación de cada uno de los investigados.
En esa reconstrucción aparece nuevamente la denuncia que Aponte realizó antes de morir. La periodista aseguró que había recibido llamadas desde tres establecimientos penitenciarios y que había sido advertida de un posible atentado. También mencionó públicamente al general Víctor Revoredo y le atribuyó una presunta orden para atacarla.
Y entonces ocurrió un segundo hecho que ahora forma parte de la cronología del caso. El 20 de septiembre, un día después del asesinato, el Gobierno oficializó la reasignación del general PNP Víctor Revoredo Farfán. Dejó la jefatura de la Dirincri y pasó a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional. La medida fue establecida mediante la Resolución Suprema N.° 234-2026-IN, publicada en el diario oficial El Peruano.
La resolución establece como fundamento la “necesidad del servicio”. El documento no menciona el asesinato de Susy Aponte como motivo de la decisión y tampoco señala que la reasignación constituya una sanción contra Revoredo. Formalmente, se trata de un cambio de funciones dentro de la Policía Nacional.
Pero la sucesión de acontecimientos plantea preguntas que deberán ser respondidas. Aponte denunció amenazas y mencionó a Revoredo antes de morir. El 19 de septiembre fue asesinada en Caraz. Al día siguiente, el general dejó la jefatura de la Dirincri. Son hechos registrados en una misma secuencia temporal, pero establecer si existe entre ellos una conexión es una tarea de la investigación y no una conclusión que pueda anticiparse.
También deberá esclarecerse qué ocurrió con las amenazas denunciadas por la periodista. Quién realizó las llamadas desde los establecimientos penitenciarios, qué información manejaban quienes las hicieron, si las advertencias fueron comunicadas oportunamente a las autoridades y qué diligencias se realizaron después de la denuncia son preguntas que adquieren importancia dentro de la investigación del asesinato.
El caso, por tanto, tiene dos dimensiones que deberán ser examinadas con precisión. Por un lado, está el crimen: los autores materiales, los posibles financistas, el eventual autor intelectual y el móvil. Por otro, están los hechos denunciados por la propia víctima antes de morir: las llamadas, las amenazas y la acusación que formuló contra el entonces jefe de la Dirincri.
La investigación deberá determinar si ambos elementos forman parte de una misma historia o si corresponden a hechos independientes. Para ello no bastarán las coincidencias temporales ni las declaraciones públicas. Serán necesarias pruebas, testimonios, registros de comunicaciones, imágenes, peritajes y cualquier otro elemento que permita reconstruir lo ocurrido.
Por ahora, la secuencia es clara: primero fueron las amenazas denunciadas por Susy Aponte; después, el asesinato; y 24 horas más tarde, la reasignación de Víctor Revoredo. Lo que todavía no está claro es si entre esos acontecimientos existe una relación. Esa es precisamente una de las preguntas que la investigación deberá responder.
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Ministerio de Educación y la gestión de la violencia escolar. ¿Qué debió hacer el Liceo Naval Almirante Guise?Conocido el hecho de forma verbal o documentada esta IE o cualquier otra a nivel nacional, frente a un presunto hecho de violencia sexual entre estudiantes, debe aplicar el Protocolo 4, contemplado en la Resolución Ministerial N.º 383-2025-MINEDU de forma inmediata y obligatoria.
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1 día agoon
21/09/2026By
Leonardo Serrano Zapata
El MINEDU cuenta con un marco específico para la prevención y atención de la violencia escolar. El Decreto Supremo N.° 004-2018-MINEDU establece tres líneas de acción: promoción de la convivencia escolar, prevención de la violencia y atención de los casos.
A ello se suman los protocolos de atención aprobados mediante la Resolución Ministerial N.° 274-2020-MINEDU y actualizados mediante Resolución Ministerial N.º 383-2025-MINEDU, establece siete protocolos de atención de casos de violencia contra estudiantes. Los números de protocolo son los siguientes:
Protocolo 1 – Violencia física y/o psicológica.
Protocolo 2 – Acoso entre estudiantes (bullying y ciberbullying).
Protocolo 3 – Violencia con uso de armas.
Protocolo 4 – Violencia sexual entre estudiantes.
Protocolo 5 – Castigo físico y humillante ejercido por personal escolar.
Protocolo 6 – Violencia sexual ejercida por personal escolar.
Protocolo 7 – Violencia contra estudiantes proveniente del entorno familiar o comunitario.
Respecto a lo sucedido en el Liceo Naval Almirante Guise, el Protocolo 4: Violencia sexual entre estudiantes, establece un procedimiento obligatorio y detallado para atender casos de acoso, tocamientos o violencia sexual en el ámbito escolar. Este protocolo debió ser activado de inmediato por la dirección de la institución educativa.
La primera etapa es la acción inmediata, donde cualquier persona puede presentar la denuncia administrativa, ya sea verbal o escrita. En un plazo de 24 horas, si la familia no denuncia, el director debe comunicar el hecho a la Comisaría o Fiscalía. Además, el caso se registra en el Libro de Incidencias y en el portal SíseVe, y se definen medidas de protección junto con el coordinador de tutoría. Posteriormente dentro de las 48 horas, se informa a los tutores y se realizan reuniones separadas con las familias para comunicar las medidas y compromisos asumidos.
En la etapa de derivación, la institución educativa orienta a la familia o al estudiante mayor de edad hacia servicios especializados como el Centro de Emergencia Mujer (CEM), el Servicio de Atención Rural (SAR) o centros de salud, garantizando acceso a asistencia legal y psicológica en condiciones inclusivas, respetando lengua originaria o discapacidad. Dentro de las 48 horas.
La etapa de seguimiento se debe desarrollar entre el día 3 al 29 del conocimiento de los hechos, esto contempla reuniones con tutores para reforzar aspectos socioemocionales y asegurar la continuidad educativa. Asimismo, se realizan reuniones con la familia del agresor para verificar compromisos; en caso de incumplimiento, se comunica a DEMUNA, UPE, Fiscalía o Juzgado.
Finalmente, la etapa de cierre se concreta en un plazo máximo de 30 días hábiles, informando a la familia o al estudiante mayor de edad mediante un acta de cierre. Este protocolo se rige por principios clave: evitar la revictimización, prohibir la conciliación entre las partes y asegurar que la responsabilidad institucional recaiga principalmente en el director y el responsable de convivencia escolar.
El desafío no concluye con el registro de un caso en la plataforma SíseVe. Este reporte debe activar de inmediato una cadena de protección integrada por la institución educativa (IE), la UGEL, la familia y los servicios especializados. Más allá del número de denuncias registradas, la clave radica en evaluar la rapidez, integralidad y efectividad con la que responden las escuelas y las autoridades ante cada alerta. Trabajar en la prevención de la violencia y volver a discutir el tema con la participación de los docentes, padres y sociedad civil.
Por su parte, el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales Torres, debe considerar que la UGEL 03 —dirigida por Carmen Rosa Medina Rosas— concentra la mayor cantidad de reportes de violencia escolar en el país. Ante este panorama, se requiere un monitoreo urgente sobre la aplicación de protocolos en todas las escuelas, aprovechando la red oficial del Minedu organizada en coordinaciones urbanas y rurales.
Finalmente, se debe retirar la administración de las instituciones educativas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para devolverla al Ministerio de Educación (Minedu), ente rector de la política educativa nacional. Actualmente, la exigencia de una carta de propuesta y los contratos docentes por convenio —mecanismos que también operan en los colegios parroquiales— impiden que los profesores denuncien abusos, pues condicionan su estabilidad e imponen el clientelismo sobre la meritocracia.
Dato:
En la IE Tnte. Crl. Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos a cargo del Ejército del Perú perteneciente a la UGEL 07, según fuentes consultadas, se estarían desarrollando casos no reportados al SiseVe y otros reportados presuntamente sin seguir el protocolo del MINEDU.
Director Oscar Teobaldo Rojas Camacho, titular de la Ugel 07, tome acciones inmediatas, la Ugel que representa, es la segunda con más casos reportados de violencia escolar a nivel nacional.
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Nueva víctima de “Mamanka”: la historia de una adolescente que llegó a Lima y terminó atrapada en el oscuro mundo del escultor Luis SifuentesDesde Colombia, Valentina reconstruye una historia que comenzó cuando tenía apenas 15 años. Según su testimonio, el escultor peruano conocido como “Mamanka” la llevó a Lima siendo menor de edad, en una relación que con el paso del tiempo dejó huellas difíciles de borrar.
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1 día agoon
21/09/2026By
Redacción Lima Gris
A los 15 años, Valentina estaba lejos de imaginar que un viaje a Lima cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Lo que pudo comenzar como una oportunidad, terminó convirtiéndose, según su relato, en una experiencia marcada por el control, la vulnerabilidad y recuerdos que todavía la acompañan.
Hoy, desde Colombia, Valentina decide hablar. Su testimonio se suma a las historias de otras mujeres que han señalado al escultor peruano conocido como “Mamanka”. Frente a las cámaras de Cuarto Poder, reconstruye los momentos que vivió cuando todavía era una adolescente y relata cómo llegó desde su país hasta Lima.
La distancia entre aquella adolescente y la mujer que hoy cuenta su historia no es solamente geográfica. Han pasado años, pero algunos recuerdos permanecen intactos.
Valentina recuerda el momento en que conoció a quien posteriormente la llevaría al Perú. En aquella etapa de su vida, con apenas 15 años, su capacidad para dimensionar las consecuencias de las decisiones que tomaba era necesariamente distinta a la de un adulto.
El viaje a Lima abrió una nueva etapa. La ciudad, desconocida para ella, se convirtió en el escenario de una historia que, según su testimonio, terminaría adquiriendo una dimensión mucho más compleja de la que podía imaginar cuando salió de Colombia.
Ahora, al mirar hacia atrás, Valentina reconstruye los hechos desde la perspectiva de una mujer adulta que intenta comprender lo ocurrido durante aquellos años. Cada recuerdo aparece como una pieza de una historia que durante mucho tiempo permaneció lejos de los reflectores.
Su relato también vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿qué ocurre cuando una adolescente queda bajo la influencia de un adulto que posee mayor experiencia, poder y capacidad de decisión?
La historia de Valentina no aparece aislada. Su testimonio se incorpora a una investigación periodística que busca conocer qué ocurrió alrededor de “Mamanka” y de las mujeres que aseguran haber tenido experiencias con él.
Desde Colombia, después de años de silencio, Valentina decidió contar su versión. No lo hace solamente para recordar el pasado, sino para ponerle rostro y voz a una etapa de su vida que, según cuenta, comenzó cuando todavía era una niña.
A veces, las historias más difíciles no empiezan con una señal evidente de peligro. Comienzan con una invitación, un viaje, una promesa o la confianza depositada en alguien que parece saber más.
Para Valentina, todo comenzó a los 15 años. Y hoy, muchos años después, decidió contar cómo terminó aquella historia.
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Los titulares de Lima Gris: 21 de septiembreLas noticias que marcan la agenda
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2 días agoon
21/09/2026By
Redacción Lima Gris
La China Polo, denuncio públicamente antes de ser asesinada que el general Victor Revoredi, habría ordenado un atentado en su contra
El general PNP Víctor Revoredo dejó la jefatura de la Dirincri y fue reasignado a la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP por “necesidad del servicio”. El cambio ocurre tras una denuncia pública de la periodista Susy Aponte (“La China Polo”), quien lo acusó de ordenar un atentado en su contra y posteriormente fue asesinada en Caraz, Áncash.
Claudia Ruiz, gerente general de SERPAR: “Nosotros no sembramos árboles, sembramos una esperanza”
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20/09/2026By
Redacción Lima Gris
Los parques de Lima ya no son concebidos únicamente como áreas destinadas al descanso o la recreación. También pueden convertirse en escenarios para la cultura, la educación, el turismo y la integración de las familias. Esa es una de las ideas planteadas por Claudia Ruiz, gerente general del Servicio de Parques de Lima (SERPAR), durante una entrevista concedida al programa Lima Gris, conducido por el periodista Edwin Cavello y transmitido por Radio Planicie 91.5 FM.
Ruiz destacó que SERPAR administra doce clubes metropolitanos, ocho parques metropolitanos y el Circuito Mágico del Agua, espacios que, según explicó, buscan mantener un contacto directo con la población. En ese contexto, resaltó iniciativas como “Sembrando Cultura”, mediante la cual se ofrecen espacios seguros para jóvenes y agrupaciones culturales que realizan actividades de danza y expresión artística.
Uno de los principales puntos abordados fue la recuperación del Circuito Mágico del Agua como espacio turístico y familiar. Ruiz sostuvo que se retiró a los vendedores ambulantes que ocupaban sus instalaciones y se reforzó la recuperación de áreas verdes, la seguridad y la señalización. También destacó la incorporación de información en español, inglés y francés, además de rampas para facilitar el acceso de personas con discapacidad.
Durante la entrevista, la funcionaria informó que el Circuito Mágico del Agua recibió 2,5 millones de visitantes el año pasado, convirtiéndose, según las cifras reportadas por SERPAR, en uno de los principales puntos de atracción turística del país.
El componente ambiental también ocupó un lugar central. Ruiz señaló que SERPAR representa aproximadamente el 10 % de las áreas verdes de Lima Metropolitana y destacó la meta alcanzada de un millón de árboles sembrados. Asimismo, anunció acciones como el inventario de árboles y la adquisición de un tomógrafo para evaluar su estado de salud.
La conversación también abordó la educación ambiental, los viveros, las tiendas Plantilandia, el rescate y adopción de animales, el Fondo Editorial de SERPAR y los programas dirigidos a niños y jóvenes.
Finalmente, Ruiz habló sobre la participación de las mujeres en la gestión pública y sostuvo que el acceso a responsabilidades institucionales debe estar acompañado de preparación, conocimiento, esfuerzo y compromiso. La entrevista permitió conocer la visión de SERPAR sobre el papel que pueden cumplir los parques en una Lima que busca recuperar sus espacios públicos y fortalecer su infraestructura verde.
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Liceo Naval: una grave denuncia que pone bajo la lupa la violencia y la gestión escolar [VIDEO]Una denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de cuarto de secundaria, atribuida a compañeros de quinto año, ha puesto al Liceo Naval Almirante Guise en el centro de la atención pública. El caso, que se encuentra bajo investigación fiscal, también ha reavivado cuestionamientos sobre supuestos antecedentes de bullying, violencia escolar y alertas que, según testimonios difundidos en el programa, no habrían recibido una respuesta oportuna de las autoridades.
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3 días agoon
19/09/2026By
Redacción Lima Gris
VIDEO DEL PROGRAMA DE RADIO
En esta edición de Lima Gris por Radio Planicie 91.5 FM, el periodista Edwin Cavello aborda el caso junto al docente y periodista Leonardo Serrano Zapata, quien analiza las responsabilidades que podrían corresponder no solo a los estudiantes involucrados, sino también a los adultos encargados de su supervisión durante el traslado posterior a un campeonato deportivo.
La conversación pone especial atención en la necesidad de establecer qué ocurrió dentro del bus, cuál fue la actuación de los adultos responsables y si existieron alertas o situaciones anteriores que debieron activar los protocolos de prevención y protección de los estudiantes. De acuerdo con lo expuesto durante el programa, una docente habría advertido previamente sobre situaciones de violencia y bullying, mientras padres de familia han denunciado otros hechos que requieren ser esclarecidos por las autoridades competentes.
La Marina de Guerra del Perú informó la separación de sus funciones de la directora del colegio, un docente y el entrenador de fútbol, mientras continúan las investigaciones. Asimismo, los estudiantes investigados continuarían sus clases bajo modalidad virtual durante el proceso, según el resumen presentado en el programa. Recientemente, seis de los estudiantes han sido recluídos en Maranguita.
Más allá del caso específico, el programa plantea una pregunta de fondo: ¿qué mecanismos existen para prevenir, detectar y atender oportunamente situaciones de violencia dentro de los colegios, y quién responde cuando las alertas no son atendidas? El debate también alcanza a la gestión de las instituciones educativas administradas por entidades castrenses y al papel que deben cumplir directivos, docentes, auxiliares y autoridades educativas en la protección de los estudiantes.
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Contraloría cuestiona contrato de s/80 millones para reparar aeródromo de YurimaguasAuditoria detectó que el Consorcio Argos habría contratado pese a un impedimento y presentó tres documentos presuntamente falsos para acreditar experiencias de personal clave. Cinco funcionarios del MTC fueron señalados con presunta responsabilidad penal y/o administrativa.
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4 días agoon
19/09/2026By
Redacción Lima Gris
Por Susan Acuña Cruz
El informe corresponde al Órgano de Control Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y revisó el proceso relacionado con la reparación del Aeródromo de Yurimaguas, en Alto Amazonas, Loreto. La contratación fue por aproximadamente S/ 80,8 millones y el contrato registrado es el N.° 158-2025-MTC/10.02, a favor del Consorcio Argos.
¿Cómo una obra destinada a mejorar la conectividad aérea de Loreto terminó bajo observación de la Contraloría? Esa es una de las principales preguntas que deja el Informe de Auditoría N.° 021-2026-2-5304-AC, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tras revisar el proceso de contratación para la rehabilitación del Aeródromo de Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas.
La obra fue adjudicada al Consorcio Argos por un monto contractual de S/80 868 102,81, mediante el Contrato N.° 158-2025-MTC/10.02, suscrito en septiembre de 2025. El proceso contemplaba la reparación de la pista de aterrizaje, plataforma de aeronaves, calle de rodaje, márgenes y franja de pista, sistema de drenaje y cerco perimétrico.
Sin embargo, para la Contraloría, la adjudicación presenta cuestionamientos que van más allá del monto de la contratación. El informe señala que durante la evaluación de las propuestas se validó documentación que, según la auditoría, no acreditaba adecuadamente la experiencia mínima exigida para dos especialistas considerados personal clave.
Una obra estratégica para Loreto
La intervención no es menor. El propio MTC había presentado la rehabilitación del aeródromo como una obra destinada a recuperar la conectividad aérea de Yurimaguas y zonas aledañas.
En febrero de 2026, el ministerio informó que el proyecto tendría una inversión superior a S/92 millones y beneficiaría directamente a más de 114 mil habitantes. La infraestructura rehabilitada permitiría recibir aeronaves con capacidad de entre 80 y 90 pasajeros y contaría con un nuevo sistema de drenaje adaptado a las condiciones de la Amazonía.
El 31 de marzo, además, el MTC informó sobre la entrega del terreno al Consorcio Argos para dar inicio al proyecto y señaló que los trabajos estaban previstos para comenzar en mayo de 2026.
Es precisamente sobre la contratación de la empresa encargada de ejecutar esta obra que ahora recaen los cuestionamientos del órgano de control.
¿Qué encontró la auditoría?
De acuerdo con el informe citado por la contraloría, durante la evaluación de la propuesta del Consorcio. Argos se consideraron válidos los documentos utilizados para acreditar la experiencia de dos especialistas: El Especialista en Hidrologia y Drenaje y El Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.
La auditoría concluyó que dicha documentación no acreditaba la experiencia mínima establecida en las bases integradas.
Pese a ello, el comité de selección consideró que la oferta cumplía con los requisitos y otorgó la buena pro al consorcio. La consecuencia, según el órgano de control, fue la suscripción de un contrato superior a S/80 millones sin que se hubiera garantizado, de acuerdo con sus conclusiones, la capacidad técnica exigida para ejecutar la obra.
Y aquí aparece una de las preguntas centrales que deja este caso: ¿Qué mecanismos de verificación utilizó el MTC antes de considerar válida la documentación presentada por el ganador?
Tres documentos bajo cuestionamiento
La auditoría también puso la lupa sobre la documentación presentada para acreditar la experiencia de Vitelio Asencios Tarazona, propuesto como especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Durante las verificaciones posteriores, la comisión auditora consultó a las entidades y empresas que aparecían como emisoras de los certificados. Según el informe, algunas de estas instituciones negaron haber emitido los documentos.
Asimismo, entidades como el Gobierno Regional de Ucayali, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado y la Municipalidad de Sepahua no habrían encontrado documentación que respaldara las prestaciones consignadas en los certificados cuestionados. Con base en esas verificaciones, la Contraloría calificó tres documentos como presuntamente falsos.
El caso adquiere especial relevancia porque, según la auditoría, el MTC tampoco habría realizado una fiscalización posterior integral de toda la documentación presentada por el ganador.
El segundo cuestionamiento: ¿Podía contratar?
Pero los documentos presentados por el personal clave no serían la única observación. La auditoría identificó además un presunto impedimento para contratar con el Estado relacionado con una de las empresas que conformaban el Consorcio Argos.
Según la información consignada en el informe, el consorcio estaba integrado por Corporación Katsumoto S.A.C. y Grupo Bucer S.A.C.V. Sucursal del Perú. La Contraloría señala que Corporación Katsumoto habría estado impedida de contratar con el Estado entre el 9 de mayo y el 9 de septiembre de 2025.
El proceso de contratación del aeródromo fue convocado el 3 de julio de 2025, mientras que Katsumoto se registró como participante el 10 de julio y el Consorcio Argos presentó su oferta en agosto. Es decir, según la auditoría, estas actuaciones ocurrieron durante el periodo en que habría estado vigente el impedimento.
El informe vincula este impedimento con Humberto Toro Villalovos, quien figuraba como gerente general y representante legal de Katsumoto y que anteriormente había ejercido como director de Brontes Constructora S.A., empresa sancionada. La Contraloría considera que esta relación se encontraba comprendida dentro de los impedimentos establecidos por la normativa de contrataciones públicas.
La supervisión también terminó cuestionada
La historia no termina con la empresa encargada de ejecutar la obra. El proceso para contratar la supervisión, cuyo monto estimado ascendía a S/4,66 millones, también fue observado por el órgano de control.
Según la auditoría, el comité de selección otorgó inicialmente la buena pro al Consorcio Aeródromo Yuri, pese a que una de las empresas que acreditaba la mayor experiencia tenía una participación del 50%, mientras que las bases exigían un mínimo de 60%.
Además, se cuestionó la evaluación realizada a otra propuesta debido a la asignación de cero puntos en uno de los factores vinculados con certificaciones del personal clave, sin que, según el informe, existiera una motivación suficiente e integral. Los cuestionamientos derivaron en recursos de apelación y posteriormente el Tribunal de Contrataciones del Estado declaró la nulidad parcial del procedimiento y ordenó retrotraerlo hasta la etapa de evaluación.
Finalmente, el concurso fue declarado desierto el 12 de diciembre de 2025, después de que el comité determinara que no existían propuestas válidas.
¿Y qué responsabilidad podría existir?
La Contraloría no señala que exista una condena ni que los funcionarios hayan sido declarados culpables. Lo que establece el informe son presuntas responsabilidades que deberán ser determinadas por las instancias competentes.
La auditoría atribuye los hechos observados a decisiones adoptadas por integrantes del comité de selección y servidores del área usuaria del MTC.
Entre sus recomendaciones, el órgano de control planteó que el MTC adopte las medidas correspondientes para determinar responsabilidades administrativas.
Asimismo, comunicó los hechos relacionados con la contratación de una empresa presuntamente impedida y la documentación presuntamente falsa a las autoridades competentes.
En el caso de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, la Contraloría recomendó iniciar las acciones penales correspondientes respecto de los servidores comprendidos en la primera observación, con el propósito de que se determinen las responsabilidades que correspondan.
Una obra necesaria que ahora enfrenta nuevas preguntas
El proyecto de Yurimaguas fue presentado por el MTC como una intervención estratégica para mejorar la conectividad de Loreto. La cartera ha señalado que la rehabilitación permitirá recuperar la operatividad del aeródromo y facilitar el traslado de pasajeros, bienes y servicios en una región donde la conectividad representa un desafío permanente.
Mientras la Contraloría ha puesto bajo observación el proceso de contratación, el futuro de una obra considerada estratégica para la conectividad de Loreto queda ahora acompañado de nuevas interrogantes. El informe será materia de las acciones correspondientes para determinar las responsabilidades que pudieran existir.
Pero queda una pregunta pendiente: ¿qué tienen que decir las entidades y empresas involucradas frente a estos cuestionamientos?
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