Se ofenden cuando los vinculan con grupos terroristas y sus brazos políticos, y se quejan de que son víctimas de “terruqueo”, pero cuando al parecer nadie se da cuenta, no dudan en hacer contratar en sus despachos con sueldos pagados por todos los peruanos, a gente que figura como adherente al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), que no es otra cosa que el nuevo rostro de Sendero Luminoso, diseñado desde su celda de la Base Naval del Callao por Abimael Guzmán, el cabecilla de la banda.
Cuarto Poder ha destapado el domingo último que al menos diez nuevos trabajadores del Congreso que ocupan puestos de asesores, técnicos y auxiliares, estamparon sus firmas en el planillón de adherentes de este grupo de fachada senderista que basa su “ideología” en el llamado “pensamiento Gonzalo”, que es la “justificación” para desatar el baño de sangre contra el Perú iniciado en mayo de 1980. ¿Y de qué partido son los legisladores que los llevaron a trabajar con ellos? Sí, claro, obvio, de Juntos por el Perú (JPP).
Ellos laboran al lado de los senadores José Chipana y Hugo Ccahuana, y de los diputados César Tito, Sadith Pérez y Alejandro Manay, por lo que varios de estos empleados parlamentarios reciben sueldos mensuales por encima de los 10 mil soles pagados por todos los peruanos, incluso por las víctimas y deudos de quienes Sendero Luminoso dinamitó en mil pedazos cuando amenazaba por tomar el poder por las armas, para imponer una tiranía sangrienta al mando del genocida que fue presentado ante el mundo con un traje a rayas.
Recordemos que años atrás, el Poder Judicial mandó al tacho de la basura cualquier posibilidad de que el Movadef se infiltre como partido político para participar en elecciones, pues su “ideario” se basaba en el “pensamiento Gonzalo”, absolutamente incompatible con la democracia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Parece que al no poder hacerlo por su propia cuenta por ser unos apestados, los senderistas reciclados han recurrido a agrupaciones como Juntos por el Perú para estar donde no deben.
La democracia y la legalidad están siendo bobas. Gente que ha respaldado a criminales que soñaban con volar al país en mil pedazos junto con toda su gente inocente, ahora están en el Congreso, tanto como legisladores como trabajando y cobrando un sueldo de sus propias víctimas. Esto es una indignante aberración, pero claro, mientras no haya sentencia en su contra y la ley no lo impida, todos tenemos que verlos tranquilos y sonrientes con sus fotocheck de servidores públicos colgados en el pecho. Sólo en el Perú.
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