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por Oswaldo Palacios
Actualizado el 20 de Set, 2026 10:48 pmSegún un reportaje, postulantes del partido conservador registran condenas judiciales por delitos como homicidio calificado, violación sexual de menores, tráfico ilícito de drogas, peculado, colusión y malversación de fondos.
Una investigación periodística dio cuenta de que el partido Renovación Popular presenta un total de 110 candidatos con antecedentes judiciales por delitos graves en las elecciones regionales y municipales que se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre de 2026.
El programa Cuarto Poder señaló que, pese al discurso de sanción drástica contra la delincuencia y la corrupción promovido por su líder, Rafael López Aliaga, durante las últimas elecciones generales —"Cadena perpetua para sicarios, violadores de menores y corruptos. En mi gobierno, pagarán sus crímenes en condiciones muy duras, como debe ser", según un post publicado el 31 de marzo de 2026—, postulantes del partido registran condenas judiciales por delitos como homicidio calificado, violación sexual de menores, tráfico ilícito de drogas, peculado, colusión y malversación de fondos.
La lista abarca a ocho aspirantes a gobiernos regionales, 16 a alcaldías provinciales y 86 a alcaldías distritales en diversas regiones del país.
Homicidio calificado
El reportaje indica que entre los políticos sentenciados figura Enrique Torres Montilla, candidato a la alcaldía distrital de Rumisapa, en la región San Martín, quien había sido condenado a 18 años de prisión y al pago de una reparación civil de 15 000 soles por el asesinato del entonces burgomaestre Hernán Alegría Tuesta, ocurrido en noviembre de 2005.
"El sicario, que hasta el día de hoy sigue cumpliendo condena en un penal, confesó hasta cuánto le ha pagado el miserable Enrique Torres Montilla para que pueda asesinar a mi padre", contó un hijo de la víctima.
El dominical detalló que, según las investigaciones judiciales, Torres Montilla pagó 200 soles al sicario para ejecutar el crimen.
Violación sexual y tráfico ilícito de drogas
En la misma región se detectaron irregularidades en la lista para el distrito de Caspizapa. Allí postula como regidor Carlos Vigo Guarnis, quien consignó una sola letra —la "N"— en su declaración jurada, en lugar de informar sobre una condena firme por violación sexual de un menor de edad, dictada el 13 de julio de 2005.
Sin embargo, Vigo aseguró: "Yo no he tenido ninguna sentencia".
En esa misma nómina figura como aspirante a la alcaldía Saturdino Yanayaco Cagallazas, a quien el Primer Juzgado Penal de Piura le impuso seis años de prisión efectiva por tráfico ilícito de drogas. Además, cuenta con sentencias por peculado.
Por si fuera poco, en la región Ica, el partido Renovación Popular presenta en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, a Edwin Aburto Santiago como candidato a la alcaldía.
Aburto fue detenido en 2003 cuando intentaba ingresar pasta básica de cocaína oculta en nueve pescados al penal de Tambo de Mora. Fue sentenciado a siete años de prisión por tráfico ilícito de drogas en la modalidad agravada, pena que terminó de cumplir bajo el régimen de semilibertad.
"Nunca he tenido ninguna participación en lo que es tráfico ilícito de droga. Me sentenciaron porque hice un taxi", dijo Aburto Santiago. No obstante, la sentencia del Poder Judicial señala otra versión de los hechos.
En este proceso electoral, el postulante fue inscrito junto con su hijo, quien figura como candidato a teniente alcalde dentro de la misma lista municipal.
Tráfico de influencias, malversación de fondos...
Finalmente, en el distrito de Olmos, en la región Lambayeque, Renovación Popular lleva como candidato a Willy Serrato Puse, excongresista investigado en 2018 como presunto integrante de la red criminal 'Los temerarios del crimen'.
"A Willy Serrato se le acusó de haber entregado 80 000 soles al exjuez Abel Concha para supuestamente entorpecer las investigaciones en contra de un alcalde", sostuvo el reportaje.
Serrato acumula múltiples decisiones judiciales en su contra: una condena de tres años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por tráfico de influencias simuladas, otra de cuatro años de pena suspendida por malversación de fondos y una tercera condena por el delito de colusión simple. El dominical añadió que el postulante también tiene sentencias por calumnia y difamación, además de más de un centenar de investigaciones fiscales.
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