La inseguridad se está convirtiendo en la primera gran prueba del Gobierno de Keiko Fujimori. La ciudadanía no votó únicamente por un cambio de nombres en Palacio: votó por la expectativa de recuperar el orden, enfrentar al crimen y volver a caminar por las calles con menos miedo. Ese fue uno de los principales compromisos de campaña y, por tanto, también es una de las primeras cuentas que los ciudadanos están empezando a cobrar.

Mientras no se resuelva esto, la población mostrará su rechazo a la gestión de Fujimori. Esto ya se está viendo en algunas encuestas en la que la desaprobación a la presidenta es mayor que la aprobación. Se entiende que la crisis viene de atrás, pero urgen soluciones.

El problema es que la delincuencia no concede períodos de gracia. Mientras el gobierno espera que le deleguen facultades legislativas, revisa planes y evalúa su estrategia, el delito continúa. Las extorsiones, los robos, los homicidios y la violencia cotidiana no esperan a que termine la curva de aprendizaje de una nueva administración. El criminal no tiene luna de miel; el ciudadano tampoco.

Por eso, las señales que dé el Gobierno en estos primeros meses serán determinantes. No se trata de exigir resultados mágicos en pocas semanas, porque recuperar la seguridad requiere inteligencia, investigación, policías preparados, fiscales eficientes, cárceles bajo control y una estrategia sostenida. Pero sí corresponde exigir dirección, liderazgo y decisiones visibles.

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