Apenas tres días después de jurar como presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella ya enfrenta su primera gran prueba de fuego: el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte del país y dejó víctimas mortales, heridos y graves daños materiales en varias regiones del occidente. El sismo deja al menos 224 fallecidos, según las autoridades locales —184 de acuerdo con el balance del Ejecutivo central—.
Carlos Alberto Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres colombiana (UNGRD), señaló a France 24 que "necesitamos muy pronto la evaluación de daños y el análisis de necesidades. Va a ser un desafío muy grande para el nuevo Gobierno que entra".
En los primeros días, la prioridad de las autoridades será buscar vida bajo los escombros y socorrer a quienes perdieron sus viviendas. Para ello se activaron los grupos USAR —Urban Search and Rescue, o Búsqueda y Rescate Urbano—, que "son fundamentales en las primeras 72 horas para encontrar la mayor cantidad de personas con vida que puedan estar atrapadas bajo las estructuras colapsadas", explicó Carrillo.
Expertos consultados por la agencia France 24 resaltan que una normativa sismoresistente "robusta" y un sistema sincronizado de gestión del riesgo emergen como fortalezas en Colombia para mitigar la crisis. En ese sentido, Carrillo remarcó que "desde el año 2012, Colombia cuenta con un sistema nacional de gestión del riesgo que integra las capacidades de los distintos niveles de gobierno", lo que ha dotado al país de "capacidades robustas" para enfrentar una emergencia como la actual.
La existencia de una "Defensa Civil colombiana con larga tradición", de unidades militares especializadas y de la presencia arraigada de la Cruz Roja refuerza la capacidad de respuesta estatal ante los desastres naturales, según el análisis de los especialistas.
Una vez superada la fase más urgente, el país enfrentará la reconstrucción, una tarea en la que deberán alinearse la Administración central con los gobiernos regionales y locales. Al menos 1.500 viviendas resultaron afectadas, según el reporte del lunes del presidente.
No obstante, el trabajo de los organismos de emergencias y autoridades debería ser reforzado por "la solidaridad" entre ciudadanos, instó Carrillo, antes de describir "una sociedad hiperpolarizada" debido a "la reciente elección del ultraderechista Abelardo de la Espriella".
¿Cómo está siendo la respuesta gubernamental?
La declaratoria de emergencia nacional fue la primera medida que adoptó el Gobierno colombiano tras el sismo. Este mecanismo constitucional faculta al Ejecutivo a redistribuir recursos del Estado que estén inutilizados o en otras partidas presupuestarias, además de permitirle expedir decretos con fuerza de ley por un plazo de hasta 60 días.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien se trasladó a Quibdó, capital del Chocó —departamento donde se ubicó el epicentro—, anunció que "se implementarán subsidios temporales de arriendo para las familias cuyas viviendas resultaron afectadas". Según el último parte oficial, el balance de daños asciende a 1.136 viviendas destruidas, 8.357 averiadas y 48 edificios colapsados.
En plena emergencia, el mandatario decidió relevar al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres: Javier Pava dejará el cargo y será reemplazado por David Santiago Tamayo. Pava había permanecido al frente de la entidad durante las primeras horas de la crisis, luego de que se suspendiera la transición de poder con la administración saliente de Gustavo Petro.
Mientras tanto, en Pereira, otra de las ciudades del eje cafetero más golpeadas, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que se instalará un hospital de campaña y se movilizarán carrotanques, plantas eléctricas, insumos hospitalarios y combustible. También se espera la llegada de 65 rescatistas bomberos provenientes de Antioquia y de dos pelotones de atención de desastres del Ejército. De la Espriella también se dirigió a esa ciudad para reunirse con las autoridades locales y coordinar la respuesta, mientras que el vicepresidente, José Manuel Restrepo, se desplazará a Manizales.
¿Qué tan preparada estaba Colombia para un terremoto potente?
La normativa sísmica colombiana vigente tiene su origen en la Ley 400, aprobada por el Congreso a finales de la década de los 90, que estableció un marco legal para la construcción de edificaciones con actualizaciones periódicas sin necesidad de volver al legislativo. Bajo ese parámetro nació en 2010 la norma actual, la NSR-10, que fija criterios específicos para construir según el lugar y el uso de la propiedad. La legislación divide el territorio en una escala de tres niveles de amenaza sísmica, que define la complejidad de los requisitos para edificar. En el nivel de riesgo más alto figuran ciudades como Manizales, Armenia, Pereira, Cali, Bucaramanga y Pasto, mientras que Bogotá y Medellín se ubican en la categoría intermedia.
La ingeniera civil y PhD en Ciencias de la Tierra y Sismología, Gina Villalobos, precisó a France 24 que los recientes terremotos en Venezuela, México y Colombia no guardan relación entre sí. "Los sismos de Venezuela pertenecen a la interacción entre la placa Suramericana y la placa del Caribe, mientras que el sismo de Colombia es una interacción entre la placa de Nazca y la placa de Suramérica, entonces son mecanismos completamente diferentes que no están relacionados", detalló, antes de concluir: "Que ocurran en un espacio temporal más o menos cercano no puede reflejarse como una correlación entre ellos".
Pese a que la normativa local es considerada una de las más estrictas de la región, la especialista señaló que la tragedia dejó en evidencia la necesidad de mejorar las capacidades "en educación ciudadana y en mitigación de riesgos en áreas urbanas y rurales con peligro sísmico alto".
La Ley 400 de 1997 establece que "una edificación diseñada siguiendo los requisitos consagrados en las normas que regulan las construcciones sismorresistentes debe ser capaz de resistir, además de las fuerzas que le impone su uso, temblores de poca intensidad sin daño, temblores moderados sin daño estructural, pero posiblemente con algún daño en elementos no estructurales y un temblor fuerte con daños a elementos estructurales y no estructurales, pero sin colapso".
En paralelo, las denominadas "edificaciones indispensables" (Grupo IV), como hospitales, estaciones de bomberos o plantas eléctricas, deben cumplir requisitos adicionales de seguridad antisísmica, mientras que los colegios y centros de atención comunitaria (Grupo III) también están obligados a respetar exigencias superiores a las solicitadas para un proyecto inmobiliario residencial.
"La norma sismorresistente en Colombia es muy robusta y buena", afirmó Villalobos, quien aseguró que "si las empresas se acogen a esta norma, resultarían estructuras muy seguras".
No obstante, las edificaciones levantadas antes de la aprobación de la legislación vigente y las construcciones informales emergen como un riesgo. Según una estimación de 2023 del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, al menos el 52 % de los edificios del país fueron levantados previamente a la expedición del NSR-10. La misma entidad indica que tres de cada cinco viviendas constituyen una obra informal, es decir, construidas sin licencia.
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