Para una niña o adolescente que vive en una comunidad alejada de Condorcanqui, denunciar violencia sexual puede significar mucho más que contar lo ocurrido. Puede implicar salir de su comunidad, viajar por río, conseguir dinero para el transporte, la comida y el alojamiento, llegar a una institución y luego trasladarse a otra. En ese recorrido puede tener que volver a relatar los hechos ante diferentes autoridades. Y aun después de hacerlo, no siempre existen las condiciones necesarias para que reciba protección, atención médica o para que su caso avance con rapidez.
Esa es una de las realidades que encontró una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante una visita técnica realizada en Perú entre el 4 y el 11 de septiembre. La misión llegó por invitación del Poder Judicial para conocer qué está ocurriendo con las niñas y adolescentes awajún y wampis víctimas de violencia sexual en Condorcanqui y evaluar cómo responde el Estado en prevención, protección, atención, justicia y reparación.
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Violencia sexual en Condorcanqui: misión de la OEA revisa en territorio las barreras que enfrentan niñas awajún y wampis para acceder a justicia y protección
La llegada de la misión internacional ocurre menos de un mes después de un nuevo llamado de organizaciones indígenas y de la sociedad civil. (Foto: MESECVI-OEA CEVI)
Las expertas no se quedaron únicamente en Lima. Viajaron a Santa María de Nieva, Río Santiago y El Cenepa, donde se reunieron con autoridades del Estado y de las comunidades, lideresas indígenas, representantes de víctimas, operadores de justicia y personal de los sectores Mujer, Educación y Salud. También visitaron residencias estudiantiles, un establecimiento de salud y servicios encargados de atender, proteger e investigar los casos. Lo que encontraron llevó al Comité a una conclusión central. La violencia sexual que afecta a niñas y adolescentes indígenas no puede entenderse como una suma de casos aislados ni como un problema restringido a las escuelas.
Una violencia que atraviesa la escuela, la familia y la comunidad
“La situación de Condorcanqui no puede reducirse a los casos denunciados en el ámbito educativo”, señala el MESECVI. La información recogida durante la visita muestra, según el Comité, un continuo de violencias sexuales, físicas y psicológicas que atraviesa distintos espacios de la vida de niñas y adolescentes, tanto la escuela como la familia y la comunidad. Las denuncias documentadas durante más de una década muestran además que el problema no apareció recientemente.
El entorno en el que ocurre ayuda a entender por qué romper el silencio puede ser tan difícil. El Comité habla de pobreza, exclusión social, abandono del Estado y profundas relaciones desiguales de poder. También encontró condiciones que pueden normalizar o silenciar la violencia, como niñas que conviven con sus agresores, adolescentes alejadas de sus familias y víctimas que enfrentan estigma o presiones familiares y comunitarias para no denunciar. El documento relaciona estas condiciones con ciclos de violencia que pueden prolongarse entre generaciones y con situaciones como embarazos infantiles y uniones tempranas o forzadas.
Hablar, además, puede tener consecuencias. Durante su recorrido, la delegación recibió testimonios sobre amenazas y represalias contra víctimas, familiares, lideresas y personas que acompañan las denuncias. También conoció alegaciones sobre posibles omisiones, encubrimientos, conflictos de interés y otras irregularidades. El Comité no afirma que estas hayan sido comprobadas, sino que plantea expresamente que deben ser investigadas de forma pronta, independiente e imparcial. Su persistencia, advierte, desalienta nuevas denuncias y debilita la confianza tanto en la justicia ordinaria como en la comunitaria.
Cuando la distancia también se convierte en una barrera
En Condorcanqui, el acceso a la justicia también depende de algo tan básico como tener una embarcación, combustible y dinero para desplazarse. Las grandes distancias, la dependencia del transporte fluvial, su costo y las dificultades de conectividad reducen la presencia regular de las instituciones en las comunidades más alejadas. El Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Cultura y la Policía Nacional, según observó la misión, no cuentan con mecanismos regulares y suficientes de transporte fluvial para llegar hasta ellas.
Eso tiene consecuencias directas. Si una familia debe pagar el transporte, la alimentación y el alojamiento necesarios para denunciar o continuar un proceso, una dificultad geográfica termina convirtiéndose en una barrera para acceder a derechos. Para numerosas víctimas, explica el Comité, llegar hasta una evaluación médica, una entrevista especializada o una diligencia judicial supone largos desplazamientos. El problema no acaba cuando finalmente llegan, porque el sistema todavía presenta diferencias importantes entre las instituciones que deberían funcionar de manera coordinada.
El MESECVI reconoce los avances del Poder Judicial para implementar en Condorcanqui el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ). Sin embargo, encontró que el despliegue no es igual en todas las entidades. El Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen una implementación parcial y capacidades insuficientes en el territorio, lo que repercute en la posibilidad de denunciar, investigar, obtener pruebas, brindar protección y llevar los casos ante la justicia.
Las carencias se pueden observar en distintos puntos del proceso. Faltan o son insuficientes las cámaras Gesell, el personal forense y los espacios adecuados para recoger el testimonio de niñas, niños y adolescentes sin revictimizarlos. Además, existen dificultades para realizar notificaciones y para hacer cumplir medidas de protección, mientras que no hay hogares de refugio temporal en la zona. Por eso, una mujer o una niña que necesita ser protegida puede terminar siendo trasladada fuera de su territorio, lejos de su familia, su cultura y sus redes de apoyo. El informe advierte que “la protección estatal puede implicar para las propias víctimas una nueva forma de desarraigo”.
Hay otro problema que muestra hasta qué punto la ruta puede convertirse en una carga para quien denuncia. El Comité recibió información sobre procedimientos administrativos prescritos, archivados o cerrados por deficiencias en la tramitación y derivación de casos, dificultades para acceder a servicios forenses, falta de intérpretes mujeres y médicas forenses, insuficiencia de servicios de salud mental y restricciones presupuestarias y logísticas. Una víctima puede pasar por la autoridad comunitaria, la escuela, el centro de salud, la Policía, un Centro Emergencia Mujer, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y en varios de esos lugares puede tener que volver a explicar lo ocurrido. “El sistema debe organizarse alrededor de la víctima y no al contrario”, señala el informe.
No basta con traducir, también hay que comprender
Para una víctima awajún o wampis, la lengua puede ser otra frontera dentro del propio sistema. El Comité considera necesario que las instituciones cuenten permanentemente con intérpretes acreditadas y con formación especializada, preferentemente mujeres. Pero advierte que interpretar no consiste simplemente en trasladar palabras de un idioma a otro. La niña o adolescente debe entender qué ocurre durante el proceso, poder explicar su experiencia y participar en las decisiones que la afectan. En el caso de la población wampis, la situación es especialmente difícil porque, según la misión, prácticamente no existen intérpretes disponibles en la zona.
Las brechas continúan en dos espacios decisivos, la escuela y los servicios de salud. Las residencias estudiantiles permiten que niñas y adolescentes de comunidades alejadas continúen estudiando, pero también las mantienen lejos de sus familias y bajo relaciones de autoridad que requieren mayores cuidados y vigilancia. El MESECVI pide mecanismos seguros y confidenciales para denunciar y medidas que impidan el contacto, las presiones o represalias de personas denunciadas sin que sea la víctima quien tenga que abandonar sus estudios o alejarse de su comunidad.
En salud, la misión encontró brechas en el acceso a atención continua y culturalmente pertinente. El informe señala que una respuesta integral debe incluir anticoncepción de emergencia, profilaxis frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual, diagnóstico oportuno, continuidad de tratamientos y acompañamiento psicológico. También califica como una señal de alerta la información recibida sobre el VIH en el territorio, incluidos casos que afectan a niñas. A ello suma preocupación por reportes de suicidios de adolescentes y su posible relación con violencia, abuso, embarazo infantil, aislamiento, estigma o ruptura de vínculos familiares.
Minería ilegal, trata y nuevos riesgos para las niñas
La violencia, además, no ocurre aislada de lo que está pasando en el territorio. Durante la visita, las comunidades expresaron preocupación por el avance de la minería ilegal y otras economías ilícitas. La afectación de los ríos, señala el informe, amenaza medios tradicionales de subsistencia y la seguridad alimentaria y puede aumentar la dependencia económica. Para mujeres, niñas y adolescentes, estas transformaciones generan riesgos adicionales vinculados con la captación, la trata y la explotación sexual. Por ello, el Comité recomienda que la minería ilegal, la trata y la explotación sexual sean investigadas de manera coordinada y que el Estado adopte medidas de protección territorial y desarrollo sostenible.
Mientras esas brechas persisten, son muchas veces las propias mujeres y lideresas awajún y wampis quienes acompañan a las víctimas, ayudan a organizar sus traslados, facilitan la interpretación y siguen los expedientes. El MESECVI reconoce ese papel, pero advierte que el Estado no puede descargar en ellas funciones que le corresponden. Por eso propone reforzar el sistema con equipos multidisciplinarios capaces de desplazarse a las comunidades, transporte financiado, atención forense móvil, intérpretes permanentes y mecanismos de denuncia a distancia que sean seguros y confidenciales.
Las recomendaciones preliminares son amplias. El MESECVI plantea completar el despliegue territorial del SNEJ, fortalecer al Ministerio Público y la Policía, descentralizar servicios permanentes hacia El Cenepa y Río Santiago, garantizar atención médica y psicológica inmediata, revisar expedientes prescritos o archivados y construir una sola ruta que permita seguir cada caso desde la denuncia hasta la protección, investigación, sentencia y reparación. El Comité insiste además en que una respuesta real no termina cuando se castiga al agresor, porque las niñas y adolescentes necesitan reparación, recuperación, sanación y garantías de que lo ocurrido no vuelva a repetirse.
Los hallazgos fueron presentados el 15 de septiembre ante autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la sede del Poder Judicial, en Lima. Pero el trabajo todavía no termina. Lo presentado hasta ahora son conclusiones y recomendaciones preliminares y el MESECVI continuará analizando y corroborando la información recogida antes de elaborar su informe definitivo. El desafío que deja la visita, sin embargo, ya está planteado. Se trata de lograr que una niña awajún o wampis que sufre violencia no tenga que atravesar distancias, costos, silencios y múltiples instituciones para conseguir algo que debería estar garantizado desde el inicio, ser escuchada, protegida y acceder a justicia.
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