La violencia sexual contra niñas y adolescentes awajún y wampis en Condorcanqui, Amazonas, será evaluada directamente en territorio por una misión del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este lunes 7 de septiembre, la delegación se encuentra en la provincia para conocer la situación de las víctimas y contrastar las medidas anunciadas por el Estado peruano con las condiciones reales en las que funcionan los servicios de protección, salud y justicia.
La misión comenzó su agenda el 4 de septiembre con una reunión en Lima junto a representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y diversos ministerios. Luego se trasladó a Condorcanqui, donde recorrerá Santa María de Nieva, El Cenepa y Río Santiago. Allí se reunirá con autoridades, operadores de justicia, lideresas y organizaciones de mujeres indígenas, además de sostener audiencias privadas con familiares de víctimas y visitar instituciones que forman parte de la ruta de atención.
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Una carta abierta ha sido difundida el 12 de agosto y está dirigida a la Presidencia de la República, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, varios ministerios y autoridades regionales y locales. (Foto: CMP Flora Tristan)
La OEA evaluará si la respuesta estatal funciona en el territorio
El objetivo no es únicamente conocer cuántos juzgados se han creado o cuántas medidas se han dictado. El MESECVI revisará si el Perú está aplicando la denominada “debida diligencia reforzada”, que obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra mujeres y niñas mediante una respuesta rápida, efectiva y coordinada. También analizará las barreras geográficas, lingüísticas, culturales e institucionales que pueden impedir que una niña indígena denuncie, sea atendida y consiga justicia.
El Estado llega a esta evaluación internacional con algunas medidas implementadas. Desde enero funciona en Condorcanqui el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ), con diez órganos jurisdiccionales distribuidos entre Nieva, Río Santiago y El Cenepa. El Poder Judicial también reportó nueve embarcaciones para desplazamientos fluviales y señaló que, entre octubre de 2025 y julio de 2026, este sistema emitió 62 sentencias condenatorias. Por su parte, el Ministerio de la Mujer informó que sus servicios especializados atendieron 556 casos de violencia en Condorcanqui durante 2026, de los cuales el 62,6 % correspondió a niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, desde el propio MESECVI se ha advertido que la problemática supera las acciones recientes. Mónica Maureira Martínez, vicepresidenta del mecanismo, señaló durante la presentación de la misión que la situación de Condorcanqui está diagnosticada desde hace más de quince años. “Hay ahí una deuda que ya podríamos decir que es persistente y que es histórica hacia niñas y mujeres”, sostuvo. La delegación buscará identificar precisamente qué impide prevenir las agresiones, investigar los casos, sancionar a los responsables y garantizar protección a las víctimas.
Una advertencia previa: 30 días para adoptar medidas concretas
La llegada de la misión internacional ocurre menos de un mes después de un nuevo llamado de organizaciones indígenas y de la sociedad civil. El 12 de agosto se difundió una carta abierta dirigida a la Presidencia de la República, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y diferentes sectores del Ejecutivo. El documento reunió 359 firmas, entre ellas las de 66 organizaciones, y planteó que la violencia contra niñas y adolescentes awajún y wampis debía dejar de ser enfrentada mediante respuestas aisladas.
Entre sus principales pedidos estaba convocar una reunión pública de alto nivel en Condorcanqui dentro de los siguientes 30 días, con autoridades con capacidad de decisión y participación de las organizaciones indígenas. También reclamó que el presupuesto público de 2027 garantice recursos para sostener las acciones en el territorio. Treinta días después del 12 de agosto se cumplen el próximo 11 de septiembre, la misma fecha en que el MESECVI tiene previsto presentar en Lima las observaciones y recomendaciones preliminares obtenidas durante su misión.
La carta también planteó medidas en tres ámbitos considerados críticos. En salud, pidió atención intercultural frente a violencia sexual, salud mental, embarazo adolescente y VIH, además de brigadas fluviales capaces de llegar a comunidades alejadas. En educación, propuso revisar las condiciones de las residencias estudiantiles y fortalecer alternativas que permitan a los adolescentes permanecer más cerca de sus familias. El tercer eje busca reconocer y articular con el Estado el trabajo de las defensoras comunitarias, quienes muchas veces reciben las primeras denuncias y acompañan a las víctimas.
Cientos de casos detrás de una crisis que no empezó en 2026
Las nuevas medidas se producen frente a una problemática que acumula años de denuncias. En julio, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (COMUAWUY), informó que su organización había registrado más de 370 casos de violencia sexual entre enero y julio de 2026. A ello se suman antecedentes de años anteriores: a junio de 2024, la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas había reportado 528 investigaciones por agresiones sexuales y otros 256 procesos anteriores relacionados con agresiones contra menores atribuidas a docentes; de estos últimos, solo ocho tenían sentencia.
Las dificultades tampoco se limitan al sistema judicial. Las organizaciones y especialistas han advertido sobre comunidades dispersas, viajes de varias horas por río, problemas de internet y electricidad, falta de intérpretes y escasez de profesionales. En agosto, la exministra de Educación Patricia Correa resumió el problema señalando que las normas existentes todavía no se traducen necesariamente en protección efectiva: “El Estado no ha estado completamente ausente, pero su actuación ha sido fragmentada, tardía y discontínua. Lo que Condorcanqui requiere con urgencia es una política integral sostenida, territorial, intercultural y adecuadamente presupuestada”.
A este escenario se suma una nueva iniciativa en el Senado. Según informó La República, la senadora Ruth Luque anunció la presentación multipartidaria de una moción para crear una comisión especial que haga seguimiento a la situación de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de abuso sexual y afectadas por VIH en Amazonas, con especial atención en Condorcanqui. La propuesta todavía debe seguir el procedimiento parlamentario y, por tanto, la comisión no se encuentra instalada.
La evaluación internacional tendrá ahora la tarea de contrastar los avances institucionales con lo que sucede cuando una víctima intenta acceder realmente al sistema. El MESECVI recogerá información de las autoridades, pero también de las organizaciones indígenas y familiares de las niñas afectadas. Sus primeras conclusiones serán presentadas el 11 de septiembre y permitirán conocer qué avances reconoce la misión, qué barreras siguen pendientes y qué cambios considera necesarios para que la respuesta del Estado llegue efectivamente a las comunidades awajún y wampis de Condorcanqui.
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