La investigación alerta sobre los colectivos armados, vinculados al chavismo, que actúan como brazo represivo del Estado. El informe requiere medidas efectivas y colaboración con la Corte Penal Internacional.
Se documentan nuevos casos de tortura y condiciones inhumanas en prisiones. Foto: AFP.Mauricio Guevara CondoreMiércoles 16 de Septiembre del 2026 · 10:57h
La República en GoogleLa situación de los derechos humanos en Venezuela registra algunos cambios tras la captura de Nicolás Maduro, pero las estructuras estatales vinculadas con la represión permanecen prácticamente sin modificaciones, según el nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela.
Después del ataque militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y la detención del dictador, disminuyeron de manera considerable las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas. Además, cientos de personas encarceladas por motivos políticos fueron liberadas y se amplió el espacio para las protestas, las reuniones públicas y las actividades de organizaciones de la sociedad civil.
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Sin embargo, la Misión advierte que esos cambios no estuvieron acompañados por reformas capaces de modificar las instituciones responsables de los abusos. Las leyes empleadas para perseguir la disidencia continúan vigentes y los organismos de inteligencia y seguridad mantienen, en esencia, sus estructuras y prácticas anteriores.
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"La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles", afirmó Sofía Macher, presidenta de la Misión.
El informe también señala que al menos 19 funcionarios previamente identificados por su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos continúan en cargos relevantes o fueron trasladados a otras posiciones estratégicas.
Puedes verPersisten denuncias de tortura y malos tratos
La investigación de la ONU documentó nuevos casos de tortura contra personas detenidas por motivos políticos. En la prisión de máxima seguridad El Rodeo I, los investigadores recogieron testimonios sobre intubación forzada y confinamiento durante periodos prolongados en una estructura subterránea sellada conocida como la máquina del tiempo.
En Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, también se documentaron condiciones de reclusión degradantes, entre ellas el encierro en espacios similares a fosas bajo tierra, exposición al frío y privación de alimentos.
La Misión identificó 64 nuevos casos de tortura ocurridos después del 3 de enero. A ello se suman las condiciones precarias en las que permanecen cientos de detenidos, con dificultades para acceder a agua potable, alimentos, medicamentos y atención médica.
El organismo vinculó algunos fallecimientos bajo custodia con la falta de atención sanitaria adecuada y los malos tratos.
Entre los casos examinados está el de Víctor Quero Navas, quien murió mientras permanecía bajo custodia y en situación de desaparición forzada. Su madre, Carmen Teresa Navas, conoció el destino de su hijo más de un año después de su arresto y diez meses después de su fallecimiento; murió diez días después de recibir esa información.
Entre septiembre de 2025 y julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por razones políticas. El 94% de ellas se produjo antes de finalizar 2025.
Tras el 3 de enero, la Misión identificó una modalidad diferente: arrestos breves utilizados, según sus conclusiones, para intimidar a activistas opositores, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil.
Las excarcelaciones redujeron el número de presos políticos, aunque las organizaciones no gubernamentales sitúan entre 379 y 500 las personas que todavía permanecen detenidas. La falta de información oficial verificable impide establecer con exactitud cuántas personas han sido liberadas y cuál es la situación jurídica de quienes continúan encarcelados.
María Eloisa Quintero, integrante de la Misión, reclamó “medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas”. También pidió a Venezuela revertir su salida del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cooperar con ese tribunal y otros mecanismos internacionales de derechos humanos.
La ONU examina el papel de los colectivos
Uno de los apartados centrales de la investigación está dedicado a los llamados colectivos, grupos civiles armados vinculados históricamente con el chavismo.
La Misión concluyó que estas organizaciones no actúan como estructuras aisladas, sino que forman “un componente central del aparato represivo del Estado” y participan en mecanismos de control social y gobernanza local.
Los investigadores documentaron relaciones entre los colectivos y organismos estatales que incluyen respaldo político, financiación, suministro de recursos, coordinación operativa y protección institucional. Según el informe, existen evidencias de que el Gobierno proporcionó a estos grupos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos y equipos de comunicación.
La investigación también encontró casos de integrantes de los colectivos que pasaron a formar parte de organismos estatales, así como miembros activos o retirados de las fuerzas de seguridad que se incorporaron a esas organizaciones civiles armadas.
La Misión determinó además que, cuando estos grupos ejercen funciones de autoridad pública otorgadas por la legislación venezolana o actúan bajo instrucciones, dirección o control de instituciones estatales, sus actuaciones pueden atribuirse al Estado. Incluso en los casos en que esa atribución no resulte aplicable, el organismo sostiene que las autoridades tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos cometidos.
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