Sociedad16 Sep 2026 | 9:12 hLos Saqueadores de la UNU: detienen a funcionarios que habrían direccionado contrataciones en la Universidad Nacional de Ucayali

Los detenidos son investigados por integrar una presunta organización criminal que habría operado al interior de la universidad para direccionar y fraccionar contrataciones públicas en favor de determinados proveedores.

Detenidos por caso 'Los Saqueadores de la UNU' | Foto: Dircocor PNPFoto del autorRenzo AnselmoEscucharResumenCompartir

Cuatro personas fueron detenidas durante un megaoperativo por una investigación sobre presuntos actos de corrupción en la Universidad Nacional de Ucayali (UNU). La intervención fue ejecutada por la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, como parte del caso denominado 'Los Saqueadores de la UNU'.

Entre los capturados se encuentran el director general de Administración, Gustavo Adolfo Igreda Vadillo; el director de la Oficina de Infraestructura, Jhon Uldarico Meza Martel; el jefe de la Unidad de Abastecimiento, José Manuel Aquino Lara; y el arquitecto Andrés Marchand Ramos, investigado dentro del caso.

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En el operativo, autorizado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali, también se allanaron ocho inmuebles a fin de incautar documentación y otros elementos que pueden contribuir a esclarecer el caso.

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Presunta organización criminal

Según las diligencias fiscales y policiales, los investigados integrarían una presunta organización criminal que habría operado al interior de la universidad y que sería liderada por el rector de la institución, Edgardo Braul Gomero, quien se encuentra prófugo de la justicia, según la Dircocor.

'Los Saqueadores de la UNU' habrían concertado para direccionar y fraccionar contrataciones públicas en favor de proveedores específicos y usado indebidamente los recursos del Tesoro Público bajo la tutela del rector, en complicidad con funcionarios universitarios y personas particulares.

Operaciones bajo investigación

Entre los casos bajo investigación se encuentra un proyecto institucional valorizado inicialmente en S/4.107.799,95. La hipótesis fiscal apunta a que la ejecución de dicha obra se fragmentó indebidamente para evitar los controles legales y favorecer a determinados contratistas.

Asimismo, las autoridades indagan el presunto uso irregular de fondos públicos mediante la entrega de viáticos para supuestas comisiones de servicio al extranjero. Esos viajes asignados al rector y personal de la universidad no se habrían realizado, pese a que los presupuestos fueron cobrados.

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