Lo que parecía destinado a ser un trámite relativamente rápido terminó convertido en otro episodio de enfrentamiento político. La delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo se ha entrampado en el Congreso y, por ahora, nadie sabe cuánto más tendrá que esperar el país para conocer una decisión definitiva.

Discrepar es legítimo. Incluso es indispensable en democracia. El Congreso no está para levantar la mano automáticamente ante cada pedido del Gobierno. Tiene la obligación de revisar, debatir, modificar o rechazar aquello que considere inconveniente. Pero existe una diferencia que no debería perderse de vista: analizar no es dilatar y fiscalizar no es bloquear.

Si las bancadas de oposición consideran que determinadas facultades son innecesarias, excesivas o técnicamente deficientes, corresponde que expliquen sus razones y planteen alternativas. Lo que no sería saludable es convertir el procedimiento parlamentario en una carrera de obstáculos cuyo único resultado sea ganar tiempo. La política pierde sentido cuando el cálculo partidario termina siendo más importante que la solución de los problemas ciudadanos.

El premier Luis Galarreta ha respondido con una frase que resume el desafío del Ejecutivo: “Si no quiere la Cámara de Diputados, igual lo haremos, así nos tome dos años o un año más de lo que deberíamos hacer más rápido, pero lo vamos a hacer”. La declaración expresa determinación, pero también plantea una obligación: si el Gobierno promete hacerlo, tendrá que demostrar cómo, con qué recursos, en qué plazos y con qué resultados.

Leer artículo completo en diariocorreo.pe →