La relación entre el Poder Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo fue uno de los puntos centrales del discurso de Keiko Fujimori durante la ceremonia por los 30 años de funcionamiento de la institución.

La mandataria descartó que el organismo deba ser considerado un adversario y planteó que sus observaciones pueden servir para mejorar la gestión estatal.

Fujimori afirmó que el Gobierno está dispuesto a tomar en cuenta los señalamientos de la Defensoría y defendió una coordinación basada en el respeto y la transparencia.

“Desde la Presidencia de la República, reafirmo nuestra disposición de atender con seriedad las recomendaciones de la Defensoría”, declaró durante el acto.

También sostuvo que el Gobierno no debe considerar a la Defensoría “como una institución incómoda ni como un adversario”, sino “como una aliada para identificar deficiencias, corregir procedimientos y mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos”.

Durante la ceremonia, Fujimori recordó que la Defensoría del Pueblo fue reconocida como organismo constitucional autónomo en la Constitución de 1993 y comenzó sus funciones en 1996. Según señaló, su creación permitió establecer una entidad dedicada a la defensa de los derechos fundamentales y a la supervisión de los deberes de la administración pública.

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