La delegación de facultades legislativas dejó de ser un asunto de pasillos del Congreso para convertirse en un tema nacional. La presidenta Keiko Fujimori y sus ministros insisten en que el pedido del Ejecutivo debe ser atendido con celeridad para enfrentar los grandes problemas del país. Al otro lado, cuatro comisiones de la Cámara de Diputados ya le han cerrado la puerta. Entre ambos poderes hay algo más que una discrepancia jurídica: hay una pulseada política cuyo costo podría terminar pagándolo el ciudadano.

El Gobierno reclama velocidad. La oposición responde que no puede legislar a la carrera. Y mientras unos piden acelerar y otros exigen revisar, el Perú permanece sentado en la sala de espera. Allí están los criminales que no dan tregua, el incremento de la temperatura que anuncia lluvias y destrucción y los ciudadanos que llevan años escuchando que una obra “ya viene”.

El Ejecutivo tiene un desafío monumental: demostrar que las herramientas solicitadas realmente permitirán resolver esos problemas y que serán utilizadas con eficiencia y transparencia.

Porque el Gobierno tampoco puede pretender que el Congreso sea una ventanilla de trámite rápido. Delegar facultades implica transferir temporalmente una parte de la capacidad legislativa y, por tanto, exige controles, límites y objetivos claros. La oposición tiene razón cuando sostiene que no puede actuar a la ligera. El problema aparece cuando la prudencia legislativa se transforma en inmovilismo político o cuando el rechazo se convierte en una forma de marcar territorio frente al Ejecutivo.

El Perú necesita, precisamente ahora, menos cálculo político y más sentido de Estado. Si las facultades son necesarias, que se otorguen con límites precisos y fiscalización rigurosa. Si algunas propuestas son deficientes, que se corrijan. Si otras son inconvenientes, que se rechacen. Pero que ninguna decisión se tome pensando primero en quién gana la pelea política.

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