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Foto: Andina - Video: Canal NLa iniciativa de Norma Yarrow modifica el Código de Ejecución Penal para evitar la reducción de condenas con beneficios.
AVPorAlvaro Vega Lavado »La diputada de Renovación Popular, Norma Yarrow, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para suprimir los beneficios penitenciarios de redención de pena a los condenados por delitos graves.
La propuesta técnica plantea que los sentenciados por feminicidio, secuestro y robo agravado en modalidades severas cumplan de manera íntegra sus condenas de prisión.
Captura: Canal NLa iniciativa legislativa busca incorporar el numeral 51.5 al artículo 51 del Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal.
El documento sustenta la necesidad de cerrar los mecanismos de reducción de carcelería para corregir la percepción de impunidad y garantizar la tutela judicial efectiva de las víctimas de la criminalidad.
Norma Yarrow plantea suprimir beneficios penitenciarios en crímenes graves
El proyecto presentado por la legisladora Yarrow establece la improcedencia absoluta de la conmutación de pena por trabajo o educación en delitos de alta lesividad.
La restricción alcanzará a los reclusos que cuenten con sentencias firmes por feminicidio tipificado en el artículo 108-B y secuestro agravado del artículo 152 del Código Penal.
Asimismo, la prohibición se extenderá a los condenados por robo agravado en sus modalidades más violentas bajo el artículo 189.
La propuesta precisa que las tablas especiales de redención de 1x5 o 1x7 días quedarán sin efecto legal para estos casos penales específicos.
El Tribunal Constitucional ratifica que los beneficios no son derechos fundamentales
El sustento jurídico del proyecto de ley recuerda que los beneficios carcelarios constituyen mecanismos de política criminal y no derechos fundamentales protegidos constitucionalmente.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional otorga al Parlamento la facultad exclusiva de regular o suprimir estos incentivos según la gravedad del contexto social.
La propuesta legislativa precisa que la medida no anula las actividades laborales o educativas intramuros que promueven la resocialización dentro de los penales.
Sin embargo, restringe de manera taxativa que dichas tareas sean computadas para adelantar la excarcelación de delincuentes de alta peligrosidad.
La iniciativa legislativa cita estadísticas del INEI sobre aumento de violencia
La exposición de motivos de la propuesta incluye informes estadísticos del INEI que dan cuenta de un incremento constante en los índices de victimización con uso de armas de fuego.
El documento advierte que las denuncias por extorsión registraron un alza del 2 % en el último trimestre de 2025 en el territorio nacional.
La iniciativa no generará gasto presupuestal adicional para el erario público y será de aplicación inmediata para el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Poder Judicial.
La comisión dictaminadora del Congreso evaluará el texto antes de someterlo a debate y votación en el Pleno.
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