Presentan proyecto para eliminar el financiamiento público a partidos

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Iniciativa de Norma Yarrow plantea derogar la entrega de fondos públicos y la franja electoral a partidos

Iniciativa de Norma Yarrow plantea derogar la entrega de fondos públicos y la franja electoral a partidos. Foto: Congreso. Video: Canal NRSPorRodrigo Saldarriaga Valverde »

La congresista Norma Yarrow, de la bancada de Renovación Popular, ingresó un proyecto de ley con el objetivo de eliminar de forma definitiva el financiamiento público directo e indirecto que otorga el Estado a las diferentes organizaciones políticas en el país. La propuesta legislativa plantea una modificación integral a la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, a fin de derogar el reparto de fondos provenientes del Tesoro Público entre los partidos que cuentan con representación parlamentaria y suspender el financiamiento estatal de la franja electoral administrada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El documento sustenta que el dinero ahorrado mediante esta reforma debe reorientarse prioritariamente hacia la atención de servicios esenciales para la ciudadanía, como la salud, la educación, la seguridad ciudadana y el desarrollo de infraestructura social. Yarrow argumentó en la exposición de motivos que el esquema actual de financiamiento perdió legitimidad ante la opinión pública tras revelarse severos cuestionamientos, presuntos conflictos de interés y millonarias contrataciones de espacios publicitarios con fondos del Estado durante las campañas electorales. La legisladora señaló que resulta injustificable mantener subvenciones presupuestarias a agrupaciones políticas en un escenario marcado por profundas carencias presupuestales y demandas sociales insatisfechas en diversos sectores vulnerables del país.

Ajustes al régimen de sanciones y plazos de implementación

La propuesta plantea una reestructuración puntual del artículo 36-D de la norma electoral para adecuar el marco de infracciones y sanciones. Si bien la norma suprime la franja electoral pagada con dinero estatal, mantiene las sanciones clasificadas como graves para las personas jurídicas o empresas privadas que realicen aportes económicos no autorizados a las campañas electorales. De igual manera, se ratifican los castigos severos para aquellas instituciones públicas o entidades privadas que se nieguen a transparentar la información contable requerida por la ONPE durante sus labores oficiales de fiscalización.

En caso de recibir el respaldo del Pleno del Congreso, la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, quedando exceptuada de los plazos habituales de la Ley Orgánica de Elecciones. A partir de ese momento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los demás organismos del sistema electoral dispondrán de un plazo máximo de 60 días calendario para adecuar los reglamentos correspondientes. Con esta medida, las agrupaciones políticas deberán sostener sus actividades y campañas de manera exclusiva mediante financiamiento privado, sujeto a rigurosos controles y mecanismos de fiscalización.